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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-04-27
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

FACULTAD DE FISCALIZACION E INVESTIGACION - Actividades que se despliegan.

Según el artículo 746 del Estatuto Tributario, se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija.

De acuerdo con lo anterior, le corresponde, en principio, a la Administración desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias utilizando las amplias facultades de fiscalización e investigación que la ley le atribuye para obtener las pruebas correspondientes.

Pero también puede solicitar al contribuyente la comprobación de los requisitos específicos que la ley exige para el reconocimiento de un descuento, exención, ingreso no gravado, costo, deducción, pasivos, etc. El artículo 684 del Estatuto Tributario es claro en señalar las actividades que puede desplegar la Administración Tributaria en el ejercicio de la facultad de fiscalización e investigación, a saber:
  • a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
  • b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
  • c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
  • d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.
  • e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
  • f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.
  ( 2015-04-27) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

DILIGENCIA DE VERIFICACION Y CRUCE DE INFORMACION - Su realización no vulneran el debido proceso del contribuyente

Los artículos 560 y 688 del Estatuto Tributario fijan en el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Tributaria la competencia para proferir los actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, y en los funcionarios de esa unidad la facultad de adelantar las actuaciones preparatorias.

También tienen facultades de fiscalización tributaria los jefes de las divisiones y dependencias, así como los profesionales de la misma entidad en quienes se deleguen tales funciones. Entre los actos de trámite que puede proferir la Administración Tributaria están los autos de verificación o cruce de información, cuya finalidad es la de obtener la información o las pruebas necesarias para corroborar la información declarada por el contribuyente.

Esta Sala ha sido enfática en señalar que las actas de visita expedidas en cumplimiento de los autos de verificación o cruce no son actos previos de formulación de cargos, sino medios de prueba que dan fe de los hechos verificados directamente por la Administración en desarrollo de las amplias facultades de fiscalización e investigación que le asisten, y de los hechos acontecidos en el transcurso de la diligencia.

Sin embargo, cuando se trata de simples cruces de información o autos de verificación, no resultan aplicables los artículos que fijan las formalidades para la inspección contable y para la inspección tributaria. Y, en consecuencia, tampoco puede asimilarse el "acta de visita", producto de los cruces de información o del auto de verificación, a un "acta de inspección contable" o a un "acta de inspección tributaria", por lo tanto, no sujeta a las formalidades de estas últimas
  ( 2015-04-27) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

FECHA CIERTA DE EXPEDICION - Se exige para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, para los documentos equivalentes a la factura que expidan.

DOCUMENTO PRIVADO - Tiene fecha cierta o auténtica desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa.

Para efectos de la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto Tributario señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, y que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que legalmente se establezcan.

De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción.

Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.

Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones. En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. son pruebas que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades.
  ( 2015-04-27) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

FACULTAD DE FISCALIZACIÓN - Término para exhibición de libros de contabilidad

El término para exhibir libros de contabilidad debe ser respetado por la Administración, de manera que ésta, antes de vencerse, solicita la exhibición de los libros de contabilidad, incurre en pretermisión de dicho plazo y en consecuencia, en ese caso, por el contrario, la Administración ha respetado tal término y los ha solicitado con posterioridad a su vencimiento, como ocurrió en el presente caso, se estaría violando el derecho de defensa del contribuyente no puede afirmarse que se haya violado el derecho de defensa y que por ende la Administración haya perdido la facultad para solicitar su presentación, puesto que en este evento la ley no establece un término preclusivo para la Administración; por tanto el hecho de que ésta no se presente exactamente al día siguiente de vencerse el término sino pasados unos días, no genera violación alguna al derecho de defensa y tampoco del pretranscrito artículo 2° del Decreto 1354 de 1987.

En efecto, la solicitud debe efectuarse por escrito mediante auto, el cual se notifica en los términos que consagra el Artículo 565 del Estatuto Tributario (forma), la misma debe efectuarse en las oficinas o establecimientos del contribuyente obligado a llevar libros de contabilidad (lugar); y en cuanto al tiempo, si bien no señala un momento específico de la exhibición, al determinar el objeto de la misma, que no es otro diferente, a la verificar la exactitud de las declaraciones o para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, se colige, que la solicitud de exhibición de los libros de contabilidad puede efectuarla la Administración en cualquier momento (tiempo) dentro del proceso de investigación y determinación, y aun en la etapa de discusión del impuesto.

Por consiguiente, a juicio de la Sala, no resulta aplicable al sub lite, el Artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, que trata sobre "La solicitud y decreto de la inspección judicial" puesto que tal aspecto tiene su propia regulación en el procedimiento tributario; razón por la cual prevalece lo dispuesto al respecto en la norma especial.

De igual modo, el procedimiento tributario consagra un término de gracia a favor del contribuyente para presentar los libros de contabilidad, una vez conocida la solicitud respectiva, el cual, es de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en la cual se solicita por escrito su presentación, o de ocho días, cuando la solicitud se efectúa por correo.
  ( 2015-04-27) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Consulta:
  • Consulta en el escrito de la referencia, si el articulo 29 del Decreto 3050 de 1997, al referirse a las retenciones que debe efectuar el mandante al mandatario por pagos, solo hace alusion a la retención en la fuente sobre honorarios, o aplica a las comisiones por la intermediación y/o administración delegada.
Considera este Despacho que al referirse el articulo 29 del Decreto 3050 de 1997, tanto a los contratos de mandato, como a la administración delegada, reconocida en la doctrina mencionada como una modalidad del contrato de mandato, el mandante debe practicar retención en la fuente sobre el valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados a favor del mandatario tanto por concepto de honorarios como por concepto de comisiones originadas en contratos de administración delegada y declararla y pagarla en cumplimiento de lo preceptuado en los artfculos 375, 376 y 605 del Estatuto Tributario.
Rincon del Mar


