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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-03-13
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    FACTURA - Obligados a expedirla.
La Administración desconoció los costos con fundamento en el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, que exige, para la procedencia de costos y deducciones, las facturas con el cumplimiento de los requisitos señalados en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Esta disposición es concordante con el artículo 618 del Estatuto Tributario, el cual establece la obligación a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija.

Existe una tarifa legal para la comprobación de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, que implica que quien los pretenda hacer valer sólo podrá probarlos aportando la factura o el documento equivalente, sin que sea admisible otro medio de prueba.

De conformidad con el artículo 615 del Estatuto Tributario, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales, o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera deben expedir factura, salvo que se encuentren dentro de las excepciones establecidas en el artículo 616-2 ib. o en los decretos reglamentarios correspondientes.
  ( 2015-03-13) Consultar

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Sección Cuarta

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    Resulta irrelevante para la validez de los actos administrativos, que este acto administrativo preparatorio, haya sido introducido al correo en una fecha anterior.
La sociedad demandante y ahora apelante, alega que hay nulidad de la liquidación oficial, porque la ampliación al requerimiento especial fue notificada el 29 de octubre de 2002, un día antes de la fecha en que se profirió, el 30 de octubre de 2002.

Por lo anterior, resulta irrelevante para la validez de los actos administrativos, que este acto administrativo preparatorio, haya sido introducido al correo en una fecha anterior.
  ( 2015-03-13) Consultar

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Sección Cuarta

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    CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD - Prueba de pasivos con registros contables y documentos idóneos.
PASIVOS - Solo disminuyen el patrimonio aquellos que estén vigentes en el último día del período gravable.

Para resolver, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 282 del Estatuto Tributario, los pasivos que permiten disminuir el patrimonio bruto del contribuyente son aquellos que estén a su cargo y estén vigentes en el último día del periodo gravable. Es decir, que las deudas por las que no deba responder o que se verifique que no estén en vigor al finalizar el año, no pueden aceptarse.

Para acreditar estas circunstancias, los artículos 283 -parágrafo - y 770 del Estatuto Tributario disponen que "los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad.

En este caso, por tratarse de una sociedad comercial obligada a llevar contabilidad, sus deudas deben estar respaldadas, además de sus registros contables, por documentos idóneos que contengan la obligación correspondiente según el origen y la naturaleza del crédito. No se exige que los documentos sean de fecha cierta o auténtica, deben estar respaldados con los soportes internos o externos que justifiquen su registro contable y permitan establecer la clase de pasivo, su procedencia, su vigencia y existencia al final del periodo gravable.

Para la demostración de los pasivos, el legislador estableció una tarifa legal que exige la prueba documental, de tal suerte que si no existe o es incompleta, no puede ser apreciada y por tanto, la deuda se tendrá como no demostrada.
  ( 2015-03-13) Consultar

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Sección Cuarta

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    SALARIO - Definición legal / VACACIONES Al compensarse en dinero integran la base de aportes parafiscales.
Esta Corporación ha señalado al respecto que de acuerdo con las normas laborales, entre ellas, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, etc.).

Y según el 128 ibídem, no son salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y similares).

Tampoco las prestaciones sociales, ni los beneficios o auxilios acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie.

En relación con las vacaciones esta Corporación señaló que "si bien se entiende que no es salario, porque no se trata de una retribución del servicio, sino de un descanso remunerado, (…) no por ello deben excluirse de la base de liquidación de los aportes al SENA, por cuanto a términos del artículo 17 de la Ley 21 de 1982, se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por conceptos de los diferentes elementos integrantes del salario o en los términos de la ley laboral, cualquiera que sea su denominación y además los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales".

Ahora bien, en cuanto a si las vacaciones compensadas en dinero a los trabajadores en misión de una Empresa de Servicios Temporales, constituyen base para liquidar los aportes.

En conclusión, la compensación monetaria de las vacaciones hace parte de la base para el cálculo de los aportes parafiscales y dado que sobre dicha suma no se acreditó su pago, es improcedente su deducción, por disposición expresa del artículo 108 del Estatuto Tributario. En consecuencia este cargo tampoco está llamado a prosperar y deberá confirmarse la sentencia impugnada.
  ( 2015-03-13) Consultar

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    FACTURA - Es responsabilidad del comprador exigirla.
Contrario a lo señalado por la parte actora, independientemente de las sanciones que deban imponerse al proveedor por el incumplimiento de este deber legal, es responsabilidad del comprador exigir la factura o documento equivalente correspondiente, incluyendo el que expide el mismo adquirente de los bienes o servicios cuando realiza operaciones con no obligados a facturar.

Existe una tarifa legal para la comprobación de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, que implica que quien los pretenda hacer valer sólo podrá probarlos aportando la factura o el documento equivalente, sin que sea admisible otro medio de prueba.

