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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-01-26
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Superintendencia de Sociedades.
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    Si las acciones fueron emitidas a favor de sus trabajadores y entregadas a éstos, durante la vida activa de la compañía, la obligación se extingue y aquellos pasan de ser acreedores a accionistas de la misma; si por el contrario, el ente jurídico se encuentra en liquidación, ya no se podría emitir acciones a favor de tales acreedores, por sustracción de materia, máxime si se tiene en cuenta que el pasivo interno solo se pagaría con el remanente de activos que quedare una vez pagado el pasivo externo.
Consulta:
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2014-01-491440, mediante la cual formula la misma consulta que fuera presentada con la radicación 2014-01-425969, que plantea la siguiente inquietud:
  • “En una S.A.S, se pactó que habría acciones de pago, como parte del salario, por parte del empleador hacia sus trabajadores. Luego de esto, la sociedad entra en un proceso de liquidación, donde los acreedores comparecen. ¿El salario de los trabajadores, que estaba bajo la categoría de acciones de pago, debe entrar como parte del patrimonio de la empresa para responder a los respectivos acreedores?
Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que en las sociedades por acciones simplificada SAS, creada por la Ley 1258 de 2008, una de las características que la distinguen de otros tipos societarios, es la flexibilidad normativa que le permite a las personas que son o van a ser accionistas una amplia concentración de la voluntad privada y por eso les permite a los asociados establecer de manera clara y precisa las reglas, estructura y la organización que rigen la persona jurídica en un momento determinado.
  ( 2015-01-26) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
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    Es preciso observar que las reglas en materia de administración, tratándose de las sociedad anónima, están definidas en el artículo 373 del Código de Comercio, que al respeto, dispone “la sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de las letras “S A.”
Consulta:
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2014-01-503828, mediante la cual formula los siguientes interrogantes:
  • a) ¿Legalmente que se entiende por administración en la Sociedad anónima?

  • b) ¿La asamblea General de Accionistas de la Sociedad Anónima legalmente puede ejercer funciones de administración permanente sobre ella? Afirmativa la respuesta en qué eventos.

  • c) ¿Cuáles son los aspectos generales de un contrato preposición?

  • d) Las actas y los fallos de un tribunal de arbitramiento que involucran una sociedad de economía mixta, donde participa una sociedad de economía mixta donde una entidad pública posee másdel 90% de su capital suscrito y pagado. Pregunto ¿El público en general puede acceder a copia de ellos?

  • e) El artículo 464 del Código del Comercio establece “(…)” se pregunta; ¿Deberá estar señalado este mandato en los estatutos de la sociedad de economía mixta?, o ¿Este imperativo legal aplica sin necesidad de incluirlo en el respectivo estatuto societario?
  ( 2015-01-26) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
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    A juicio de esta Oficina, ésta operación solo se configura en la media en que se tenga conocimiento de la intención, pues de acuerdo con la definición, la operación intentada “Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa….”
Consulta:
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2014-01-506774, mediante el cual manifiesta que ISAGEN S.A. ESP, por tener sus acciones inscritas en bolsa voluntariamente contempla medidas adicionales a las de ley para la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y, con ocasión de la expedición por parte de esa Superintendencia de las circulares N° 304-000001 y 100-000005 de 2014, ISAGEN S.A. ESP, ha llevado a cabo una revisión de su Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para Implementar lo que actualmente no se encuentre contemplado.

A ese propósito expone la preocupación que le asiste ante la exigencia para las empresas del sector real, de hacer un seguimiento, control y reporte del nuevo tipo de operación que traen las circulares, “denominadas operaciones intentadas, que A criterio de ISAGEN, no puede ser obligatorio para el Representante Legal y Oficial de Cumplimiento, reportar las operaciones intentadas porque justamente atendiendo a su naturaleza, por ser intentadas no resulta fácil su detección en tiempo real y consecuente reporte. Adicionalmente, el día de mañana una auditoria, la misma UIAF o Superintendencia, con mayores elementos de juicio o de prueba expost, podrían identificar una operación intentada que la Empresa no vio y por tanto no reportó, generándose serias consecuencias jurídicas y administrativas.

Circunstancia ante la cual se plantea algunas legitimas inquietudes de índole tanto legal como constitucional, que considera debe absolver este Despacho y si es del caso, dar lugar a la revisión de las responsabilidades relacionadas con las operaciones intentadas:
  ( 2015-01-26) Consultar

Ministerio de Comercio Industria y Turismo
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    El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó en Sesión número 279 del 25 al 28 de noviembre de 2014 expedir una reglamentación especial en materia de Zonas Francas para promover el sector de hidrocarburos en las áreas costa afuera.
DECRETA:
Artículo 1. Declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes dedicadas exclusivamente a las actividades de evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos costa afuera y sus actividades relacionadas.
Sin perjuicio de lo establecido por el parágrafo 1 del artículo 392-1 del Decreto número 2685 de 1999, modificado por el artículo 2 del Decreto número 4051 de 2007, podrá declararse la existencia de Zonas Francas Permanentes en cualquier parte del territorio nacional costa afuera dedicadas exclusivamente a las actividades de evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos costa afuera, así como las actividades de logística, compresión, transformación, licuefacción de gas y demás actividades directamente relacionadas con el sector de hidrocarburos costa afuera.

