Siganos en ....

Siganos en...

Sígueme en twitter.com

Sígueme en FaceBook


Menu Principal
· Home
· Busqueda_Avanzada
· Contactenos
· Cuentale a un amigo
· Encuestas
· Envianos una noticia
· Estatuto
· Estatuto Tributario
· Historial Boletines
· Minutas y Modelos
· Sabia usted que
· Tu cuenta

Consulte informacion por temas
Consulte aqui
La normatividad de los
ultimos años clasificada
por temas
Conceptos Aduaneros
IVA
Retencion
Gravamen Mov Fancieros
Procedimientos Tributarios
Procedimientos Tributarios
Renta y complementarios
Beneficios de Auditoria
Beneficios tributarios
Facturacion
Impuesto de timbre
Varios
Ajustes por inflacion
Contribuciones
Todos los temas
Jurisprudencia Tributaria
Jurisprudencia Laboral
Jurisprudencia Constitucional
Informacion laboral
Normas Basicas
Normas Profesionales

HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-05-06
Regresar
Superintendencia de Sociedades.

La Superintendencia de Sociedades publicó la más reciente edición de su revista institucional, dedicada en esta ocasión al papel de las juntas directivas en las sociedades colombianas.

En esta edición, podrá encontrar los detalles de la conferencia internacional realizada en Bogotá, en la que la jurista NancyRapoport, experta en temas de insolvencia empresarial, compartió sus opiniones sobre la responsabilidad de los administradores en quiebras de sociedades.

Al cónclave, liderado por el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, asistieron ejecutivos de compañías y abogados de las firmas litigantes del país.

En la revista podrá encontrar reflexiones sobre el tratamiento de los conflictos de interese de los administradores en el Derecho de Sociedades y sobre la responsabilidad de los administradores en la implementación de los IFRS en Colombia.

La publicación también hace referencia a temas como remuneración de miembros de junta directiva, cociente electoral y determinación de mayorías, entre otros.
Rincon del Mar


  ( 2015-05-06) Consultar

Ministerio de Trabajo.

  • ¿Qué es el Mecanismo de Protección al Cesante MPC?
Es un mecanismo que garantiza la protección social de los trabajadores en caso de quedar desempleados, manteniendo el acceso a salud, el ahorro a pensiones, su subsidio familiar y el acceso a servicios de intermediación y capacitación laboral. Esto en pro de proteger a los trabajadores más vulnerables, manteniendo la calidad de vida y la formalización de los empleos.

A través de este mecanismo se integran, además de los beneficios monetarios, los servicios de intermediación laboral y la capacitación brindada por el SENA y las Cajas de Compensación Familiar.
  • ¿Cuáles son los elementos claves del Mecanismo de Protección al Cesante?
El Servicio Público de Empleo y una amplia red de agencias de gestión de empleo y colocación cuyo fin es permitir el encuentro entre la oferta y la demanda laboral de manera transparente, ágil y eficiente.

El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante –FOSFEC, creado para financiar los aportes a la seguridad social de los trabajadores cesantes (salud, pensiones, subsidio familiar). Las cuentas de cesantías de los trabajadores, como fuente limitada y voluntaria, para mitigar la caída en el ingreso en los periodos en que el trabajador quede cesante.
  • ¿Quiénes pueden acceder al Mecanismo de Protección al Cesante?
Todos los trabajadores del sector público y privado que hayan realizado aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante al menos un año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos tres años
Rincon del Mar


  ( 2015-05-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Con el ejercicio de la facultad fiscalizadora la administración tributaria persigue probar, más allá de la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los demás presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.

El título VI del Estatuto Tributario regula el régimen probatorio en materia tributaria y, concretamente, los medios de prueba de los que puede hacer uso la administración para desvirtuar los hechos consignados en las declaraciones tributarias, siempre que frente a tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial ni que la ley así lo exija (art. 746 del E.T.).

