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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-02-16
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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  • Se requiere fortalecer los criterios de gestión de riesgo en el ejercicio del control aduanero, en orden a neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos; prevenir el riesgo ambiental y la violación de los derechos de propiedad intelectual; defender la salud; garantizar la seguridad en fronteras y, en general, la seguridad de la cadena logística.
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Ámbito de Aplicación
Artículo 1. Alcance.
El presente decreto se aplica en la totalidad del territorio aduanero nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías, al y desde el territorio aduanero nacional, con sujeción a la Constitución, la Ley y demás normas que las complementen, sustituyan o reglamenten.

Así mismo, el decreto se aplica sin perjuicio de las disposiciones especiales y las resultantes de Acuerdos o Tratados Internacionales, a los que haya adherido o adhiera Colombia. Los acuerdos o tratados mencionados comprenden, entre otros, los acuerdos comerciales y los referidos a la protección de la propiedad intelectual.

La potestad aduanera se ejercerá, incluso, en el área demarcada del país vecino donde se cumplan las formalidades y controles aduaneros en virtud de acuerdos binacionales fronterizos.
  ( 2015-02-16) Consultar

Fuente: Finanzas Personales.
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  • Al igual que el salario mínimo, el costo de las multas para los conductores aumentaron 4,6% desde el 1 de enero de 2015. Por eso, no tener el SOAT al día le costará mucho más que un disgusto.
El SOAT es un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional. Este cubre los daños corporales causados a las personas en un accidente de tránsito. No tener este seguro en regla y al día le puede representar costos altísimos en gastos médicos, además de multas.

Es importante también tener presente la fecha de vencimiento de su seguro para no estar expuesto, no solo a accidentes, sino a comparendos de tránsito.

Según la Secretaria Distrital de Movilidad, conducir sin portar el SOAT tendrá una multa de $644.400. Además, el vehículo será inmediatamente inmovilizado. Por consiguiente tendrá que sumarle los costos de grúa y patios. Lo que equivaldría a pagar más de $850.000 por olvidar portar en regla este seguro ordenado por la ley.

Para vehículos particulares y motocicletas, el primer día de patios, según el tipo de automotor, será entre los 36.600 a los 63.200 pesos. Con respecto a las tarifas de grúas, el precio para carros livianos es de $98.900; medianos $150.400 y para vehículos pesados $221.300.
  ( 2015-02-16) Consultar

Hernando Cardozo Luna
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  • Esto debido a que terminan asumiendo el pago de las incapacidades, sin corresponderles legalmente, hasta tanto el fondo de pensiones le comienza a cancelar al afiliado el subsidio por incapacidad, cosa que, generalmente, no ocurre, si la empresa no impulsa o gestiona su pago ante la administradora de fondos de pensiones (AFP).
Hasta el día 180, es la entidad promotora de salud (EPS) la responsable de las incapacidades. A partir del día 181, es la AFP la que debe asumir el pago del subsidio por incapacidad, que es el equivalente a la incapacidad que venía pagando la EPS. Para ello, se requiere que la EPS haya emitido concepto de rehabilitación, antes de cumplirse el día 120, pues, sin ese requisito, la AFP no le pagará al trabajador dicho subsidio.

El concepto favorable le permite a la EPS seguir prorrogando las incapacidades y que la AFP postergue el trámite de calificación de invalidez hasta por un término máximo de 360 días calendario, adicionales a los primeros 180. En este evento, la AFP otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.

Si el concepto de rehabilitación es desfavorable, la EPS debe valorar la pérdida de capacidad laboral del trabajador, para saber si tiene derecho a una eventual pensión por invalidez.