Esta declaratoria podrá comprender áreas continentales o insulares para el desarrollo de las actividades descritas en el inciso anterior.

Artículo 2. Solicitud de declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes dedicadas exclusivamente a las actividades de evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos costa afuera y sus actividades relacionadas. Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente en los términos de este decreto, deberá presentarse la correspondiente solicitud ante la autoridad competente por parte del Operador del Contrato suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por el decreto número 2685 de 1999 y sus modificaciones, adiciones o normas que lo sustituyan.

Artículo 3.Requisitos del área. El área que se solicite declarar como Zona Franca Permanente, en los términos de este decreto, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
  ( 2015-01-26) Consultar

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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    Se hace necesario tener un registro de los aportes de la Nación a patrimonios autónomos para determinar si con dichos recursos se está dando cumplimiento a la finalidad para la cual se constituyeron y se están destinando oportunamente a la adquisición de bienes y servicios para los cuales fueron apropiados.
DECRETA:
Artículo 1.Reintegro de Tesorería de saldos de recursos públicos en patrimonios autónomos.
Las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que hayan recibido aportes de la Nación destinados a la ejecución de recursos a través de patrimonios autónomos, a partir de la vigencia de este decreto ordenarán a los administradores de los patrimonios autónomos, siempre que el contrato lo permita, el reintegro a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DGCPTN), de los saldos disponibles en dichos patrimonios que no estén amparando obligaciones cuyo giro se haya realizado con más de dos años de anterioridad. Dicho reintegro de tesorería se efectuará a la cuenta que para ello indique la DGCPTN. La DGCPTN según su capacidad operativa podrá definir la gradualidad en la que se hagan los reintegros.

Tratándose de contratos de fiducia que respalden el pago de obligaciones sujetas a condición, las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que hayan recibido aportes de la Nación destinados a la ejecución de recursos a través de patrimonios autónomos, cederán los derechos fiduciarios que reflejen dichos saldos disponibles a favor de la Nación -Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- para que esta reporte los derechos fiduciarios, sin que ello afecte los recursos en los patrimonios autónomos.

Por saldos públicos disponibles en patrimonios autónomos se entenderán los saldos de la cuenta contable de la entidad ejecutora de presupuesto respecto de recursos de la Nación girados al patrimonio autónomo, que no se encuentren amparando obligaciones, deduciendo el valor de los aportes efectuados con recursos de la Nación que se hayan girado en los últimos dos (2) años calendario.
  ( 2015-01-26) Consultar

Congreso de la República
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    Los menores de 18 años de edad no serán incorporados a filas para la prestación del servicio militar.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1.De la prórroga de la ley.Prorróguese por el término de cuatro (4) años la vigencia de los artículos: 1, 2, 3, 5, 6, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 49, 54, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 92, 93, 94, 95, 98, 102, 103,106,107,108,109. 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127 y 130 de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. Prorróguese de igual forma, los artículos 2, 3, 4,12, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 y 46 de la Ley 782 de 2002, los artículos 3 y 4 de la Ley 1106 de 2006 y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de la Ley 1421 de 2010.

Artículo 2. El artículo 13 de la Ley 418 de 1997 modificado por el artículo 2 de la Ley 548 de 1999, quedará así:
  • Artículo 13.Los menores de 18 años de edad no serán incorporados a filas para la prestación del servicio militar. A los estudiantes de undécimo grado, menores de edad que, conforme a la Ley 48 de 1993, resultaren elegidos para prestar dicho servicio, se les aplazará su incorporación a las filas hasta el cumplimiento de la referida edad.
Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiere aplazado su servicio militar estuviere matriculado o admitido en un programa de pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución educativa le conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones. La interrupción de los estudios superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar. Ninguna institución de educación superior podrá exigir como requisito para obtener título de pregrado el presentar libreta militar. La autoridad civil o militar que desconozca la presente disposición incurrirá en causal de mala conducta sancionable con la destitución.
  ( 2015-01-26) Consultar

Congreso de la República
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    Finalidad. La finalidad de la presente ley es establecer las normas de la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria constitucionalmente establecida.
DECRETA:
CAPÍTULO I
Finalidad, objetivos y ámbito de aplicación
Artículo 1.Finalidad. La finalidad de la presente ley es establecer las normas de la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria constitucionalmente establecida.

