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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-02-25
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Consejo de Estado
Sección Tercera

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    Se demandó de esta Corporación la nulidad de la Resolución 1122 del 17 de julio de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy del Trabajo) por medio de la cual revocó la Resolución 02147 del 15 de diciembre de 2006 y aprobó el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Edatel S.A. E.S.P.
No desconoce la Sala que respecto de la inclusión del artículo 51 de la Ley 789 de 2002 o jornada flexible al reglamento Interno de Trabajo, esta Corporación ha señalado que por ser una norma de obligatorio cumplimiento es una modificación meramente formal, que para su adopción no requería de la intervención de los trabajadores de la empresa EDATEL S.A. E.S.P. y se consideran incorporados en los Reglamentos Internos de Trabajo la reforma contenida en la Ley 789 de 2002, sin necesidad de tramitar su aprobación ante el Ministerio de Protección Social.

No sucede lo mismo con la inclusión de la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral, pues para la inclusión del acoso laboral en el reglamento interno de trabajo, se hace necesario determinar si en efecto se estableció un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores, es decir, su inclusión en el reglamento interno de trabajo no es formal, pues no reproduce lo previsto por el legislador y se hace necesario el estudio de los requisitos por parte del Ministerio para su aprobación, lo que no sucedió en el presente asunto, comoquiera que la Resolución demandada omite por completo el estudio de los requisitos y los documentos aportados.

Conforme a los planteamientos antes expuestos, resulta claro que el Ministerio de la Protección Social al aprobar el Reglamento Interno de Trabajo en los aspectos aludidos no obró conforme a derecho, lo que permite concluir que se vulneraron los principios citados por la parte demandante como violados, porque no se ajusta, en cuando al contenido y la forma, a los fines que busca el legislador y menoscaba los derechos adquiridos de los trabajadores y las garantías laborales que los cobijan.
  ( 2015-02-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Tercera

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    El requisito de la firma en el formulario de inscripción no puede ser considerada como un formalismo, pues ella se exige como prueba del juramento.
El problema jurídico del que se ocupa la Sala, consiste en establecer la legalidad de las listas de admitidos y no admitidos al concurso convocado por la Unidad de Carrera de la Fiscalía General de la Nación para proveer cargos de Fiscal delegado ante Jueces Penales del Circuito y el mismo cargo pero ante Jueces Penales Municipales, publicadas el 16 de enero de 2008 y 15 de abril de 2008, en las que se le incluyó al demandante en la lista de no admitidos.

Extracto: El requisito de la firma en el formulario de inscripción no puede ser considerada como un formalismo, pues ella se exige como prueba del juramento que el participante presta en torno a 3 aspectos, a saber:
  • i) que el participante no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño del cargo al que aspira;

  • ii) que el concursante conoce y acepta los términos de las convocatorias a las que se inscribió y

  • iii) que la información que consignó en el formulario es veraz y puede ser sometida a verificación.
Aunado a lo anterior, conocedora la demandante de las normas que regían el concurso de méritos en que pretendía participar, debía saber que la omisión de la firma implicaba inadmisión al concurso, como taxativamente se indicó en el texto de la convocatoria, dentro de las causales de inadmisión, por lo que mal podría pretender que se aceptara su inscripción sin el cumplimiento de tal requerimiento.
  ( 2015-02-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    Así lo concluyó la Sala al modificar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló, solo frente a la sanción por inexactitud impuesta, los actos administrativos del municipio de Medellín que liquidaron oficialmente el impuesto de industria y comercio a cargo del Banco Davivienda S.A. por el año 1999.
La Sala anuló parcialmente dichos actos, pero en cuanto adicionaron la base gravable del impuesto con los ingresos por corrección monetaria que el banco percibió por los créditos en UPAC que otorgó cuando operaba como corporación de ahorro y vivienda.

La Sala señaló que tales ingresos no hacen parte de la base gravable del tributo respecto de los bancos, dado que la Ley 14 de 1983 (art. 42), normativa que el municipio de Medellín acogió en el Acuerdo 50 de 1997, por el que expidió el estatuto del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, no los incluye en ella.

Al respecto la Sala señaló que en 1999 Davivienda ya no era una corporación de ahorro y vivienda sino un banco y que, según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, desde su conversión a banco solo podía efectuar las operaciones autorizadas a los mismos.
  ( 2015-02-25) Consultar

Fuente: Dinero
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    Dinero conoció la lista de miembros que integrarán la Comisión de la reforma tributaria estructural, la cual se contempló en uno de los artículos de la pasada reforma tributaria.
Este equipo interdisciplinario será el encargado de sentar las bases de lo que debería ser un esquema de tributación que promueva la equidad y la competitividad del país. El tiempo límite que tiene para entregar los resultados de su análisis es de 10 meses a partir de este momento.

Algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa en ocasiones anteriores son el aumento del IVA, la posibilidad de eliminar definitivamente el impuesto al 4x1.000, la creación del impuesto a los dividendos -el cual gravaría a los dueños de las empresas, también redefiniría del impuesto a la riqueza.
  • Guillermo Perry, ex ministro de Hacienda.
  • Miguel Urrutia, ex gerente del Banco de la República.
  • Leonardo Villar, director de Fedesarrollo.
  • Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda Distrital de Bogotá.
  • Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad.
  • Julio Roberto Piza, director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado.
  • Alfredo Lewin, abogado experto en tributación.
  • Soraya Montoya, directora Fundación Saldarriaga Concha.
  • Óscar Darío Morales, empresario vallecaucano.
  ( 2015-02-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    Casa Editorial El Tiempo S.A. demandó la nulidad de los actos del Distrito Capital que modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio que presentó por ciertos bimestres del 2006, en el sentido de imponerle un mayor tributo de avisos y tableros y sancionarla por inexactitud.
La Sala confirmó en forma parcial la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente esos actos, para lo cual, entre otras consideraciones, precisó que no procedía deducir de la base del gravamen de avisos y tableros los ingresos que la actora recibió por la actividad denominada “metro cuadrado”, toda vez que la Ley 14 de 1983 (art. 37) y el Decreto 352 de 2002 (art. 59) no admiten la posibilidad de fraccionar o segmentar dicha base, dado que ordenan tomar como tal la totalidad del impuesto de industria y comercio declarado en el periodo, al que se aplica una tarifa fija del 15%.

Extracto: “3.2.2.- En sentir de la Sala, la naturaleza complementaria del impuesto de avisos y tableros se predica respecto de i) la forma en que se calcula, pues constituye un porcentaje del total del impuesto de industria y comercio, y de ii) la relación de dependencia que existe entre ambos, ya que el primero sólo se configura cuando lo que se publica es una actividad gravada con el ICA.

De manera que constituyen gravámenes distintos, pero estrechamente relacionados. En ese sentido, la causación del impuesto de industria y comercio no implica, per se, que se genere la obligación tributaria por avisos y tableros. No obstante, una vez determinada la realización del hecho generador de este último, hay lugar a su cobro, en las condiciones del artículo 59 del Decreto 352 de 2002, que señala:
  ( 2015-02-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    Así lo concluyó el Ponente al rechazar la demanda que la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín formuló contra los actos en los que la DIAN le informó su calidad de deudora solidaria de las obligaciones que eventualmente se generaran de la investigación tributaria adelantada contra la Corporación Interamericana de Servicios – CIS.
La ponencia señaló que tales actos no son demandables ante la Jurisdicción, porque se profirieron en desarrollo del deber de la administración de comunicar la existencia de la actuación administrativa de determinación del impuesto, la cual no había concluido, razón por la que no se trataba de actos definitivos, sino de simple información sobre la vinculación a un trámite administrativo, pero que no definían alguna situación jurídica particular.

Extracto: “2.2. Revisado el escrito de la demanda, encuentra el despacho que la misma tiene como objeto cuestionar actos preparatorios o de trámite y, por lo tanto, debe ser rechazada.

Tal afirmación se sustenta en las siguientes consideraciones: 2.2.1. Los actos administrativos que ahora se demandan se profirieron en el marco de una actuación administrativa - proceso de determinación del impuesto - que aún no ha concluido, como lo afirmó la parte demandante.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el objeto de dicha actuación administrativa es la modificación de las liquidaciones privadas presentadas por la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), persona jurídica de la que hace parte la Universidad Pontifica Bolivariana.
  ( 2015-02-25) Consultar

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Sección Cuarta

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    Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que el Departamento de Antioquia distribuyó la contribución de valorización a cargo de Inversiones Balsora y otros, con ocasión de la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera Caucasia-Nechí.
La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó la nulidad de tales actos, al concluir que se ajustaron a la legalidad, toda vez que el reparto de la contribución se hizo con fundamento en la norma que estaba vigente cuando se configuró el hecho generador del gravamen, esto es, cuando el departamento determinó el beneficio que recibieron los predios de los actores por la ejecución de dicha obra y procedió a distribuir la participación en ese beneficio mediante la aplicación del método y el sistema previstos para el efecto en la referida norma.

