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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-02-03
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Fuente: Finanzas Personales.
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    Se vence el plazo para que todos los estudiantes que generen una fuente de ingreso para la institución que los educa o los que desarrollen una práctica laboral en la que asuman un riesgo ocupacional, esten afiliados al Sistema de Riesgos Laborales.
Así lo contempla el Decreto 055 del 14 de enero de 2015, firmado por el Presidente de la República y los ministros del Trabajo, Luis Eduardo Garzón; Salud, Alejandro Gaviria; Educación, Gina Parody; y Hacienda, Mauricio Cárdenas; que busca proteger a estudiantes de instituciones de educación públicas y privadas de programas de educación media técnica, programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores, educación superior y los programas de formación laboral de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

La norma contempla que en ningún caso el pago o la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales correrán por cuenta del estudiante, estos procesos le corresponden a las instituciones de educación o formación donde realice la práctica o actividad.

El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, indicó: "En la vida del trabajo decente, de una educación digna y unas condiciones estables para aquellos que están en el tránsito entre educarse para trabajar, en esta decisión del gobierno del Presidente Santos es positiva, porque garantiza que la incertidumbre en materia de accidentes y riesgos causados por la práctica no están en la orden del día; al contrario, hay certezas para que puedan trabajar y estudiar tranquilos".
  ( 2015-02-03) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
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    La terminación del contrato a término fijo no deja sin efectos las garantías de la protección laboral reforzada. Así lo recordó la Corte Constitucional, al aclarar que, en los casos de personas en situación de discapacidad vinculadas bajo esta modalidad, también es necesario consultar al Ministerio del Trabajo.
Tal como se concluyó en la Sentencia T-307 del 2008, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 exige acudir a la Oficina del Trabajo, siempre que medie una justa causa de despido para estas personas, recordó la Corte.

Si no se cumple ese requisito, se presume que el despido está motivado por la discapacidad. Así las cosas, el cumplimiento del plazo definido para la terminación del contrato no es una razón suficiente para justificar su no renovación, cuando el empleado goce de estabilidad laboral reforzada.

“Si el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona discapacitada se produjo sin previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la causa de éste o ésta es la circunstancia de discapacidad que aquel padece y que bien puede haber sobrevenido como consecuencia de la labor desempeñada en desarrollo de la relación laboral”, indicó el alto tribunal.

En estos casos, el juez está obligado a proteger los derechos fundamentales del trabajador, declarando la ineficacia del despido y obligando al empleador a reintegrarlo y, de ser necesario, a reubicarlo. Además, si no se ha realizado el pago de la indemnización prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361, deberá condenar al empleador al pago de la misma. (Corte Constitucional, Sentencia T-383, jun. 13/14, M. P. Jorge Ignacio Pretelt)
  ( 2015-02-03) Consultar

Consejo Técnico de la Contaduría Pública
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    Cuando hay complejidad en el flujo transaccional el sistema de información contable contiene miles de instrucciones de diferente orden para cumplir con los requerimientos tanto de la normativa contable como de control interno en cada organización. Por ejemplo, Ecopetrol administra más de 8.000 cuentas contables del régimen de contabilidad pública RCP.
Al cambiar el modelo contable, cambian no solo las miles de instrucciones y parametrizaciones sino también las cuentas involucradas y sus diferentes reconocimientos, mediciones, presentaciones y revelaciones.

El concepto de “libro” a nivel informático es en realidad un subsistema donde se procesa información bajo un mismo modelo regulatorio con todo lo que involucra el proceso contable, donde la tecnología suple lo que antiguamente se hacía manualmente. No creo que hoy en día alguien se atreva o intente llevar manualmente una contabilidad, es más ni siquiera en Excel por la complejidad que este proceso demandaría y el altísimo riesgo de cometer errores de todo tipo.

NIIF 1 exige en el proceso de transición un período completo de comparación entre los requerimientos informáticos de operar el sistema de información bajo NIIF y norma local. En realidad lo que se pretende es tener por un lado la oportunidad de contrastar las diferencias entre las dos regulaciones y por otro implementar los ajustes tecnológicos necesarios que se presentarán al implementar NIIF.
  ( 2015-02-03) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
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    Aunque el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo prevé una indemnización ante la terminación unilateral del contrato sin justa causa, esta solo comprende el lucro cesante y el daño emergente, sentenció la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, cuando el trabajador despedido injustamente considere que se le ha causado un daño moral, puede buscar su resarcimiento, siempre y cuando acredite la configuración de una actuación reprochable por parte del empleador.

Para la Sala Laboral, aunque es obvio que toda pérdida del empleo produce frustración, tristeza o sentimientos negativos, tal situación no es la única que debe mirarse para imponer una condena por daño moral, ya que es necesario ponderar la forma como el trabajador se vio afectado en su fuero interno, y cómo la actividad de la empresa lo lesionó injustificadamente.

Lo anterior está estrechamente ligado con el concepto de actividad, pues el individuo, en sus espacios laborales, no solo cumple una función determinada por la que percibe un salario, sino que desarrolla una serie de relaciones sociales de las cuales deriva una imagen propia, que es la que proyecta tanto a su familia como a sus amigos.

Además, la actividad productiva remunerada le permite plantearse una vida a corto, mediano o largo plazo, y eso, sin duda les da a los trabajadores cierta estabilidad emocional.
  ( 2015-02-03) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
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    Los bienes terminados, como los materiales para la construcción o adecuación de la infraestructura de una zona franca, están exentos del impuesto sobre las ventas, si son necesarios para producir, transformar o ensamblar bienes o para prestar los servicios previstos en los numerales 1º a 8º del artículo 3º de la Ley 1004 del 2005.
Así lo indicó la DIAN, en un concepto de diciembre, por el cual aclaró los oficios 36425 del 2009 y 69191 del 2012.

De acuerdo con la disposición mencionada, dentro de los servicios que puede desarrollar el usuario industrial están los de logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, envase, etiquetado o clasificación; telecomunicaciones y sistemas de tecnología de la información, para captura y procesamiento en bases de datos; investigación científica; asistencia médica y odontológica; turismo, y auditoría, administración, corretaje, consultoría y similares.

En este sentido, el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario indica que procederá la exención cuando se introduzcan materias primas, partes, insumos y bienes terminados, que se vendan desde el territorio aduanero nacional a los usuarios industriales o entre estos, siempre que dichos bienes sean indispensables en el desarrollo del objeto social. De lo contrario, no recibirán el beneficio. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto 1485, dic. 3/14)
  ( 2015-02-03) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
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    De acuerdo con los artículos 163 y 164 del Código de Comercio, los miembros de junta directiva pueden sesionar válidamente como administradores sociales a partir de la aceptación del cargo, aunque el acta de designación no esté inscrita en el registro mercantil.
Como estas personas no cumplen funciones de representación, sino de gestión, la calidad no la obtienen a partir del registro mencionado, cuyo objetivo es dar publicidad, sino de la aceptación del cargo, indicó la Superintendencia de Sociedades.

Aunque es innegable que los miembros de la junta directiva son administradores y que el objeto de la inscripción es dar publicidad a dichos actos, para que puedan ser oponibles a terceros, debe entenderse que la misma debe realizarse en el menor tiempo posible, ya que no existe un término legal para ello, precisó la entidad.

De otra parte, aclaró que al presentarse la aceptación de la totalidad de los miembros designados, se produce la desvinculación automática de los anteriores miembros de junta directiva, es decir que estos últimos ya no podrán actuar como tales, aunque estén inscritos en el registro mercantil. (Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-233490, dic. 30/14)
  ( 2015-02-03) Consultar


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