Toda vez que en el presente caso, no se aportó la factura o documento equivalente que soporte las deducciones por honorarios y comisiones canceladas a la señora Martha Elisa Monsalve Cuellar, no procede su aceptación y por tanto se confirmará en este aspecto la sentencia recurrida, ya que este cargo no está llamado a prosperar.
  ( 2015-03-13) Consultar

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    SANCION POR INEXACTITUD - Debe levantarse ante la falta de prueba o el cumplimiento de deberes formales.
Para que las certificaciones de contador público o revisor fiscal se consideren pruebas suficientes, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

Deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico.

Para la Sala, estos requisitos no se encuentran en la certificación aportada, pues no permite demostrar los hechos que pretenden probarse, ni indica cuáles son los soportes que sustentan las afirmaciones que allí se hacen.
  ( 2015-03-13) Consultar

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    HECHO GENERADOR DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA - Es el consumo del combustible.
La sobretasa a la gasolina motor y al ACPM fue autorizada a los municipios, distritos y departamentos por la Ley 488 de 1998 (artículo 117). En el Distrito Capital, para el periodo discutido, la sobretasa estaba prevista en el Decreto 352 de 2002, el cual estableció, de acuerdo con el artículo 118 de la Ley 488 de 1998, el hecho generador.

De acuerdo con las anteriores disposiciones, si bien la sobretasa a la gasolina tiene por hecho generador el consumo del combustible, la obligación tributaria surge o se causa no en el momento del consumo sino cuando el distribuidor mayorista, importador o productor enajena el producto al distribuidor minorista o al consumidor final; o cuando el distribuidor mayorista o productor lo retira para su autoconsumo.

El legislador previó ese momento de causación porque a partir de allí se sabe en qué lugar se va a consumir el combustible de acuerdo con el despacho que se haga de la gasolina y el destino que tenga. Por eso, es obligación del distribuidor minorista especificar al distribuidor mayorista el destino final del producto, porque es en esa jurisdicción donde se realizará el hecho generador.

En todo caso, el impuesto se causa antes de que tenga lugar el consumo de la gasolina, es decir, la obligación tributaria nace en el momento en que se enajena el combustible, enajenación que comprende el propósito de consumo en un determinado lugar. Por ello, no es necesario que se lleve a cabo el consumo final de la gasolina o el ACPM para que nazca la obligación de declarar y pagar el tributo.
  ( 2015-03-13) Consultar

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    DECLARACION - Se presenta en el lugar donde se va a consumir la gasolina.
De acuerdo con la factura que relacionó el Tribunal como ejemplo y las demás facturas que obran en los antecedentes, se evidencia que el destino del combustible era el municipio de Soacha, es decir, que el distribuidor minorista le informó al mayorista, la actora, que el destino era otro municipio diferente de Bogotá.

Lo anterior significa que en el momento de la causación, el distribuidor mayorista, responsable de la declaración y pago del tributo, debía cumplir su obligación en el municipio de Soacha y no en Bogotá. También se evidencia con las facturas, que la sobretasa se pagó en el momento de la causación, lo cual significa que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Decreto 352 de 2002, el distribuidor mayorista no vendió la gasolina y el ACPM a una estación de servicio directamente sino a un distribuidor minorista, que, como también lo probó la Administración, era el propietario de varias estaciones de servicios ubicadas tanto en Bogotá como en Soacha y, lo más importante, conforme a la norma señalada, fue quien informó que el destino final del combustible era el municipio de Soacha.

En consecuencia, el hecho de que la factura se expidiera a nombre de una estación de servicio y persona natural, con una dirección en la ciudad de Bogotá, no significaba que ese fuera el destino final para consumo, pues expresamente se señalaba como tal el municipio de Soacha y así se hicieron las ordenes de pedido y las guías de transporte de combustible.
  ( 2015-03-13) Consultar

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    El operador judicial tiene la obligación de basar sus decisiones en las pruebas legal y oportunamente recaudadas, para que un derecho sea reconocido o no conforme al acervo probatorio existente.
La Sala, previo al análisis de fondo, observa que el Juez de segunda instancia, al momento de resolver el recurso de apelación contra sentencias, puede estudiar y decidir las excepciones propuestas o no, por la demandada según al artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

Tales poderes se confieren aun a pesar de la existencia de la regla de la reformatio in pejus, por cuanto el operador judicial tiene la obligación de basar sus decisiones en las pruebas legal y oportunamente recaudadas, para que un derecho sea reconocido o no conforme al acervo probatorio existente.