Concepto
Las EPS deben enviar el concepto de rehabilitación antes de cumplirse el día 150 a la AFP. Cuando la EPS no expida el concepto favorable de rehabilitación, deberá asumir el pago del subsidio por incapacidad, hasta que lo emita efectivamente.
  ( 2015-02-16) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
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  • Las entidades promotoras de salud (EPS) no pueden alegar la desvinculación laboral de una persona como causa válida para retirarla del sistema de salud y suspender los tratamientos médicos iniciados durante la vigencia del contrato de trabajo.
Con esta advertencia, la Corte Constitucional amparó los derechos a la vida, la salud, la dignidad y la integridad física de la accionante, al encontrar probado el desconocimiento del principio de continuidad en la prestación del servicio de salud, como consecuencia de su desvinculación.

En el caso analizado, una auxiliar de servicios varios, contratada por un conjunto residencial de manera indefinida, fue diagnosticada con cáncer de ovario y artritis reumatoidea en vigencia de la relación laboral, razón por la cual estuvo sometida a tratamientos que la mantuvieron incapacitada en varias ocasiones.

Después de tres años de labores, el empleador la despidió y reportó la novedad a la EPS a la que estaba adscrita, lo que ocasionó la desafiliación del sistema de salud, desde el día siguiente a su desvinculación.

Según la Corte, tanto el conjunto residencial como la EPS violaron los derechos fundamentales de la accionante. El primero, por desconocerle el derecho a la estabilidad laboral reforzada, al despedirla sin probar una causal objetiva y sin autorización previa del Ministerio de Trabajo. La EPS, por desconocer el principio de continuidad en la prestación del servicio de salud, al desafiliarla e impedirle seguir con los tratamientos médicos iniciados.

En consecuencia, la corporación ordenó el reintegro de la trabajadora a un cargo acorde con su condición de salud y la reincorporación transitoria al sistema de salud, para permitirle continuar con los procedimientos requeridos.
  ( 2015-02-16) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
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  • De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el empleador que omite afiliar a sus trabajadores al sistema pensional tiene la obligación de reconocer la prestación en las mismas condiciones en que los hubiera hecho la administradora de pensiones.
Así lo recordó la corporación, al explicar que una decisión contraria reñiría con los postulados generales del derecho del trabajo aplicables a la seguridad social, ya que el trabajador no puede asumir los perjuicios por la mora del empleador en el pago de las cotizaciones, por la no afiliación o porque esta se hizo tardíamente.

Si bien antes de la expedición del Decreto 2665 de 1988 la consecuencia de la falta de afiliación era el reconocimiento de una indemnización por los perjuicios ocasionados, esa postura fue abandonada por la Corte mediante sentencia del 11 de mayo del 2010 (radicación 38154).

Además, no era procedente distinguir dos tipos de consecuencias para el empleador, teniendo en cuenta que la omisión de afiliar al trabajador hubiera ocurrido cuando entró en vigor el decreto mencionado o con posterioridad a esa vigencia.

En el caso analizado, el demandado omitió la afiliación de tres periodos distintos, mientras estuvo vigente la relación laboral, los cuales sumaron 155 semanas, según lo tuvo por demostrado el juez.
  ( 2015-02-16) Consultar

Carlos Hernán Godoy F. y Natalia Alzate García
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  • La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece el procedimiento para las sanciones disciplinarias dentro de la relación laboral.
La Sentencia C-593 del 2014 reitera los requisitos del procedimiento disciplinario existentes, pero introduce la obligación de establecer y publicar el procedimiento disciplinario dentro de la empresa, con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y defensa de los trabajadores.

Ahora, deberán adoptarse medidas como: (i) la publicación de una política o manual que dé a conocer el trámite de los procesos disciplinarios (debe contener los elementos mínimos fijados por la Corte Constitucional) y (ii) hacer referencia a dicha política en la actualización más próxima del Reglamento Interno de Trabajo.

Sin embargo, ¿está seguro de que su empresa ya cumple con los requisitos mínimos? A continuación presentamos los elementos fundamentales para tener en cuenta:
  • (i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona imputada y la formulación de cargos. Durante la citación a descargos, se notifica al trabajador la apertura del proceso y se indican los hechos o conductas que lo motivaron.

