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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-04-16
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

La relación jurídica tributaria es un vínculo jurídico complejo que surge entre el Estado y quienes realizan los hechos generadores de tributos, y que comprende tanto la prestación de dar, constitutiva de la obligación sustancial originada al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y cuyo objeto es el pago del mismo para atender las cargas públicas; como las prestaciones de hacer y no hacer, referentes a las obligaciones formales para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria principal de pago, generalmente asociadas a los deberes que tienden a facilitar y determinar la obligación tributaria sustancial, y a facilitar la recaudación de los tributos. Dentro de este contexto, la autoridad fiscal ostenta la potestad fiscalizadora para realizar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.

Dicha potestad se materializa a través de las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 684 del Estatuto Tributario. Tales facultades permiten a la Administración de Impuestos comenzar, por auto interno de apertura de investigación, las averiguaciones o indagaciones preliminares dirigidas a establecer si hay lugar a esa debida determinación a través de las liquidaciones oficiales que estableció el legislador, de acuerdo con el procedimiento regulado en el título IV del Estatuto Tributario (arts. 686 a 719-2).

Al amparo de esa regulación legal, la actuación para proferir liquidaciones oficiales de revisión, como la que aquí se demanda, presupone la formulación de un Requerimiento Especial como acto administrativo de trámite que contiene una propuesta de modificación de la declaración privada, concretamente orientada a adicionar impuestos, anticipos y retenciones e imponer la sanción correspondiente.
  ( 2015-04-16) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Las diligencias y recaudo de pruebas previas al requerimiento, son propias de las facultades de fiscalización que, en ejercicio de la potestad tributaria, la Administración de Impuestos puede ejercer cuando lo considere pertinente, sin que la norma haya limitado su uso a alguna etapa especial del trámite, ya sea preliminar, ora posterior al requerimiento abierto.

En consecuencia, siendo que el auto que abre la investigación es simplemente una forma de controlar el inicio de las investigaciones preliminares al comenzar la actuación tributaria, su expedición es meramente facultativa y su falta de notificación no vicia de nulidad el procedimiento de determinación oficial del impuesto a través de la liquidación oficial de revisión, ni viola el derecho de defensa del investigado, comoquiera que no es el acto administrativo que inicia la actuación tributaria de determinación en su contra, ni contiene decisión alguna que lo afecte y que, en esa medida, deba notificársele de acuerdo con el artículo 565 del Estatuto Tributario.
  ( 2015-04-16) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • CONTADOR PUBLICO - Debe intervenir en la diligencia de inspección contable. Función. Objeto

  • NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE - Lo hace cuando no la realiza un contador público. Valor probatorio
La legislación tributaria consagró la inspección contable como un medio de prueba autónomo que implica la constatación directa de los libros o documentos contables del contribuyente o de terceros obligados a llevar contabilidad, con el fin de verificar la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de obligaciones formales, así como de establecer la existencia de hechos gravados o no.

Dicho medio probatorio puede decretarse tanto en las investigaciones previas al inicio del proceso de determinación oficial del impuesto, derivando una actuación administrativa particular y concreta (Estatuto Tributario, art. 782, inc. 5); como posteriormente al requerimiento especial que marca dicho inicio (art. 710 ibídem).

Así, el artículo 782 del Estatuto Tributario facultó a la Administración para ordenar la práctica de la inspección y dispuso que de la misma debía extenderse un acta suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes, sin que la reticencia de éstas a firmarla afecte el valor probatorio de la diligencia, aunque de tal hecho debe dejarse constancia en el acta respectiva.

A su vez, el artículo 271 de la Ley 223 de 1995 previó que las inspecciones contables deben realizarse bajo la responsabilidad de un contador público, y que la diligencia sin tal requisito es nula.

En estricto sentido, dicha responsabilidad supone, de una parte, el direccionamiento u orientación de la diligencia por parte del profesional mencionado, como forma de garantizar que el medio probatorio cumpla su finalidad intrínseca, en cuanto implica análisis y verificaciones de tipo contable; y, de otro lado, el hecho de que el responsable asume la debida practica de la inspección conforme con los parámetros legales vigentes, así como el cuidado requerido para que su desarrollo no se vea afectado por ningún tipo de irregularidad.
  ( 2015-04-16) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • ACTA DE INSPECCION CONTABLE - Valor probatorio.

