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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-05-05
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • SANCION POR NO DECLARAR - Es la consecuencia por no presentar la declaración. Acto previo a la liquidación de aforo.

  • LIQUIDACION DE AFORO - Procede después de expedir el emplazamiento.
De conformidad con las normas transcritas, el trámite que se adelanta contra los obligados a declarar, que omitan el cumplimiento del deber de presentar la correspondiente declaración tributaria, se inicia con el denominado emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la Administración invita a los que previamente haya comprobado que están obligados, para que cumplan ese deber dentro del término de un (1) mes y les advierte de las consecuencias en caso de persistir en su omisión.

La consecuencia de no presentar la declaración respectiva, dentro del término que otorga el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar, prevista en el ordenamiento jurídico, que para el caso, está señalada en el artículo 345 del Acuerdo 041 de 1998.

Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario, dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, la administración puede determinar mediante liquidación oficial de aforo la obligación tributaria de quien no haya declarado, según lo dispuesto en el artículo 717 íb.

En suma, el procedimiento de aforo comprende 3 etapas a saber: el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. El emplazamiento, si bien es un acto de trámite, su expedición previa es requisito de validez para el debido adelantamiento del proceso de aforo; así también debe ser previa la sanción por no declarar, a la determinación oficial del tributo.
  ( 2015-05-05) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • SANCION POR NO DECLARAR - Procede cuando no se ha presentado declaración.

  • EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR - Es el acto previo a la imposición de la sanción por no declarar.
Observa la Sala que acorde con lo señalado por el a quo, el artículo 642 del Estatuto Tributario sólo se aplica cuando el declarante presenta su declaración con ocasión del emplazamiento para declarar.

En el caso concreto, toda vez que la Compañía Panameña de Aviación COPA AIRLINES presentó las declaraciones de ICA sólo con ocasión a la interposición del recurso de reconsideración en contra de las resoluciones sancionatorias (determinando la correspondiente sanción por extemporaneidad) en tal instancia no era procedente la determinación de la sanción atendiendo al artículo 642 del Estatuto Tributario, sino la sanción por no declarar establecida en el artículo 643 ib, tal como lo efectuó la administración tributaria.

Como quedó anotado anteriormente, la ley sólo estableció como acto previo a la imposición de la sanción por no declarar el emplazamiento para declarar, sin que al efecto hubiera previsto que adicionalmente debía formularse pliego de cargos.
  ( 2015-05-05) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN VARIOS MUNICIPIOS - Se determina a través de los registros contables del contribuyente

  • CARGA DE LA PRUEBA - Le corresponde al contribuyente / CONTABILIDAD - Permite determinar el quantum de la base gravable del impuesto de industria y comercio en cada municipio
Los ingresos obtenidos por COPA AIRLINES, declarados como actividad de servicios durante los años gravables 2001 a 2004, tienen su origen en la totalidad de las ventas efectuadas por tiquetes de transporte aéreo de pasajeros; sin embargo, la venta de tiquetes aéreos no se realiza totalmente en la jurisdicción del Municipio de Soledad, razón por la cual la Administración tributaria se equivoca cuando pretende gravar la totalidad de los ingresos por ventas de tiquetes que se realizan en la ciudad de Barranquilla.

Observa la Sala que con la expedición de la Ley 14 de 1983 se operó un cambio fundamental en el impuesto de industria y comercio, toda vez que el gravamen no se hizo depender de la existencia de un establecimiento comercial, como era antes, si no de la realización de actividades industriales, comerciales o de servicio dentro del territorio de un municipio.

Trazó así la ley el marco legal del impuesto de industria y comercio pero omitió señalar normas con relación al lugar en donde debía entenderse realizado el ingreso por el contribuyente, especialmente cuando los sujetos pasivos desarrollan actividades en varios municipios y más aún en casos como el del sub-lite cuando la actora para realizar su actividad necesariamente utiliza el territorio de otros municipios, siendo imposible determinar si el ingreso se causa donde se vende el tiquete, el sitio de abordaje, el de destino de la nave y sí también se causa al sobrevolar el territorio de otros municipios, evento en el cual todos los municipios podían gravar proporcionalmente el ingreso.
  ( 2015-05-05) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Aunque se hagan por fuera del término establecido no significa que la infracción tributaria no se haya cometido

  • SANCION REDUCIDA - Procede cuando se presentan las declaraciones aunque por fuera del término legalmente establecido
En relación con la responsabilidad probatoria en el proceso tributario, el artículo 746 del Estatuto Tributario señala que:
  • "Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija."
De acuerdo con lo anterior, le corresponde en principio a la Administración desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias utilizando las amplias facultades de fiscalización e investigación con las que cuenta para obtener las pruebas correspondientes.