En este sentido, adiciónese los siguientes literales al artículo 31 de la Ley 30 de 1992.
  • j) Velar por la calidad y la continuidad del servicio público de educación superior.
  • k) Propender por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos y por el cumplimiento de los objetivos de la educación superior.
  • l) Velar por el adecuado cubrimiento del servicio público de educación superior.
  ( 2015-01-26) Consultar

Congreso de la República
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    Al cliente potencial se le deberá suministrar, siempre que la naturaleza del producto o servicio lo permita, una proyección del Valor Total Unificado que efectivamente pagaría o recibiría, de manera anticipada a la celebración del contrato.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1. Adiciónese un parágrafo al artículo 9 de la Ley 1328 de 2009.
Parágrafo. En función de lo contemplado en este artículo las entidades vigiladas estarán en la obligación de informar a sus clientes, además de la tasa de interés efectivamente pagada o recibida por estos, el Valor Total Unificado para todos los conceptos, efectivamente pagados o recibidos por el cliente, independientemente de si se trata de operaciones activas o pasivas.

Al cliente potencial se le deberá suministrar, siempre que la naturaleza del producto o servicio lo permita, una proyección del Valor Total Unificado que efectivamente pagaría o recibiría, de manera anticipada a la celebración del contrato. En este caso, el Valor Total Unificado también deberá expresarse en términos porcentuales efectivos anuales. Asimismo, deberá tener la misma publicidad que la tasa de interés relacionada con el producto o servicio ofrecido.

El Valor Total Unificado de que trata el presente parágrafo estará expresado en términos porcentuales efectivos anuales para el horizonte de vida del producto y su resultante en pesos para el periodo reportado e incluirá todos los conceptos efectivamente pagados o recibidos por el cliente, independientemente de si se trata de operaciones activas o pasivas, siempre que la naturaleza del producto o servicio lo permita, incluyendo intereses, seguros, gastos, contribuciones, erogaciones, comisiones e impuestos y demás.
  ( 2015-01-26) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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    Este Despacho considera que la causal de aprehensión y decomiso de mercancías, contenida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, no se entiende modificada por lo establecido en el inciso tercero del artículo 127 ibídem, pues la última norma se refiere exclusivamente a la reanudación del término de almacenamiento de la mercancía.
Solicita se indique cuál es el procedimiento administrativo aplicable frente a las distintas tesis jurídicas que presentan los Oficios 0317 y 057188 del 30 de abril y 10 de septiembre, ambos de 2013, habida cuenta que en el primer oficio, resulta procedente subsanar la falta de documentos soporte dentro del término de almacenamiento, y en el segundo, cuando no se subsana dentro de los treinta (30) días siguientes a la inspección aduanera una restricción administrativa contenida en un documento soporte, es causal de aprehensión y decomiso, así se encuentre la mercancía dentro del término de almacenamiento Autorizado.

Al respecto, este Despacho considera pertinente extractar los problemas jurídicos analizados y sus conclusiones de los Oficios 0317 y 057188.
1. Oficio 0317 de 2013
El problema jurídico del oficio bajo examen, es el mismo al del Oficio 068804 de 2012 en el que se estudió cuál es el procedimiento aplicable cuando se vencen los cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección aduanera en la que se presentó controversias de valor por el numeral 5, del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999, sin que el declarante haya obtenido levante de la mercancía, cuando aún se encuentra dentro de los términos de almacenamiento del artículo 115 ibídem.
  ( 2015-01-26) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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    Por medio de la Resolución 3100 del 8 de abril de 2010, se actualizaron los precios de venta al público para la comercialización de bienes y servicios, y resulta necesario actualizar dichos valores, teniendo en cuenta la variación de los costos a la fecha.
RESUELVE:
Fijar los precios para la venta de bienes y servicios y establecer el procedimiento para su adquisición, así:

CAPÍTULO I
Precios de venta para la comercialización de bienes y servicios y forma de pago
Artículo 1. Los precios de venta fijados en la presente resolución estarán expresados en Unidades de Valor Tributario (UVT), con excepción del servicio establecido en el artículo 7 de la presente resolución. Los valores resultantes de aplicar la Unidad de Valor Tributario (UVT), se aproximarán al múltiplo de $50,00 más cercano.

Artículo 2. Discos compactos (CD) que contienen Información Mensual de Importaciones o Exportaciones. Se fija en una (1,00) UVT incluido IVA, el valor de un disco compacto (CD) que contenga “Información Mensual de Importaciones” o “Información Mensual de Exportaciones.”

Parágrafo 1. El precio de venta de la “Información Estadística de Importaciones y Exportaciones a Usuarios en el Exterior, será de cero punto ochenta y seis (0,86) UVT por la información mensual de importaciones o de exportaciones, contenida en un disco compacto (CD).
  ( 2015-01-26) Consultar


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