Cuando la autoridad tributaria ejerce la facultad fiscalizadora busca no sólo comprobar la certeza, la veracidad y la realidad de los hechos que contienen no sólo las declaraciones, sino examinar las respuestas del contribuyente a los requerimientos que efectúa la administración.

Esa función de fiscalización se hace con los medios de prueba que la legislación tributaria ha puesto a disposición de la administración, de modo que con tales medios de prueba logre el convencimiento sobre los aspectos que interesan en cada caso.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 688 del E.T., la competencia para desarrollar esa facultad fiscalizadora corresponde al jefe de la unidad de fiscalización, quien, para cumplir ese cometido, puede proferir los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos, los emplazamientos para corregir y para declarar, y los demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.

Al igual, a los funcionarios adscritos a esa unidad, previa delegación del jefe de fiscalización, les corresponde adelantar las vistas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y, en general, las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe de esa unidad (art. 688 del E.T.).
  ( 2015-05-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • ACTA DE INSPECCION TRIBUTARIA - Contenido. Forma parte de la actuación administrativa originada en la inspección tributaria

  • INSPECCION TRIBUTARIA - No es una diligencia de tipo técnico contable sino un medio de prueba de verificación
El artículo 779 del E.T. califica la inspección tributaria como un medio de prueba, con el que la administración verifica directamente los hechos que interesan en el Proceso de fiscalización y determina su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron tales hechos.

En esa inspección, la administración puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias a cada medio probatorio.

La diligencia de inspección tributaria se decretará con auto en el que se deben indicar los hechos materia de prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Dicho auto, además, debe notificarse por correo o personalmente al interesado, pues la inspección tributaria sólo se inicia una vez el interesado se entere del objeto de la inspección.

De esa diligencia se levanta un acta que debe contener todos los hechos y pruebas en que se sustenta. Esto es, se debe levantar un acta en la que se consignen los hechos verificados por la autoridad tributaria en la inspección tributaria. Según el mismo artículo 779, cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa dicha acta formará parte de la misma.

La inspección tributaria, como ya se dijo, no es una diligencia de tipo técnico contable, sino un medio de prueba de verificación o de constatación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización. Es evidente que el acta de terminación no requiere que se suscriba por un contador público y, por tanto, bastará que se firme por el funcionario que la practicó.
  ( 2015-05-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • ACTA DE INSPECCION CONTABLE - Deben ser suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes. Refleja fielmente los datos de la contabilidad.

  • CONTADOR PUBLICO - Debe practicar y suscribir el acta de inspección contable.
El artículo 782 del E.T., a su turno, define la inspección contable como un medio de prueba que permite a la administración verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados y comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales.

De esa diligencia también se levanta un acta que, a diferencia del acta de inspección tributaria, no sólo la suscriben los funcionarios visitadores, sino las partes intervinientes. Si los intervinientes se niegan a firmar el acta se dejará constancia y, en todo caso, eso no afecta el valor probatorio de la inspección.

Conforme con el artículo 782, se presume que los datos consignados en el acta fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, salvo que el contribuyente o responsable manifieste su inconformidad.

La Sala acoge las consideraciones que hizo el a quo sobre la diferencia entre la inspección tributaria y la inspección contable. Es cierto que las dos persiguen objetivos diferentes, pues, se repite, mientras que la primera es un medio de verificación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización, la segunda es un medio probatorio esencialmente técnico para verificar la exactitud de los denuncios tributarios y el cumplimiento de las obligaciones formales a partir del análisis de la contabilidad del contribuyente específicamente. Y, en ese entendido, sólo el acta de terminación de la inspección contable debe suscribirse por un contador público.
  ( 2015-05-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • FUNCIONARIOS COMISIONADOS - Basta que aparezca uno en el acta de registro.
El artículo 779-1 del E.T. consagra la facultad de registro como un medio de prueba que permite a la administración tributaria examinar las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus archivos, siempre que, para el caso de las personas naturales, no coincida con su casa de habitación.