  ( 2015-04-27) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Consulta:
Mediante la comunicación en referencia refiere usted, que realizó un giro mediante transferencia para el pago de valores correspondientes a las facturas de importación de mercancías que despacho su proveedor, que los valores transferidos fueron devueltos por el banco de su proveedor en el exterior, que ante la imposibilidad de realizar los pagos al proveedor la consulta fue realizada ante el Banco de la República y esta entidad les informó "ha cumplido con la obligación legal de girar el dinero dentro de los términos establecidos" , pero ante la imposibilidad de realizar el pago efectivamente, consulta:
  • 1. Mediante que otro mecanismo se puede hacer el pago correspondiente a estas facturas soporte de importaciones?

  • 2. Si el proveedor no legaliza su situación en el exterior, cuál seria el procedimiento a seguir para realizar los pagos?

  • 3. Cuál sería el procedimiento tributario indicado para una obligación de pago con un proveedor del exterior que no se ha realizado?

  • 4. Los giros de divisas devueltos por el intermediario del mercado cambiario, ante la imposibilidad de realizar los pagos al proveedor en el exterior. deben ser informados?
Rincon del Mar


  ( 2015-04-27) Consultar

Ministerio de Salud y Protección Social
Consulta:
Procedente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, hemos recibido su comunicación, por la cual consulta sobre la obligación de pagar aportes a la seguridad social frente a la ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de carrocerías. En El entendido de que se trata de contratos de prestación de servicios.

Si el contrato a que alude su consulta fue celebrado como contrato de prestación de servicios y fue suscrito como persona jurídica (Santandereana de Carrocerías), el pago de los aportes a la seguridad social, deberá acreditarse respecto de los trabajadores vinculados laboralmente por la empresa, no siendo viable por ello que se exija acreditar el pago de aportes sobre el 40% del valor mensualizado del contrato.

No obstante, si el contrato aludido fue celebrado como persona natural, quien suscribió el contrato deberá acreditar el pago de los aportes propios a la seguridad social con la base prevista en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, evento en el que también deberá demostrarse, el pago de los aportes a la seguridad social de los trabajadores que haya vinculado laboralmente.
Rincon del Mar


  ( 2015-04-27) Consultar

Ministerio de Salud y Protección Social
Consulta:
Respetado señor:
  • Hemos recibido su comunicación, mediante la cual consulta sobre la forma de pagar la incapacidad de origen común, de una persona con dos contratos laborales y dos contratos de prestación de servicios.
Al respecto, nos permitimos precisar lo siguiente:
El artículo 2061 de la Ley 100 de 19932, establece que para los afiliados al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS, es decir los cotizantes, tienen derecho a que, a través de las EPS, se les reconozca el valor de la incapacidad por enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El Código Sustantivo del Trabajo preceptúa en el artículo 227, que en caso que un trabajador empleado presente una incapacidad para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que se le pague por parte del empleador un auxilio monetario hasta por (180) días, así: las 2/3 partes del salario durante los 90 días y la mitad del salario por el tiempo restante.

  • En el evento que la incapacidad se produzca dentro de una relación laboral existiendo dos de forma paralela, por las cuales cotiza, la incapacidad debe reconocerse sobre la totalidad de ingresos por los cuales aporta en salud, recordando para el efecto que en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 657 del Decreto 806 de 1998, toda persona se encuentra en la obligación de cotizar sobre la totalidad de ingresos que se perciban de forma simultánea.


  • Para el caso de los contratitas cuando estos ejecutan varios contratos de forma simultanea y por lo que cotiza en salud, aplica también lo previsto en el párrafo anterior.
Rincon del Mar


  ( 2015-04-27) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
Consulta:
Me refiero a su escrito enviado a través de la página web de esta entidad y radicado con el número citado, mediante el cual formula una consulta relacionada con el ejercicio derecho de inspección en la sociedades anónimas, la cual con el alcance previsto en artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, será resuelta a partir de la doctrina que sobre el tema ha emitido esta Superintendencia, atendiendo que para el caso de tales sociedades el derecho aludido se encuentra regulado en el artículo 447 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 48 de la Ley 222 de 1995.

“…el derecho de inspección permite a los socios o accionistas que son ajenos a la administración, acceder a los documentos de la compañía, para poder enterarse del estado de los negocios sociales, sin que tengan derecho a tomar fotos, copiar por cualquier medio o capturar a su discreción la imagen de tales documentos, pues, como es sabido, el derecho de inspección no puede ir más allá de la posibilidad que tienen los socios de revisar, estudiar y analizar la información respectiva, en los términos y condiciones a que haya lugar según el tipo de sociedad de que se trate. Tampoco pueden examinar los documentos en forma ilimitada, toda vez que la inspección apunta a verificar el contenido de los documentos, sin que tengan derecho a pedir copias, dado que se desbordaría la naturaleza del derecho de inspección. No obstante, mediando autorización del máximo órgano social, los socios pueden sacar las fotocopias que consideren necesarias y que estén íntimamente relacionadas con los temas subexamine, o solicitarlas directamente a la administración.”

De otra parte, en cuanto hace a la entrega de dispositivos de memoria electrónica en las asambleas que no pueden consultarse, esta Entidad no encuentra ninguna objeción al respecto, pues el derecho de inspección como es sabido, no comporta para la sociedad la obligación de entregar ningún elemento o medio físico.
Rincon del Mar


  ( 2015-04-27) Consultar


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