Como se puede observar si bien es cierto que en principio la DIAN adujo la reserva de los documentos para no expedir copia del expediente, esta respuesta fue provisional por cuanto la sometió a consulta interna en la entidad, y una vez resuelta se pusieron a disposición del contribuyente. Además, los oficios de 17 de agosto, 23 de agosto y 19 de septiembre de 2007, se enviaron por correo certificado a la Diagonal 109 No 31-04 Interior 5 Apto 503, de los cuales el contribuyente anexó con la demanda los dos primeros, sin manifestar que el último oficio con que se le dejaron a disposición las copias en las oficinas de la DIAN no le hubiera llegado.

En consecuencia, aparece demostrado que la DIAN le autorizó la expedición de las copias, y que por tal motivo la parte demandante no estuvo imposibilitada para presentar objeciones al requerimiento especial. Por el contrario, fue la falta de diligencia del contribuyente en retirarlas, lo que sin justificación le llevó a dejar de responder el requerimiento especial, siendo en principio inexistente la violación al debido proceso, lo que llevaría en principio a revocar el fallo apelado y negar el primer cargo de nulidad.
  ( 2015-03-13) Consultar

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    PRESTACION DE SERVICIOS - La prueba es la factura no declaraciones extrajuicio.
El esfuerzo de la parte demandante de probar, mediante declaraciones extrajuicio y testimonios, el valor de los ingresos por honorarios, desconoce que la prueba testimonial en materia tributaria tiene una limitación en cuanto a su eficacia, porque según el artículo 752 del Estatuto Tributario esta " no es admisible para demostrar hechos que de acuerdo con normas generales o especiales no sean susceptible de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que por su naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos" (…).

Al respecto obsérvese, que según el artículo 615 del Estatuto Tributario, son deberes formales de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias y en especial de quienes ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a ellas, el expedir la factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen.

Por tanto, no eran de recibo dichas declaraciones extrajuicio que, además de ser pruebas sumarias, fueron aportadas en el recurso de reconsideración y no como lo dispone para su validez el artículo 751 del mismo ordenamiento, es decir, que su recaudo debió producirse "antes de haber mediado requerimiento o practicado liquidación" para "quien los aduzca como prueba".
  ( 2015-03-13) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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    CONDENA EN COSTAS - condena a favor de la parte vencedora. Puede pactarse que sean a favor del apoderado.
La Sala ha precisado que "la institución de la condena en costas es una figura del derecho procesal que busca sancionar al litigante o parte que resulta vencida, en un proceso o incidente o un recurso. Igualmente, en el concepto de costas se ha distinguido entre el reembolso de los gastos necesarios para la atención del proceso y el equivalente a los honorarios profesionales que la parte vencedora hubo se sufragar a un profesional del derecho en la modalidad de "agencias en derecho."

Por regla general las costas del proceso son una condena que se reconoce en favor de la parte vencedora. Sin embargo, el poderdante y su apoderado pueden modificar tal situación y acordar que las costas del proceso correspondan al mandatario, pacto lícito en cuanto no afecta la relación jurídica de las partes en contienda, los términos procesales y las resultas del proceso, y que no se encuentra expresamente prohibido por el legislador.

La suma pagada por el Departamento del Huila por costas del proceso fue de $86.822.604, que comprendían los gastos del proceso y agencias en derecho que fueron estimadas por el juzgado en la suma de $57.734.888. Así mismo, los gastos del proceso se destinaron a reembolsar los dineros sufragados por el apoderado para que llevara hasta su terminación el proceso laboral de fuero sindical, y no podrían ser considerados como un ingreso en materia del impuesto de renta, porque corresponden a la recuperación de gastos.

Sin embargo, respecto de las agencias en derecho, estos eran honorarios profesionales que en lugar de sufragar los estipendios pagados por el mandante a su apoderado, en este caso lo vinieron a remunerar directamente, por cuanto su poderdante le cedió tales agencias que constituyen un ingreso en cuanto al impuesto de renta.
  ( 2015-03-13) Consultar

Consejo de Estado
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    SANCION POR INEXACTITUD - Procede cuando no se declaran ingresos.
En criterio de la Sala, según el artículo 647 del Estatuto Tributario se produce la sanción de inexactitud entre otros, cuando en las declaraciones tributarias haya omisión ingresos, y que de ello se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

En este caso se demostró que el contribuyente omitió consignar en la declaración privada valores constitutivos de ingresos en materia del impuesto de renta por concepto de honorarios profesionales y agencias en derecho. Así mismo, no desvirtuó que estos no fueran ingresos en el impuesto de renta, como tampoco que parte de estos pertenecieran a un tercero a quien efectivamente le fueron entregados o pagados por el contribuyente, con lo cual, además de incumplir con el deber de asumir la carga de la prueba, se demostró que la conducta del contribuyente se adecuó al artículo 647 de Estatuto Tributario.