Extracto: “En el caso sub-examine, la Ordenanza 26 de 1995 decretó la ejecución y cobro de la obra señalada, mediante el sistema de la contribución por valorización, bajo la vigencia del entonces estatuto de la contribución por valorización del departamento de Antioquia, contenido en las Ordenanzas 66 de 1988 y 50 de 1991; sin embargo, tal circunstancia no puede entenderse como una condicionante, o como una circunstancia creadora de derechos que limite la expedición de la resolución repartidora bajo la normativa vigente al momento de su expedición, porque ésta última norma también hace parte del derecho aplicable e integra el contenido material de la normativa que rige la valorización.
  ( 2015-02-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    Se negó la nulidad de apartes del art. 1º de los Decretos 2645 y 2820 de 2011, ambos expedidos por el Gobierno Nacional y que para formalizar la inscripción en el RUT exigían aportar constancia de la titularidad de una cuenta corriente o de ahorros activa.
La Sala adoptó dicha decisión al concluir que el Gobierno estaba facultado por la Ley 863 de 2003 (art. 19) para reglamentar los requisitos para el efecto y que al hacerlo no excedió la potestad reglamentaria, a la par que la referida exigencia no limita ni restringe la libertad de empresa ni la iniciativa privada, en la medida en que se trata de libertades que no son absolutas, sino que a ellas se oponen deberes o cargas que los particulares deben cumplir en razón de su actividad.

La Sala señaló que el requisito en mención tampoco desconoce el derecho a la igualdad, toda vez que, en contra de la afirmación de la demanda, según la cual no todos los municipios cuentan con servicios financieros, se demostró que la cobertura bancaria nacional es amplia y que son pocos los municipios que no cuentan con ese servicio.

Extracto: “[…] la Sala advierte que el Gobierno Nacional era competente para expedir los decretos acusados y establecer los requisitos para la inscripción en el Registro Único Tributario, como una medida de intervención prevista directamente por el legislador, pues la determinación de las exigencias que deben cumplirse para dicha inscripción, es un asunto que escapa al contenido de lo que debe contener una ley, dada su impersonalidad y generalidad, lo que impide exigir que haya sido la propia ley la que hubiera consagrado aspectos puntuales propios de la facultad reglamentaria de la administración y que, en palabras de las sentencias de la Corte Constitucional antes citadas, requieren adaptarse al dinamismo que caracteriza las relaciones económicas.
  ( 2015-02-25) Consultar

Fuente: Fuente: Soluciones Laborales Corporativas S.A.S – Por Ricaro Luis Barrios López.
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    El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 055 del 14 de enero de 2015 “Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones”.
Esta normatividad tiene por objeto establecer las reglas para la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes que realicen prácticas empresariales, conforme a las siguientes explicaciones:

1° Las practicas que deben ser cubiertas por el Sistema General de Riesgos Laborales, son aquellas que dentro del sistema educativo nacional han sido estructuradas, especialmente, para desarrollar competencias específicas en el estudiante hacia un campo laboral determinado.

En ese sentido tales prácticas son las desarrolladas en los siguientes casos: a) La educación media técnica, b) Los programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores, c) La educación superior y d) Los programas de formación laboral de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

También comprende aquellas prácticas Ad – Honorem que involucren un riesgo ocupacional y que se desarrollan como un requisito para obtener un título, que por disposición de los reglamentos internos de la institución de educación donde se cursen los estudios no cuentan con matrícula vigente.

2º Tratándose de empresas del sector privado, la aplicación de esta normatividad es respecto de estudiantes de instituciones de educación pública o privadas que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral por competencias que los acreditará para el desempeño laboral, que involucre un riesgo ocupacional (probabilidad de exposición a cualquiera de los factores de riesgo a los que puedan estar expuestos los estudiantes).
  ( 2015-02-25) Consultar

Fuente: sectorial.com
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    Pedirle a alguien que se retire de su trabajo es una de las funciones más desagradables en el rol de líder empresarial. Sin embargo, esta situación hace parte del liderazgo y saberlo hacer es esencial para el desarrollo de su compañía y de la persona que debe marcharse.
Teniendo en cuenta esto, a continuación relacionamos errores que se han cometido y que no deben hacer parte del proceso de despido de un empleado.
  • Esperar demasiado para hacerlo
Como líder se busca entregar a los empleados la posibilidad de crecer. Esto es un instinto natural que permite olvidar los errores que los miembros del equipo de trabajo cometen. Recurrentemente el jefe otorga nuevas oportunidades que permitan a las personas a su cargo superar las situaciones negativas y obtener éxito en su rol laboral.

Si bien el acompañamiento es esencial, hay ocasiones en que las personas simplemente no encajan en la cultura organizacional y en este escenario acompañarlos no servirá de nada. El líder sabe cuando esto ocurre. Personas con constante falta de motivación, a quienes ningún plan de estímulo les sirve, todo les da lo mismo, aquellas en que pedirle que se queden hasta tarde o lleguen más temprano a la oficina es tortuoso, cuando se les habla no prestan atención, e incluso en las mañanas ni saludan; son algunas de las señales que muestran que es momento de pedirle que se marche de la empresa.

Una de las funciones como líder radica en identificar a que personas usted puede ayudarles para que corrijan sus errores o si por el contrario este miembro del equipo puede dañar la cultura de su organización. Mantener empleados que no encajan con la misión de la empresa no solamente afectará su negocio, también perjudicará el desarrollo profesional de la persona.
  ( 2015-02-25) Consultar


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