Se hace necesario adoptar las acciones pertinentes, de forma ágil, para facilitar la implementación de la ley, sin afectar el flujo de caja de las empresas del país y, de esta forma, garantizar la correcta adecuación de la actividad empresarial a las disposiciones del nuevo texto legal, el cumplimiento de los principios del sistema tributario y brindar seguridad jurídica.

La norma aplica para quienes vinculen Veteranos de la Fuerza Pública con edad entre 18 y 40 años

Se beneficiarán más de 3.700 Veteranos, según identificación en el registro del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, SISE.

Con el fin de promover la empleabilidad, las empresas que contraten Veteranos de la Fuerza Pública no harán aportes a las Cajas de Compensación Familiar por un período de dos años.

Así lo expone la Resolución 1881 que establece las medidas para el no aporte a Cajas de Compensación Familiar por parte de las empresas que contraten Veteranos de la Fuerza Pública, previo cumplimiento de requisitos.

En aquellos casos en las cuales el trabajador no pueda prestar sus servicios en los términos pactados con el empleador, y esto no sea por causa o voluntad propia, no estaría obligado a compensar el tiempo dejado de trabajar posteriormente.

Cuando un trabajador sufre un accidente o enfermedad de origen común o laboral, y se le reconoce una incapacidad médica, se encuentra imposibilitado para prestar sus servicios en favor del empleador, por acusas ajenas a su voluntad, y durante el periodo que dure dicha incapacidad, el trabajador recibe un auxilio económico, es decir que, por parte del empleador no se cancelan el salario que normalmente cancela por los servicios prestados por el trabajador, razones por las cuales, no existiría razón para que se obligue al trabajador a reponer el periodo de la incapacidad.

Adicional a esto, se pone de presente que no existe norma legal, que establezca como una causa de la prórroga de un contrato laboral, la incapacidad médica, como tampoco la obligación de compensar dicho periodo de tiempo, a través de ésta.

Me refiero a su comunicación radicada con el número de la referencia, mediante la cual formula una consulta en los siguientes términos:

1. “¿Puede una S.A.S. o S.A. estando pluridemandada por contratistas y/o acreedores y trabajadores cambiar su razón social para evadir el pago de sentencias judiciales por cuenta de la relación laboral y/o comercial que se suscribió con la sociedad inicial?

2. ¿Puede un accionista ceder todas sus acciones y/o enajenarlas estando vigente medidas cautelares dictadas dentro de un proceso ordinario para garantizar el pago de acreencias laborales?”

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta sobre cuándo queda en firme una declaración (según los antecedentes, de IVA tercer cuatrimestre año 2016, presentada oportunamente) que fue corregida con ocasión de la respuesta al emplazamiento para corregir, dentro del mes siguiente a su notificación, el cual fue notificado dentro los dos años siguientes a su presentación, y que posteriormente es objeto de una inspección tributaria en donde se profiere auto de archivo.

También pregunta sobre la validez jurídica de la declaración de corrección, presentada con posterioridad al término previsto en el inciso 1 del artículo 588 del Estatuto Tributario, antes de la modificación introducida por el artículo 107 de la Ley 2010 de 2019, y por fuera del término previsto para dar respuesta al emplazamiento para corregir.

Este Despacho recibió de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera el radicado de la referencia.

1. ¿Se encuentra vigente el Concepto 100208221-01465 del 7 de noviembre de 2015 - radicado 000S2015032347 del 10 de octubre de 2015?

El Concepto 100208221-01465 del 7 de noviembre de 2015, se desarrolló con base en el Decreto 2685 de 1999, norma que a la fecha se encuentra derogada. Si bien algunas disposiciones normativas mantienen conceptualmente el mismo sentido con las actuales disposiciones, en esta temática no son exactamente iguales a las previstas en el Decreto 1165 de 2019. Razón por la cual, no es posible afirmar que el concepto se encuentra vigente.

2. En caso de que no esté vigente el referido concepto, agradezco informar ¿cuál es el proceso que se debe seguir en aquellos eventos en que una factura comercial que no corresponda a la operación de importación, se relaciona por error en la declaración de importación?

Las monedas virtuales no son dinero para efectos legales.

No obstante, en el contexto de la actividad de minería, en tanto se perciben a cambio de servicios y/o comisiones, corresponden a ingresos y, en todo caso, a bienes susceptibles de ser valorados y generar una renta para quien las obtiene como de formar parte de su patrimonio y surtir efectos en materia tributaria.

