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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-02-06
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    CRUCE DE INFORMACION - No es en sí una prueba.
Con relación al fundamento legal citado, vale la pena observar desde ahora que el artículo 1° del Decreto 933 de 1981 dispone que: "Con motivo de la respuesta al requerimiento ordinario o especial, o con ocasión del recurso de reconsideración, el contribuyente podrá demostrar por medio de su contabilidad llevada conforme a la ley, la veracidad de los hechos de que trata el artículo 55 del Decreto 2053 de 1974 y cuyas informaciones se hubieren omitido en la declaración o su adición".

Esta norma se refiere a los egresos pero no a los ingresos.

2° Dentro de los antecedentes remitidos por la Administración al Tribunal no consta la respuesta, pero de autos se establece que negó el ingreso atribuido en los siguientes términos:
  • "Al respecto debo manifestar, que los intereses y comisiones en cuantía de $ 4.306.375 a que se refiere el requerimiento no fueron ingresos de la sociedad Representaciones Financieras S. A., en el año gravable de 1979, por tanto la propuesta modificatoria carece de validez legal. En el presente caso se debe tener en cuenta que esta negativa, por ser de naturaleza indefinida, simplemente necesita ser expuesta y no requiere prueba alguna, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil".
  ( 2015-02-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    DAÑO OCASIONADO A LA DIAN - La sanción por errores en la información tributaria debe ser proporcional a aquel.
  • ERROR EN LA INFORMACION SUMINISTRADA A LA DIAN - La sanción sólo procede en la medida que cause daño a la DIAN.
El literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario prevé que serán sancionados con multa quienes no suministren información dentro del plazo para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado.

Al estudiar la exequibilidad del artículo 651 del Estatuto Tributario, la Corte Constitucional precisó que las sanciones que puede imponer la Administración, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador.

Así, no todo error cometido en la información que se remite a la autoridad tributaria, puede generar las sanciones consagradas en el artículo 651, pues, la entidad está obligada a demostrar que el mismo lesiona sus intereses o los de un tercero. En conclusión, no todo error en la información suministrada puede dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

Por tanto, las sanciones que imponga la Administración por el incumplimiento de este deber, deben ser proporcionales al daño que se genere. Si no existió daño, no puede haber sanción.
  ( 2015-02-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    Como quiera que la demandante, en lugar de entregar la información, resolvió corregir la declaración para renunciar a todos los costos y deducciones declarados en la corrección de 28 de abril de 1999, y a los ingresos no constitutivos de renta y los costos imputables a éstos, registrados en esa misma declaración, la Sala observa que finalmente carecía de utilidad la información que ésta dejó de suministrar.
Lo anterior, porque el propósito de la DIAN era fiscalizar la declaración de corrección en los aspectos que fueron objeto de renuncia por el contribuyente. Es claro que fue la parte actora quien asumió el costo de no entregar los soportes solicitados, sino que prefirió asumir el impuesto en su totalidad junto con las sanciones. Fue así como en dos ocasiones, modificó la declaración para aumentar el impuesto.

Al respecto, la Sala reitera su criterio en el sentido de que la información solicitada no puede versar sobre hechos inútiles o inoficiosos, como sería, en este caso, la que se solicitó para fiscalizar una declaración sobre puntos concretos que el contribuyente aceptó al renunciar a los mismos. A su vez, la actora no ocasionó perjuicio alguno a la Administración, pues, por el contrario, con su decisión de renunciar en su declaración de 1997 a los costos y gastos, y los ingresos no constitutivos y los costos imputables a los mismos, declaró y pagó un mayor impuesto, junto con sanciones e intereses.
  ( 2015-02-06) Consultar

Consejo de Estado
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    DAÑO EN PROCESOS DE IMPUESTOS - Su monto no debe ser incluido dentro de la cuantía de la demanda.
  • PROCESO DE UNICA INSTANCIA - Son los de índole tributaria que al tiempo de presentación de la demanda eran inferiores a 300 salarios mínimos mensuales.

  • PRETENSION MAYOR - Se tiene en cuenta para determinar la cuantía en asuntos tributarios
En materia de cuantía como factor determinante de la competencia ha sido criterio reiterado de la Sala que en los procesos en los cuales se controviertan actos administrativos de determinación de impuestos, el valor económico de la pretensión se establece por la diferencia entre el valor de la liquidación privada y la liquidación oficial, más las sanciones impuestas en dicho acto, sin tener en cuenta los intereses, criterio que fue recogido por el artículo 134E del Código Contencioso administrativo adicionado por el artículo 43 de la Ley 446 de 1998.

En consecuencia, contrario a lo afirmado por el recurrente, el monto estimado como "daño" no hace parte de la cuantía.
  ( 2015-02-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    Dentro de esos deberes tributarios, se encuentra la obligación consagrada en el artículo 686 del Estatuto Tributario, para contribuyentes o no contribuyentes, de atender los requerimientos de informaciones o pruebas que haga la administración fiscal, cuando se requieran para verificar su situación fiscal o la de terceros.
No se comparte este fundamento, porque debe diferenciarse el incumplimiento de la obligación tributaria sustancial con el de los demás deberes accesorios que permiten verificar su cumplimiento. La obligación tributaria principal o sustancial tiene por objeto obtener el pago del impuesto (E.T., art. 1°).

Para que el Estado establezca si se ha cumplido con esta obligación, la Ley fija otros deberes instrumentales a cargo de contribuyentes o no contribuyentes, los cuales son accesorios a la obligación tributaria sustancial.