En esencia, es un medio probatorio para evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas. Para evitar que eso ocurra, la administración puede adoptar cualquier tipo de medida e incluso puede pedir colaboración a la fuerza pública para que la diligencia de registro se cumpla en condiciones normales.

La competencia para ordenar la diligencia de registro es del Administrador de impuestos y aduanas o del Subdirector de fiscalización, sin que esa competencia pueda delegarse en otro funcionario.

En todo caso, el artículo 1º del Decreto 3050 de 1997 establece que también son competentes para ordenar el registro los Administradores especiales, los Administradores locales de impuestos nacionales, los Administradores locales de aduanas nacionales, los Administradores locales de impuestos y aduanas nacionales. Y, además, el Subdirector de Fiscalización, para el Control y Penalización Tributaria y el Subdirector de Fiscalización Aduanera, Represión y Penalización del Contrabando.

Según lo exige el artículo 779-1, el acto administrativo que ordena el registro deberá motivarse y, además, notificarse a la persona que se encuentre en el momento de que se practique la diligencia. Contra dicho acto no cabe ningún recurso, por tratarse de un acto de trámite que antecede a la decisión que adopte la administración.
  ( 2015-05-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA - El patrimonio de la sociedad garantiza el pago de los impuestos liquidados a su cargo.
Sobre el tema de la responsabilidad solidaria que tienen los socios, respecto de las deudas originadas en impuestos a cargo de la sociedad, esta Sección ha precisado, que la sociedad es, en principio, la que debe responder por los impuestos liquidados a su cargo.

El patrimonio de la sociedad, por regla general, garantiza el pago de los impuestos a cargo de la sociedad. Pero esa regla admite una excepción relacionada con la responsabilidad solidaria de los socios prevista en los artículos 793 y 794 del E.T.

Las normas vigentes para la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados determinan la responsabilidad solidaria de los socios frente a las obligaciones que, por concepto de impuestos, adquiera la sociedad.

El artículo 794 citado es claro en establecer que la responsabilidad solidaria de los socios frente a los impuestos no se aplica "a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas." En el sub lite está probado que, desde el año 1993, la sociedad actora se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima.

En ese orden, es evidente para la Sala que no se predica la solidaridad de los socios y, por ende, resultaba suficiente con que el requerimiento especial se notificara al liquidador de SAJATEX. Lo anterior basta para concluir que el argumento de la falta de vinculación no está llamado a prosperar.
  ( 2015-05-06) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

  • PASIVOS - Cuando no se prueba su existencia procede la sanción por inexactitud
Es evidente para la Sala que la parte actora no logró probar que no era cierto que existieran los pasivos inexistentes a que aludió la DIAN. Como ya se dijo, no hubo actividad probatoria que desvirtuara tales pasivos y, por tanto, no hay pruebas para confrontar las conclusiones que tienen sobre este aspecto los actos acusados.

Ahora bien, la Sala respalda el cálculo de la sanción por inexactitud, pues se calculó con base en el saldo a pagar determinado en la resolución que decidió el recurso de reconsideración ($1.107'670.000) menos el valor declarado por el contribuyente ($10'186.000) y el resultado ($1.097'484.000) multiplicado por el 160%, que arroja un resultado de $1.755'974.000.

En ese contexto, se concluye que, de conformidad con el artículo 647 del E.T., era procedente la sanción por inexactitud impuesta por la DIAN, por haberse incluido en la declaración pasivos inexistentes. Por tanto, se impone mantener la sanción impuesta por la administración.
  ( 2015-05-06) Consultar

Fuente: Contrapartida

Como ya es conocido, la contabilidad financiera moderna descansa sobre la finalidad de brindar información útil para tomar decisiones económicas.

En la concepción de IASB, existen unos usuarios principales y unos usuarios secundarios. Según el marco conceptual, que erradamente no fue incorporado en el Decreto reglamentario 2615 de 2014, los usuarios principales son “(…) los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales (…)”.