Desde el punto de vista patrimonial en tanto esas monedas corresponden a bienes inmateriales, susceptibles de ser valorados, forman parte del patrimonio y pueden conducir a la obtención de una renta (presuntiva).

Si el contribuyente no tiene ninguna actualización que hacer en el RUT, el solicitante no debe exigir su renovación.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recuerda a los contribuyentes y a la ciudadanía en general que el Registro Único Tributario (RUT) no tiene vigencia y en consecuencia, si el contribuyente no tiene ninguna actualización que hacer a este documento, no se debe exigir su renovación.

Se hace necesario realizar algunas precisiones al artículo 651-1 de la Resolución 46 de 2019, con el fin de aclarar y facilitar el trámite correspondiente a la emisión del concepto favorable o desfavorable para la asignación del contingente para lasexportaciones de desperdicios y desechos de chatarra de fundición de hierro o acero y; lingotes de chatarra de hierro o acero, en virtud de la actual estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

Quienes se encuentren obligados a inscribirse en el Registro Único Tributario -RUT y en las Cámaras de Comercio, deberán suministrar la información del Registro Único Tributario - RUT en el formulario Registro Único Empresarial y Social -RUES administrado por las Cámaras de Comercio.

Incluyendo toda la información que sea requerida para la inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, así esta no sea necesaria para la inscripción en las Cámaras de Comercio, aportando los documentos exigidos para su formalización establecidos en el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Esta información será compartida a la DIAN mediante el servicio de interoperabilidad descrito en esta resolución.

Deberán suministrar información, los siguientes obligados:

- Las personas naturales y sus asimiladas que durante el año gravable 2021 o en el año gravable 2022 hayan obtenido ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos ($500.000.000) y que la suma de los Ingresos brutos obtenidos por rentas capital y/o rentas no laborales durante el año gravable 2022 superen los cien millones de pesos ($100.000.000).

- Los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación - SIMPLE que durante el año gravable 2021 o en el año gravable 2022, hayan obtenido ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos ($500.000.000), sin considerar el tipo de ingreso.

- Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable 2021 o en el año gravable 2022 hayan obtenido ingresos brutos superiores a cien millones de pesos ($100.000.000).

El día de hoy en horas de la mañana, tuvimos una reunión con el doctor Andrés Pardo, Director de Grandes Contribuyentes de la DIAN y su equipo, en la que manifestamos nuestra preocupación por las invitaciones que la entidad ha venido haciendo a los grandes contribuyentes a corregir su información exógena del año gravable 2020 porque supuestamente se incurrió en un "error" al reportar los pagos al exterior utilizando el código genérico 444.

Con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se renovó el Acuerdo de Autorregulación y Compromiso del Comercio Colombiano.

FENALCO estableció que durante los días sin IVA, el 44% de los establecimientos abrirá desde las 7:00 a.m. y el 69% cerrará más tarde como estrategia para atender a una mayor cantidad de clientes.

El comercio organizado que decida participar en las jornadas de “Día sin IVA” se comprometen a:

- No publicar la exención del IVA como un descuento otorgado por el vendedor y dar claridad a los consumidores sobre que el mismo es un beneficio otorgado por el Gobierno Nacional.

- Manejar las activaciones promocionales de manera independiente sobre la exención del impuesto. De llegar a existir descuentos en artículos sobre los cuales aplica el beneficio, la exención aplicará sobre el valor final efectuado el descuento.

Para la recepción de las Comunicaciones Oficiales de entrada para el Nivel Central (Usuarios Externos y Direcciones Seccionales de la DIAN a Nivel Nacional), se habilitaron, los siguientes buzones los cuales podrán ser consultados en el siguiente link, por lo que se han dispuesto buzones virtuales para radicar documentos ante la DIAN en cada ciudad, así:

DE LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS O DIGITALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

Artículo 2.2.4.4.13.1. Ámbito de aplicación.
La presente Sección es aplicable a los operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos ofrecidos en Colombia, conforme se definen en el artículo 3º de la Ley 2068 de 2020 y en el artículo 2.2.4.4.13.2 de este Decreto.

Plataforma electrónica o digital de servicios turísticos (en adelante “Plataforma”):

Plataforma que permite a los turistas buscar y encontrar un servicio turístico en su destino de viaje en el territorio nacional de la República de Colombia, contactarse con el prestador, reservar y/o pagar por el servicio. Intermedian entre el turista y el prestador de servicios y cobran una comisión, remuneración o tarifa de uso al prestador o al turista, o ambos.