  • COSTOS DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - Procedencia. Pruebas.
El método aplicado está referido a la presunción de omisión de ingresos constitutivos de renta líquida gravable, regulada en el artículo 760 del Estatuto Tributario, frente a la comprobación de omisión de registro de compras destinadas a las operaciones gravadas, de acuerdo con el cálculo del respectivo margen de utilidad.

En este punto debe recordarse que, al tenor del mismo artículo 782 del Estatuto Tributario, los datos que aparecen en el acta se entienden fielmente tomados de los libros del contribuyente, y que ella - el acta -, como tal, forma parte de la actuación que en su contra origina la inspección, constituyendo una formalidad adicional que no suple el objeto específico de la prueba, cumplido en su integridad.

De igual forma, la norma mencionada dispuso que la falta de firma del acta porque alguna de las partes se niegue a suscribirla, no afecta el valor probatorio de la diligencia. Más allá de ello, es claro que el contribuyente atendió y participó en la diligencia de inspección entregando los documentos que le solicitaron los funcionarios comisionados (párrafo 2 de la pág. 1 del acta), conoció sus resultados cuando se le notificó el requerimiento especial dado que, se repite, el acta forma parte de la actuación iniciada, e inclusive aceptó parcialmente la adición de ingresos que propuso el requerimiento especial y en tal sentido corrigió la declaración de renta, el 15 de junio del 2004.

En consecuencia, los ingresos del cuarto bimestre del 2001 establecidos con base en el método de presunción y corroborados a través de la inspección contable que se practicó ($5.996.596.000), no merecen reparo alguno, como tampoco el margen de utilidad calculado a partir de los mismos, margen que, en todo caso, el contribuyente no desvirtuó; por el contrario, con base en dicho método adicionó ingresos en su declaración cuando presentó su respectiva corrección por la vigencia discutida.
  ( 2015-04-16) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • FACULTAD DE FISCALIZACION E INVESTIGACION - Actividades que se despliegan.
Según el artículo 746 del Estatuto Tributario, se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija.

De acuerdo con lo anterior, le corresponde, en principio, a la Administración desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias utilizando las amplias facultades de fiscalización e investigación que la ley le atribuye para obtener las pruebas correspondientes.

Pero también puede solicitar al contribuyente la comprobación de los requisitos específicos que la ley exige para el reconocimiento de un descuento, exención, ingreso no gravado, costo, deducción, pasivos, etc. El artículo 684 del Estatuto Tributario es claro en señalar las actividades que puede desplegar la Administración Tributaria en el ejercicio de la facultad de fiscalización e investigación, a saber:
  • a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
  • b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
  • c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
  • d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.
  • e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
  • f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.
  ( 2015-04-16) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • DILIGENCIA DE VERIFICACION Y CRUCE DE INFORMACION - Su realización no vulneran el debido proceso del contribuyente
Los artículos 560 y 688 del Estatuto Tributario fijan en el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Tributaria la competencia para proferir los actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, y en los funcionarios de esa unidad la facultad de adelantar las actuaciones preparatorias.

También tienen facultades de fiscalización tributaria los jefes de las divisiones y dependencias, así como los profesionales de la misma entidad en quienes se deleguen tales funciones. Entre los actos de trámite que puede proferir la Administración Tributaria están los autos de verificación o cruce de información, cuya finalidad es la de obtener la información o las pruebas necesarias para corroborar la información declarada por el contribuyente.