En nuestro país, son muy pocas las entidades que tienen sus títulos inscritos en la bolsa de valores. Por lo mismo, respecto de la gran mayoría de organizaciones los inversionistas no son el usuario más importante. Es muy probable que, desde una perspectiva numérica, la mayor fuente de financiamiento de las empresas colombianas provenga de los proveedores. Por lo tanto, si es que éstos solicitan a sus clientes estados financieros, vendrían a ser el principal usuario. Los prestamistas, principalmente la banca, serían un tipo de usuario intermedio.

Adviértase que entre los usuarios principales IASB no incluye a las agencias del gobierno. Por lo general éstas nos son inversionistas, prestamistas o acreedoras de las empresas. Si bien las entidades gubernamentales de supervisión exigen estados financieros, las empresas que tienen esa carga son muy pocas y, en muchos casos, la información exigida es en realidad de propósito especial.

Si se quiere que la finalidad de la contabilidad financiera no sea una mera cuestión de retórica, habría que comprobar que los estados financieros efectivamente son usados y resultan útiles para quienes ellos se dirigen. Sin embargo, en nuestro medio no conocemos investigaciones en este sentido y, por tanto, para nosotros la utilidad de los estados financieros es un planteamiento teórico sin prueba.
  ( 2015-05-06) Consultar

Fuente: Contrapartida

Con mucha frecuencia, de forma generalizada, se observa confusión con lo indicado en los artículos 108, 114 y 664 del Estatuto Tributario, todos ellos relacionados con la deducción en renta por concepto de salarios y parafiscales.

Para dilucidar esta problemática, es importante señalar que los conceptos antes referidos se detraen de los ingresos para hallar la base gravable del impuesto de renta, por corresponder los mismos a expensas necesarias. No obstante, este tipo de deducciones en algunos casos específicos, se apartan de la regla general según la cual sólo es posible deducir aquellos costos y gastos incurridos en el mismo periodo de renta, es decir, que las deducciones de ejercicios anteriores no son, fiscalmente, aceptadas.

Del mismo modo, para efectos de establecer la deducibilidad en la renta por concepto de pagos laborales, es preciso distinguir entre la deducción por concepto de aportes parafiscales y la deducción por concepto de salarios, como quiera que el Legislador les otorgara un tratamiento diferente a cada uno.
  • Veamos lo siguiente:
1. Lo prescrito en el art. 108 del E.T. hace referencia a que la deducción por salarios incurridos en el mismo periodo, está ligada al pago de los aportes parafiscales, independientemente si dicho pago se realiza por fuera del periodo de causación de los salarios.

2. Siguiendo la línea del texto precedente, la deducción de parafiscales lo regula el Art. 114 del E.T., sin embargo los pagos por este concepto tienen una doble connotación en materia tributaria: por una parte constituyen en sí mismos una deducción en renta y por otra un requisito adicional para que proceda la deducción de los salarios.
  ( 2015-05-06) Consultar

Fuente: Contrapartida

Discutir sobre temas de la teoría de la contabilidad financiera es un reto que implica, entre otros asuntos, conceptualizar categorías que nacieron de la práctica contable. Gran parte de los postulados, conceptos y principios de la contabilidad financiera se aprendieron y aplicaron durante años como asuntos propios del hacer. Solo cuando hubo necesidad de darle un respaldo teórico a las aplicaciones prácticas se desarrollaron estudios que respaldaran la teoría.

De estos estudios surge la estructura de la contabilidad financiera que respalda muchas de las propuestas regulativas actuales. Belkaoui (2005, p.210) explica esta estructura a través de cuatro categorías: los postulados de la contabilidad, los conceptos teóricos que derivan en los principios contables y la técnica contable.