DECRETA

Artículo 1. Gravamen arancelario. Establecer un gravamen arancelario del cinco por ciento (5%) a las importaciones de los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 7213.10.00.00 y 7214.20.00.00.

Mediante los radicados de la referencia, se formulan una serie de preguntas que se plantearán en los siguientes términos: 1. ¿Para el caso de las personas naturales, se incluyen bajo el concepto de rentas no laborales las rentas percibidas por honorarios donde se contraten o vinculen por un término inferior a noventa días continuos o discontinuos menos de dos trabajadores o contratistas asociados a la actividad?

Una persona natural que percibe ingresos por honorarios para los cuales ha contratado o vinculado dos o más trabajadores, y que a su vez va a solicitar costos y deducciones procedentes como trabajador independiente, ¿puede depurar estos ingresos en el Formulario 210, en la sección de "Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T." o debe realizarlo en la sección "Rentas no laborales"?

¿Que se entiende por servicios personales? ¿Tal definición se encuentra ligada a las referidas condiciones de tiempo y número de trabajadores o contratistas?

Mediante la consulta en referencia, el peticionario pregunta: “Para efectos de la importación, la factura comercial es documento soporte de la declaración de importación, la cual es expedida por proveedores que se encuentran en países donde está reglamentada la facturación electrónica, y algunos proveedores no suministran el documento en físico original por ser facturas electrónicas, por lo que se indaga si a efectos aduaneros colombianos

¿Es válido aceptar la factura electrónica aportada por el proveedor en el extranjero o si por el contrario aun debe ser suministrada en físico original previo a la transmisión y aceptación de las declaraciones de importación?

Mediante los radicados de la referencia, los peticionarios formulan unos interrogantes sobre la aplicación del artículo 90-3 del Estatuto Tributario y su reglamentación, los cuales circundan en torno a la siguiente hipótesis:

i) Una entidad extranjera D participa en un 100% en otra entidad extranjera B.

ii) La entidad extranjera B compra a otra entidad extranjera A la totalidad de su participación (20%) en una entidad extranjera C, que cotiza en una reconocida bolsa de valores y tiene una sucursal en Colombia.

iii) Posteriormente, la entidad extranjera D vende a otra entidad extranjera E la totalidad de su participación en la entidad extranjera B. Para ese momento, la sociedad extranjera C ya no cotiza en una reconocida bolsa de valores, aunque sigue teniendo una sucursal en Colombia.

iv) Los activos subyacentes, para efectos del artículo 90-3 del Estatuto Tributario, consisten en los derechos y/o activos que conforman la sucursal en Colombia de la entidad extranjera C.

CONOZCA las Demandas radicadas (3) a la fecha y toda la informacion de la LEY 2155 de 2021- Reforma Tributaria.

1.- Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2155 de 2021.

2.- Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la Ley 2155 de 2021.

3.- Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 a 6 de la Ley 2155 de 2021.

RESUELVE

Artículo 1. Modificar el último inciso y Adicionar el parágrafo 3 al artículo 4 de la Resolución 000080 del 29 de noviembre de 2019. Modifíquese el último inciso y adiciónese el parágrafo 3 al artículo 4 de la Resolución 000080 de 2019, los cuales quedarán así:

“Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario y de la función de fiscalización de los procedimientos de debida diligencia establecidos por la DIAN, de acuerdo con las disposiciones procedimentales previstas en el Estatuto Tributario”.

Convocatoria pública.

Convocar públicamente a los aspirantes, para conformar la lista de auxiliares de la justicia creada y administrada por la Superintendencia de Sociedades para los cargos de promotor, liquidador y agente interventor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.11.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

Destinatarios del proceso.

Los destinatarios de la presente convocatoria serán todas las personas naturales y jurídicas que aspiren a formar parte, como promotores, liquidadores, y/o agentes interventores de la lista de auxiliares de la justicia creada y administrada por la Superintendencia de Sociedades.

Que en la convocatoria se estableció el término de inscripción entre el día viernes 1 de octubre de 2021 al día viernes 22 de octubre de 2021 y la publicación de los resultados respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos para el día viernes 26 de noviembre de 2021, pero que considerando temas logísticos y tecnológicos, se hace necesario modificar las fechas inicialmente previstas.

La Superintendencia de Sociedades abre convocatoria pública para la inscripción en los cargos de promotores, liquidadores y agentes interventores en la lista de auxiliares de la justicia creada y administrada por esta entidad. El término de inscripción a la convocatoria iniciará a la 08:00 am el día martes 5 de octubre de 2021 y expirará el día lunes 25 de octubre de 2021 a las 4:59 pm.