Pero también puede solicitar al contribuyente la comprobación de los requisitos específicos que la ley exige para el reconocimiento de un descuento, exención, ingreso no gravado, costo, deducción, pasivos, etc. Como lo ha señalado la Corporación, la presunción de veracidad de las declaraciones tiene como condición que sobre lo hechos allí consignados no se exija una comprobación especial.

"Esta condición tiene por finalidad hacer efectivos la facultad y el deber de investigar y fiscalizar que tiene la Administración tributaria e impedir que el contribuyente escudado en la presunción de veracidad obstaculice la labor de inspección y se niegue a comprobar los hechos cuando así se requiera en ejercicio del control sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
  ( 2015-05-05) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • FACULTAD DE REGISTRO - Finalidad. En su desarrollo la DIAN puede tomar las medidas para evitar que se alteren, se oculten o se destruyan las pruebas, mediante su inmovilización y aseguramiento.


  • ACTO ADMINISTRATIVO DE TRAMITE - Es de mero impulso de la actuación y no decide nada sobre el asunto debatido, pero instrumenta la decisión final o definitiva. No es impugnable ante la Jurisdicción. Si pone fin o impide continuar la actuación puede ser definitivo
Las resoluciones y oficios demandados se fundamentan en el artículo 779-1 del Estatuto Tributario, que reza:
  • FACULTAD DE REGISTRO. La Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales podrá ordenar mediante Resolución motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositario de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales.

    En desarrollo de estas facultades, la DIAN puede tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento.
Estudiados los asuntos de que tratan los actos acusados, se concluye que no son demandables, pues estos son actos de trámite, de aquellos de mero impulso de la actuación, que no deciden nada sobre el asunto debatido, pero que instrumentan la decisión final o definitiva, la preparan; son los que permiten llegar al fin del procedimiento, disponiendo los elementos de juicio para que la entidad pueda adoptar la decisión que resuelve la actuación administrativa con voluntad decisoria, que es la que está sujeta a los recursos y acciones de impugnación.

Si bien existen eventos en los cuales un acto de trámite encierra en si una decisión, y en este sentido adopta el carácter de definitivo, siendo, por tanto, demandable, este no es el caso de los actos administrativos que aquí se demandan, pues ni ponen fin a una actuación ni hacen imposible continuarla.
  ( 2015-05-05) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Finalidad. La naturaleza del acto es el que determina el tipo de acción
La facultad de registro consiste en la potestad que tiene la DIAN para decretar la inspección de las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus archivos, siempre que, para el caso de las personas naturales, no coincida con su casa de habitación.

El fin de este medio probatorio es evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas. Conforme con el artículo 779-1, el acto administrativo que ordena el registro deberá motivarse y, además, notificarse a la persona que se encuentre en el momento de la diligencia.

Contra dicho acto no cabe ningún recurso, justamente, por tratarse de un acto de trámite que antecede a la decisión que adoptará la administración en el proceso de fiscalización. Luego, se trata de actos administrativos de trámite que sólo impulsan el procedimiento de fiscalización en la medida que decretaron pruebas que servirán para adoptar la decisión definitiva.

Pero, tales actos no le ponen fin a la actuación administrativa ni deciden de fondo el asunto, simplemente la impulsan. Por ende, son actos de puro trámite que no son susceptibles de los recursos de vía gubernativa ni de control jurisdiccional.

Sin perjuicio de la teoría de los motivos y finalidades, la naturaleza del acto administrativo es lo que define el tipo de acción que debe ejercerse. Si se trata de un acto administrativo de contenido particular y concreto, la acción apropiada será la de nulidad y restablecimiento del derecho.
  ( 2015-05-05) Consultar

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Sección Cuarta

  • BIENES DE CAPITAL - El descuento tributario por la inversión en ellos es un incentivo para disminuir la carga impositiva de los costos del sector productivo nacional.