    Los presuntos incumplimientos o faltas a los deberes/obligaciones del trabajador tienen que estar preestablecidos en la ley o el reglamento interno y deben ser indicados al trabajador.

    La enumeración de las faltas se podrá hacer en la citación a descargos o al inicio de la diligencia de descargos y se dejará constancia en acta.
  ( 2015-02-16) Consultar

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.
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  • La conciliación en procesos contenciosos administrativos y la condición especial de pago podrá ser aplicada por las entidades que administren tasas y contribuciones, para lo cual tales entidades dispondrán lo pertinente para su aplicación.
DECRETA:
CAPÍTULO I
CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA.

ARTÍCULO 1. Presentación de la solicitud de conciliación para impuestos distritales y retenciones.
Los contribuyentes, responsables y agentes de retención de los impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá de la Secretaría Distrital de Hacienda y aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que pretendan acogerse a los beneficios establecidos en el presente Decreto, deberán presentar la respectiva solicitud de conciliación ante la Subdirección de Gestión Judicial de la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Hacienda, acompañada de los documentos contenidos en los numerales 4 y 5 del artículo siguiente.

La Subdirección de Gestión Judicial presentará al Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Hacienda, las solicitudes de conciliación que cumplan con los requisitos establecidos en este Decreto, para que éste se pronuncie sobre la viabilidad de la conciliación. En el evento en que la solicitud no cumpla los requisitos, la Subdirección de Gestión Judicial así lo informará al solicitante.

Una vez que el Comité de Conciliación se pronuncie sobre la viabilidad, el Secretario Técnico del Comité remitirá a los solicitantes certificación sobre la decisión adoptada.
  ( 2015-02-16) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
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  • La entidad recordó que el administrador debe estar atento al cumplimiento de las obligaciones del ente social, no solo frente a los asociados, sino también ante a terceros, evitando causar perjuicios por no atender oportunamente sus deberes.
Aunque es deber del contador público y del revisor fiscal preparar y revisar las declaraciones tributarias, la obligación de presentarlas ante la autoridad correspondiente es del representante legal de la sociedad contribuyente, precisó la Superintendencia de Sociedades.

La entidad recordó que el administrador debe estar atento al cumplimiento de las obligaciones del ente social, no solo frente a los asociados, sino también ante a terceros, evitando causar perjuicios por no atender oportunamente sus deberes.

En ese sentido, señaló que, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, el representante legal responde solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que, por dolo o culpa, les cause a la compañía, a los socios o a terceros.

Así mismo, indicó que es necesario tener en cuenta el deber de los administradores previsto en el artículo 23 ibídem, relacionado con obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Además, sus funciones deben cumplirse en interés de la sociedad, considerando también los de los asociados, agregó.
  ( 2015-02-16) Consultar

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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  • No existen acuerdos de pago unilaterales, toda vez que esta clase de contratos tienen como esencia la bilateralidad, es decir la pluralidad de partes.
“La celebración de acuerdos de pago o planes de financiamiento entre las empresas de servicios públicos domiciliarios y sus usuarios es válida, en la medida en que dichos acuerdos responden al principio jurídico de la autonomía de la voluntad privada.

Estos sistemas de financiación para los deudores morosos no son una obligación sino una facultad de las empresas, y si los usuarios deciden acogerse a ellos, deben cumplir lo acordado. Con ellos se pretende que los usuarios morosos se pongan al día en sus obligaciones y cuenten nuevamente con la disponibilidad del servicio.

No obstante lo anterior, ha de señalarse que la sola disposición de las partes de llegar a un acuerdo con respecto al pago de uno o varios períodos de facturación dejados de cancelar, implica para la empresa de servicios públicos domiciliarios, una renuncia implícita a ejecutar las acciones de suspensión del servicio, o a adelantar un proceso ejecutivo con fundamento en la factura objeto del acuerdo, toda vez que el acuerdo de pago se constituirá en el nuevo título a partir del cual la Empresa puede hacer exigibles las obligaciones que constituyen su objeto.