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita se indique si una empresa de economía naranja que optó por la exención de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario que efectúa inversiones en proyectos enmarcados como de ciencia, tecnología e innovación puede presentar estos proyectos a las convocatorias de beneficios tributarios para la obtención del crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación contenido en el articulo 256-1 del Estatuto Tributario.

No resulta procedente que una empresa que actualmente goza del beneficio tributario establecido en el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario pueda acceder al crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación establecido en el artículo 256-1 del Estatuto Tributario

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria realiza preguntas relacionadas con la factura electrónica de venta, contenida en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución DIAN No. 000042 de 2020 y su impacto puntual en las operaciones efectuadas por las agencias de seguros, específicamente aquellas que se desprenden de sus facultades particulares, según lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 663 de 1993.

De igual manera, consulta respecto de la obligación de facturar electrónicamente por parte del intermediario de seguros por las operaciones realizadas en desarrollo de su actividad económica, frente a la entidad aseguradora y al tomador del seguro.

Si dentro del contrato de agencia de seguros, por voluntad de las partes opera un mandato, la factura electrónica de venta deberá ser expedida en todos los casos por el mandatario (agencia de seguros).

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario expone como supuesto de hecho la posible celebración de un convenio interadministrativo entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y una entidad sin ánimo de lucro -ESAL con el fin de realizar la atención y prevención de emergencias ambientales y la atención de desastres que se puedan presentar dentro de la jurisdicción CAR, cuestionando si en desarrollo de estos convenios se causaría el impuesto sobre las ventas -IVA.

Adicionalmente, consulta si la CAR dentro del presupuesto de los mencionados convenios a suscribir, debe tener en cuenta la discriminación del IVA para el reconocimiento económico de las personas que realizan las labores de atención y prevención de las emergencias.

En el marco de un contrato y/o convenio interadministrativo se presten servicios gravados con el impuesto sobre las ventas- IVA, la entidad prestadora será responsable del impuesto, debiéndose cumplir con las obligaciones sustanciales y formales derivadas de su causación.

Cuando las instrucciones, horarios y herramientas limitan la autonomía y autodeterminación del tiempo del trabajador, se debe entender que se está ante una verdadera relación de trabajo subordinado.

Con este argumento, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a los jueces de primera y segunda instancia, pues señaló que entre una empresa de apuestas y una vendedora de chance existió un vínculo de subordinación y, por ende, un verdadero contrato de trabajo.

Se puede pedir cuota de alimentos siempre que se cumplan los tres elementos de dicha obligación: la necesidad de quien requiere los alimentos, la capacidad del obligado a proveerlos y el vínculo jurídico que crea la obligación.

Sobre los descendientes, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que por regla general se deben alimentos a los hijos hasta que cumplen la mayoría de edad o cumplan 25 años si están estudiando.

Torrado explicó que “es errónea la creencia de que se deben alimentos solamente a los hijos menores, puesto que, aun siendo mayores, tienen derecho a alimentos mientras se encuentren inhabilitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez”.

La emisión y colocación de acciones constituye un mecanismo de capitalización de la sociedad, encaminado a la consecución de recursos para la realización del objeto social de la compañía, sin que la emisión de acciones pueda constituirse en sí misma en la actividad económica de la sociedad, como al parecer podría inferirse de algunos de los interrogantes planteados en el punto A de su escrito, lo cual no resulta jurídicamente viable.

La sociedad por acciones simplificada no puede inscribir sus acciones y demás valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores (artículo 4º Ley 1258 de 2008), la misma no puede realizar oferta pública de acciones ni de otros valores, pues para tal efecto se requiere precisamente haber inscrito los títulos respectivos en el mencionado Registro.

De esta suerte, los valores que emita una sociedad por acciones simplificada solo podrán colocarse mediante oferta privada…

¿Porqué los profesionales de contaduría pública en Colombia deben estar en constante actualización profesional?

El artículo 37.7 de la ley 43 de 1990 indica:

“37.7 Competencia y actualización profesional.
El Contador Público sólo deberá contratar trabajos para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoria.

Igualmente, el Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquéllos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico.”

La inobservancia del principio mencionado anteriormente, podría generar el incumplimiento de las obligaciones profesionales, lo que puede conllevar a que este profesional pueda ser objeto de sanciones como: amonestaciones, multas, suspensión o cancelación de la tarjeta profesional, en los términos de los artículos 23 a 26 de la Ley 43 de 1990.