  • ACTIVOS FIJOS PRODUCTORES DE RENTA - Deben estar en condiciones de ser utilizados o incorporados al proceso productivo para solicitarse como descuento tributario.
El evento reglamentado por el artículo 3º transcrito hace relación al descuento por bienes construidos, esto es, aquellos medios o bienes productores de renta, que no hayan sido adquiridos o nacionalizados en condiciones de ser incorporados a la producción, sino los bienes directamente construidos por el contribuyente beneficiario del incentivo a la inversión, hipótesis en la cual el derecho al descuento se extiende al período gravable en el cual los bienes "estén en condiciones de utilización".

La Sala en sentencia de fecha marzo 13 de 2003, expediente No. 12829, con ponencia del Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, estimó que está disposición atendía al propósito y finalidad del incentivo fiscal otorgado por el legislador, esto es, estimular fiscalmente la inversión en bienes de capital, para mejorar la productividad y competitividad de las empresas, mediante la disminución de la carga impositiva que recae sobre los costos del sector productivo nacional, siendo claro en consecuencia que para su concreción necesariamente los bienes de capital, activos fijos productores de renta, cuya adquisición, construcción o nacionalización de lugar al descuento, deben estar terminados y por tanto en condiciones de ser utilizados o incorporados al proceso productivo para generar renta, siendo en dicho período fiscal en el que es posible descontar el IVA pagado, constitutivo de sus costos.
  ( 2015-05-05) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • CONTABILIDAD COMO MEDIO PROBATORIO - Puede servir para demostrar la fecha en que se contabilizaron los bienes construidos por el contribuyente

  • LIBROS DE COMERCIO - Se presumen auténticos cuando están debidamente registrados y llevados en debida forma
Considera la Sala que el presupuesto de hecho consagrado en el artículo 3º del Decreto 2076 de 1992 para tener derecho al descuento que consiste en que el activo construido se encuentre en "condiciones de utilización", es un hecho que para su comprobación no exige la ley que se haga mediante una determinada prueba, pudiéndose acreditar el hecho con diferentes elementos probatorios que guarden conexión con el mismo, como es el caso de la contabilidad de la sociedad que llevada en debida forma refleja completamente la situación de la entidad, según lo dispuesto en el artículo 774 del Estatuto Tributario.

En el caso de autos, la firma del revisor fiscal en la declaración de renta de la sociedad visible a folio 46 del expediente, sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la administración de impuestos, certifica, en los términos del artículo 581 del Estatuto Tributario, que los libros de contabilidad de contabilidad son llevados en debida forma y que reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Lo anterior, en concordancia con el artículo 50 del Código de Comercio, significa que la contabilidad se lleva en libros registrados y suministra una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante; además de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma.

En el presente caso, la administración rechaza el acta de entrega por carecer de fecha cierta, sin embargo no realiza ninguna actividad investigativa ni de fiscalización en aras a verificar la fecha en que terminó la construcción del activo de la sociedad, lo cual hubiera podido realizar a través de una inspección a los libros de contabilidad de la compañía, en la medida en que se encuentran registrados con anterioridad y que en ellos, de acuerdo a las normas mencionadas anteriormente, se llevan en orden cronológico el asentamiento contable de los negocios de la empresa, los cuales si pueden dar la certeza de la fecha en que se registraron los costos constitutivos de ese activo, requisito que consagra igualmente el artículo 3º del Decreto 2076 de 1992 para la procedencia del descuento.
  ( 2015-05-05) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • FACULTAD DE INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DIAN - No se hace nugatoria la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias ya que puede desvirtuarse por los medios probatorios.
Retomando el tema de la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, ha dicho la Sala que ella implica que sólo por excepción y en casos muy específicos los datos declarados deben comprobarse pues el hecho presumido se tiene por cierto aunque admita prueba en contrario.

La presunción de veracidad de los hechos denunciados por el contribuyente en la declaración deriva del sólo cumplimiento de requisitos formales que en la ley se exijan acerca de los factores declarados, a menos que la misma ley exija una comprobación especial, en cuyo caso la solicitud oficial así debe indicarlo.

La presunción de veracidad sin embargo no significa que se hagan nugatorias las facultades de investigación y fiscalización de que goza la administración para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, como quiera que tal presunción es susceptible de desvirtuarse a través de los diversos medios probatorios obtenidos por la administración a través de la investigación adelantada por ella.
  ( 2015-05-05) Consultar


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