Adicionalmente, no es de recibo que el contribuyente hubiere obrado de buena fe, porque la causal aceptada por el legislador es la diferencia de criterios, que la parte demandante pretendió justificar con la aplicación de un concepto de la DIAN el cual no había sido expedido al momento de presentar la declaración, y bajo el soporte de definiciones e interpretaciones propias o personales, sobre ingresos en materia de renta, que desconocen la normativa vigente, se negará el cargo.
  ( 2015-03-13) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
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    La impugnación solo podrá ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reunión en la cual sean adoptadas las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser inscritos en el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se contarán a partir de la fecha de inscripción.
Consulta:
Me refiero a su escrito, recibido vía correo electrónico, radicado en esta entidad con el número 2015- 01- 009229, mediante el cual, previa las consideraciones allí expuestas, formula una consulta sobre a partir de qué momento se cuenta el plazo para impugnar las actas de asamblea de accionistas y competencia para conocer de dicha impugnación, en los siguientes términos:
  • 1. ¿Desde qué momento se empieza a contar el plazo para impugnar cuando la asamblea ha nombrado una Comisión para aprobar el acta y esta se toma un tiempo para aprobar la misma?

  • 2. ¿Desde qué momento se empieza a contar el plazo para impugnar cuando la Comisión nombrada no aprobó el acta y solo en una asamblea o junta de socios posterior se aprueba la misma?

  • 3. ¿Sí la Superintendencia de Sociedades como órgano jurisdiccional, tiene competencia para conocer de la impugnación de un acta de asamblea de accionistas de una sociedad anónima, cuyos estatutos sociales, si bien son anteriores al 12 de marzo de 2012, contienen una cláusula compromisoria que cubre cualquier controversia entre los socios o que se presente entre ellos y la sociedad?
  ( 2015-03-13) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
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    Es deber del representante legal de la sociedad, convocar al máximo órgano social, para que así reunido reconozca formalmente la causal de disolución por vencimiento del término de duración de la sociedad, y luego sí proceder a la liquidación de la compañía, teniendo en cuenta para ello el procedimiento previsto en la ley en el artículo 225 y siguientes del Código de comercio, el cual es de obligatorio cumplimiento.
Consulta:
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2015-01017898, mediante la cual formula una consulta, previa la exposición de algunos hechos:

"Se necesita liquidar una sociedad en comandita simple, cuyo término de duración según los estatutos, venció. Sin embargo de acuerdo a los estatutos, para decidir la aprobación de la liquidación por la junta de socios, se requiere el voto favorable del socio gestor y de un número plural de socios comanditarios que represente por lo menos el 70% de las cuotas en que se divide el capital social.

El problema radica en que uno de los socios no ha querido comparecer para dar su voto favorable y sin él es imposible obtener el número de votos requeridos.
  • Se consulta si por el hecho de terminar la duración de la sociedad, de ipso jure opera la liquidación de la sociedad, pues esta ya se encuentra disuelta, y el representante legal puede liquidar el ente sin la aprobación de la Junta de socios, pues su disolución y el estado de liquidación fue generado por mandato legal.

  • Que otra solución se puede dar en caso de ser obligatoria la aprobación de la liquidación por parte de la Junta de socios.".
  ( 2015-03-13) Consultar

Fuente: Gerencie
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    La reforma tributaria tiene puntos neurálgicos que necesitan resolverse lo más pronto posible. Ejemplo de ello, es la remisión de las normas de renta aplicables al CREE, la depuración de la base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria, y la limitación de costos y deducción a lacategoría de empleados por la renta exenta del 25%.
Precisamente este último punto es el que queremos analizar hoy, a la luz de los decretos reglamentarios. Aclaramos que es a la luz de estos, y no a la luz de la doctrina o la ley, pues como ya lo vimos en el especial de personas naturales determinar la categoría tributaria depende desde la óptica que se mire.

Inicialmente las personas naturales no se preocuparían por el artículo 26 de la reforma tributaria, en tanto no sean empleados, o independientes asimilados a empleados. De allí que lo que queremos resaltar es que esta norma puede afectar a cualquier persona naturalindependientemente de la actividad que realice. Veamos porque.

El decreto 3032 de 2013 estipuló un sistema de conjuntos para clasificarse dentro de la categoría de empleados, en el numeral 2 del artículo 2 del decreto se lee:

Conjunto 2:
  • a). Sus ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica, mediante una vinculación de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación, y

  • b). No presta el respectivo servicio, o no realiza la actividad económica, por su cuenta y riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior
Como se resalta, simplemente con realizar cualquier actividad económica, pero ¿Qué es realizar una actividad económica? Cualquier cosa, llámese arrendamientos, rentas de capital, vender bienes, construir, etc. Realizar esa actividad en una proporción superior al 80% y NO TENER cuenta y riesgo propio, se es empleado. Entonces toma fuerza la definición de cuenta y riesgo propio.
  ( 2015-03-13) Consultar


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