De acuerdo a lo anterior, la obligación tributaria sustancial se constituye en una obligación de dar, mientras que los deberes accesorios consisten regularmente en obligaciones de hacer o no hacer, que permiten al Estado verificar el correcto cumplimiento del pago del tributo.
  ( 2015-02-06) Consultar

Consejo de Estado
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    CORRECCION A LA DECLARACION CON POSTERIORIDAD AL REQUERIMIENTO - Requiere de la aceptación expresa de la DIAN
Debe entenderse que la declaración fue presentada con el fin de atender el requerimiento especial, aceptando parcialmente los hechos planteados en éste, conforme al artículo 709 ibídem, como quiera que se reconocen los mayores ingresos determinados por la administración tributaria, pero no se acepta la determinación de la renta con base en el artículo 755-3 ibídem.

Cuando los declarantes realizan correcciones a las declaraciones con posterioridad al pliego de cargos, al requerimiento especial o a su ampliación, con fundamento en el artículo 709 del Estatuto Tributario, no generan para la administración la obligación de iniciar otro proceso de determinación de impuestos sobre ésta última liquidación, pues se entiende que la modificación al denuncio se realizó con ocasión del proceso administrativo en curso y así debe ser tenida en cuenta.

Cuando medien actos oficiales tendientes a la modificación de la liquidación del impuesto (Vgr. Requerimiento especial o Liquidación Oficial), las declaraciones de corrección que se presenten sólo tendrán efectos vinculantes, en la medida que se acepten expresamente por el fisco o posteriormente ante la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud de los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario. Si ello no ocurre, el Requerimiento o la Liquidación oficial mantendrán sus efectos y el proceso de determinación del impuesto continuará o terminará, según el caso.
  ( 2015-02-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    DEBER DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS INFORMACIONES Y PRUEBAS - Es de dos años, así:
    • para contribuyentes hasta que quede en firme la declaración de renta y
    • para no contribuyentes, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo
Una primera lectura de los artículos 632 del Estatuto Tributario y 46 de la Ley 962 de 2005, con fundamento en la entrada en vigencia de cada uno, permitiría concluir lo siguiente:

Los documentos, informaciones y pruebas que se hayan elaborado, expedido o recibido en vigencia del artículo 632 del Estatuto Tributario, deben conservarse por el término de cinco años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo.

Los documentos, informaciones y pruebas que se hayan elaborado, expedido o recibido en vigencia del artículo 46 de la Ley 962 de 2005, esto es, luego del 8 de julio de 2005, siempre y cuando hayan servido de soporte a una declaración de renta, deben conservarse "hasta que quede en firme la declaración de renta", término que, en principio, puede ser de dos años.

Tratándose de documentos, informaciones y pruebas que se hayan elaborado, expedido o recibido en vigencia del artículo 46 de la Ley 962 de 2005, pero que no son soporte de una declaración de renta, deben conservarse por el término establecido en el artículo 632 del Estatuto Tributario, esto es, por espacio de cinco años.

Eso porque la disposición del artículo 632 ibídem, impone el deber de conservar los documentos, tanto para contribuyentes como para no contribuyentes y, el artículo 46 citado, sólo racionaliza el término para los obligados a presentar declaración de renta.
  ( 2015-02-06) Consultar

Ministerio de Trabajo.
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    A la terminación de un contrato de trabajo, surge para el empleador la obligación de efectuar la liquidación, esto es, el pago de salarios debidos, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones si se causaron, y adicionalmente debe informar al trabajador el estado de cuenta de los pagos a la seguridad social y parafiscales.
En consecuencia, es claro que el empleador tiene a su cargo la obligación de efectuar el pago de la liquidación (prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones causadas) una vez se produce la terminación del contrato de trabajo, independientemente de las causas que dieron origen a la terminación del contrato de trabajo, pues el legislador no diferenció ni estableció causales especiales de terminación a la hora de regular la indemnización moratoria referida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo anteriormente transcrito, En caso de incumplimiento en el pago de la liquidación, el empleador deberá pagar como indemnización, un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses o hasta que pague si el periodo es menor.

El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 aclara cuales son las consecuencias y sanciones que tiene el empleador cuando no cancela la liquidación correspondiente a un trabajador:

"ARTÍCULO 65. MODIFICADO. L. 789/2002, ART. 29. INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO. Sí a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor.

Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancada, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.
  ( 2015-02-06) Consultar

Contaduría General de la Nación
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    Con el fin de realizar el reconocimiento y revelación contable de la adquisición y depreciación de los activos de menor cuantía, les solicito atender las siguientes indicaciones:
Debido a que el numeral 14-DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS DE MENOR CUANTÍA del Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, establece que: "Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o incorporan, teniendo en cuenta los montos que anualmente defina la Contaduría General de la Nación.

La depreciación puede registrarse en el momento de la adquisición o incorporación del activo o durante los meses que resten para la terminación del periodo contable", y que la Resolución 000245 del 03 de diciembre de 2014 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales PAN), fija la Unidad de Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2015 en Veintiocho mil doscientos setenta y nueve pesos ($28.279,00) moneda corriente, las entidades contables públicas podrán afectar la depreciación de activos adquiridos durante este periodo por su valor total, sin considerar su vida útil, cuando el valor de adquisición sea igual o inferior a un millón cuatrocientos trece mil novecientos cincuenta pesos ($1.413.950,00) moneda corriente, equivalentes a cincuenta (50) Unidades de Valor Tributario (UVT).
  ( 2015-02-06) Consultar


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