  • Esta Sala ha sido enfática en señalar que las actas de visita expedidas en cumplimiento de los autos de verificación o cruce no son actos previos de formulación de cargos, sino medios de prueba que dan fe de los hechos verificados directamente por la Administración en desarrollo de las amplias facultades de fiscalización e investigación que le asisten, y de los hechos acontecidos en el transcurso de la diligencia.
Sin embargo, cuando se trata de simples cruces de información o autos de verificación, no resultan aplicables los artículos que fijan las formalidades para la inspección contable y para la inspección tributaria. Y, en consecuencia, tampoco puede asimilarse el "acta de visita", producto de los cruces de información o del auto de verificación, a un "acta de inspección contable" o a un "acta de inspección tributaria", por lo tanto, no sujeta a las formalidades de estas últimas.
  ( 2015-04-16) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • FECHA CIERTA DE EXPEDICION - Se exige para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, para los documentos equivalentes a la factura que expidan
  • DOCUMENTO PRIVADO - Tiene fecha cierta o auténtica desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa
Para efectos de la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto Tributario señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, y que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que legalmente se establezcan.

De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción.

Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.

Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones. En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. son pruebas que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades.
  ( 2015-04-16) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • ACTO DEFINITIVO - Lo es el que declara la improcedencia del beneficio de auditoria: no es acto de trámite
Para la Sala el contenido del acto demuestra a las claras que no es un simple auto de trámite pues no se limita a ordenar el archivo de un expediente, que por lo demás se abrió oficiosamente, sino que contiene una decisión unilateral definitiva de la administración como es la de declarar que no procede el beneficio de auditoría, determinación que sin duda crea una situación jurídica concreta como es la de excluir del beneficio a la sociedad, luego de haberla inducido a efectuar la corrección.

Expedido el auto, no se le notificó a la contribuyente como lo admite la Administración, fue una actuación oculta, como lo anota el demandante y por consiguiente no se le dio la oportunidad de controvertirlo en la vía administrativa.

Destaca la Sala de otro lado la conducta incoherente de la Administración en este proceso, pues aunque acepta que no se notificó el acto demandado, esgrime la excepción de inepta demanda con fundamento en la caducidad de la acción y la falta de agotamiento de la vía gubernativa, sin tener en cuenta que por su omisión, la contribuyente no conoció el acto y no se le dio la oportunidad de discutir su legalidad.

Olvida así que ante la justicia nadie puede aspirar a obtener beneficios derivados de su propia culpa - Nemo auditur turpitudiem allegans.
  ( 2015-04-16) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Conforme con los hechos probados, precisa la Sala que, de conformidad con el artículo 697 del E.T., la liquidación de corrección aritmética tiene por finalidad corregir los errores aritméticos que presentan las declaraciones tributarias, que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a favor para compensar o devolver.

Por su parte, el artículo 698 ibídem faculta a la Administración para corregir los errores aritméticos de las declaraciones tributarias que se encuadren en los presupuestos del artículo 697. Adicionalmente, el artículo 701 del E.T. prevé que cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiere liquidado en la declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado de manera incorrecta, la administración las liquidará, incrementadas en un 30%.

En numerosas oportunidades esta Corporación ha establecido que la liquidación de corrección aritmética tiene como única finalidad corregir los errores resultantes de operaciones matemáticas y, en general, confusiones de orden numérico, que no alteran de fondo los datos básicos de la declaración.

También se ha considerado que mediante el procedimiento de corrección aritmética no pueden debatirse aspectos de fondo, pues, el sólo hecho de que la Administración tuviere que hacer planteamientos en relación con el origen y naturaleza de los valores declarados, implica que el error no era sólo aritmético, sino que se trataba de un asunto de fondo que no puede ventilarse mediante una liquidación de corrección aritmética.

En efecto, si bien el numeral 3º del artículo 697 del E. T. señala que se presenta error aritmético cuando al efectuar cualquier operación aritmética resulte un valor equivocado que implique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver, debe partirse del supuesto de que hay una operación aritmética mal calculada, en primer lugar, y que ésta arroja como resultado un menor valor a pagar o el mayor saldo a favor, en segundo.
  • Si no se dan ambas condiciones no se configura ninguna de las causales de error aritmético. Por lo tanto, la Administración debe establecer ambos presupuestos para proceder a corregir el yerro por medio de la liquidación de corrección aritmética.
  ( 2015-04-16) Consultar


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