Una vez celebrado el acuerdo, convenio o plan de financiamiento, este regulará las relaciones entre las partes frente a su objeto, en virtud de lo dispuesto en el artículo1602del Código Civil Colombiano, que señala que el contrato es ley para las partes, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1494 ídem, que señala que los contratos se constituyen en fuente de obligaciones entre las partes.
  ( 2015-02-16) Consultar

Consejo Técnico de la Contaduría Pública
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  • ¿El valor intrínseco de las inversiones en instrumentos de patrimonio puede adoptarse bajo NIIF como metodología para la medición posterior (Como valor razonable)?
El valor razonable según la NIIF 13 es medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. En la práctica, puede ser difícil obtener esos datos ya que para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles los precios de mercado, mientras que para otros activos y pasivos, pueden no estar disponibles. Para el caso concreto de inversiones en instrumentos de patrimonio, esa información no está disponible para la mayoría de entidades ya que en Colombia las acciones que cotizan en un mercado bursátil son muy pocas.

Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, una entidad medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valoración, lo que también puede en la práctica resultar una metodología muy costosa, ya que la valoración por flujos descontados y el costo puede exceder su beneficio."
  • CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
Según lo establecido en el artículo 61 del decreto 2649 de 1993 "al cierre del período las inversiones deben ser ajustadas a su valor de mercado, determinado mediante cotización pública. Cuando no existe cotización el valor de mercado se calcula utilizando el valor intrínseco"
  ( 2015-02-16) Consultar

Superintendencia de la Economía Solidaria
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  • La omisión o mora en el pago ocasionará las sanciones establecidas en el numeral 3 del artículo 38 de la Ley 454 de 1998 y el cobro de los intereses moratorios, certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se encuentren vigentes al momento del pago.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 99 de la Ley 795 de 2003, esta Superintendencia procede a efectuar el cobro de la tasa de contribución para el año 2015, así:

Para generar los recibos de pago, se debe ingresar a la página www.supersolidaria.gov.co y continuar por la siguiente ruta:
  • -- “Pagos en línea”.
  • -- “Ingrese al módulo Pago en Línea”.
  • -- Opción “Tasa de contribución”.
  • -- Digitar el NIT completo con dígito de verificación, sin puntos ni comas.
  • -- Clave: Digitar el mismo NIT.
El pago se puede efectuar por PSE desde el mismo aplicativo, o directamente en cualquiera de las oficinas del Banco de Bogotá, llevando impreso el recibo generado por el sistema. Si el pago es realizado por PSE debe imprimir antes el recibo de pago liquidado, porque al momento de realizar el pago este desaparece del sistema.
  ( 2015-02-16) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
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  • La Circular obliga a establecer un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), según las características de cada empresa, los bienes y servicios que ofrece, su comercialización, las áreas geográficas donde opera, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo.
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CIRCULAR 100-00005 DE 2014

¿Quiénes se encuentran obligados a adoptar lo dispuesto en la Circular?
Están obligadas a cumplir la Circular 100-00005 de 2014 las entidades que cumplan con dos requisitos:
  • 1. Estar VIGILADA por la Superintendencia de Sociedades (art. 84 de la Ley 222 de 1995 y Decreto 4350 de 2006).
  • 2. Registrar ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) al corte del 31 de diciembre de 2013.
¿Cuál es el término que se cuenta para la implementación de las disposiciones de la Circular?
Las entidades obligadas que con corte al 31 de diciembre de 2013 hayan registrado ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 SMMLV contaban con un plazo máximo de 12 meses calendario, contados a partir del 31 de diciembre de 2013, para implementar las medidas establecidas en la Circular sobre la prevención del LA/FT.
  ( 2015-02-16) Consultar


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