Por lo pronto nos centraremos en los postulados de la contabilidad que Belkaoui define de la siguiente forma:
  • “The accounting postulates are self-evident statements or axioms, generally accepted by virtue of their conformity to the objectives of financial statements, that portray the economic, political, sociological and legal enviroments in which accouting must opérate”
El aprendizaje de conceptos contables, como en este caso los postulados, resulta en ocasiones un terreno de difícil acercamiento, porque se tiene la sensación que son conceptos netamente teóricos, pese a que todo contador los aplica permanentemente sin ser consciente de esto.

En ocasiones la enseñanza de los postulados de entidad, negocio en marcha, unidad de medida y periodo contable se limita a la repetición memorística de una definición. No obstante, detrás de estos, al parecer sencillos conceptos, existen problemáticas complejas que derivan en discusiones sobre asuntos tales como:
  ( 2015-05-06) Consultar

Fuente: Gerencie

Dado que las exoneraciones contenidas en el Acuerdo 521 de 2001 expiraron en el año gravable 2011, el legislador municipal – y con la intención de dar continuidad a los vencidos beneficios tributarios en ICA – ha venido expidiendo pertinentes Acuerdos de exoneración, ya no por el largo término de beneficio que consagraba el mencionado Acuerdo 521, sino por períodos de uno o dos ejercicios impositivos.

Así pues, para el año gravables 2012 y 2013 el Acuerdo de exoneración vigente fue el 792 de noviembre de 2012; entre tanto que para el período fiscal 2014 el Acuerdo vigente es el 857 de noviembre de 2014.

No siendo la pretensión referirse, de manera puntual, a los beneficios y sujetos amparados por el vigente Acuerdo 857 de 2014; si es del caso hacer alusión a dos tópicos de interés:
  • 1. Desaparece la solicitud de exoneración ante la Unidad de Rentas:
En las disposiciones anteriores era requisito indispensable, para optar por los consagrados beneficios tributarios, elevar solicitud escrita ante la Entidad Oficial; la cual, una vez validadas las exigencias señaladas en el respectivo Acuerdo, profería la debida resolución de exoneración.

Formalismo que – sin lugar a dudas – restaba la posibilidad de acceso de un importante grupo de entidades beneficiarias, de las pretendidas exoneraciones del tributo territorial; toda vez que – como bien se evidencia – los recientes Acuerdos se ha expedido en los últimos días del mismo año gravable de exoneración, lo que en la practicidad impide su oportuno conocimiento y debida aplicación.
  ( 2015-05-06) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico

La amnistía es una forma extintiva de obligaciones tributarias causadas y plenamente exigibles que, por disposición del legislador, se perdonan a quienes las deben, para liberarlos de la obligación de pagarlas.

En reciente sentencia, el Consejo de Estado recordó que las amnistías tributarias se adoptan como un instrumento de política fiscal necesario e idóneo para enfrentar y superar circunstancias excepcionales, y para compensar la afectación de principios de equidad, pues, de lo contrario, pueden desequilibrar el reparto equitativo de las cargas públicas, en detrimento de quienes han satisfecho de manera completa y oportuna sus obligaciones.

En ese sentido, según lo explicó la Corte Constitucional en las sentencias C-260 de 1993, C-823 del 2004 y C-910 del 2004 las amnistías son aceptables en las siguientes circunstancias:
  • Cuando responden a una coyuntura específica, a través de estímulos tributarios para quienes se dedican a una actividad económica en situación de crisis.

  • Cuando alivian la situación de los deudores morosos, sin implicar un tratamiento fiscal más beneficioso del que se otorga a los contribuyentes cumplidos.

  • Cuando facilitan la inclusión de activos omitidos o pasivos inexistentes, pero sometiéndolos a un régimen más gravoso del aplicable en caso de haber sido declarados oportunamente y sin renunciar a la aplicación de sanciones.
  ( 2015-05-06) Consultar


Regresar
Montes y Asociados Colombia Manizales Carrera 22 No 53 - 01 PBX (57) (6) 881 46 66
Montes y Asociados Colombia Bogota Carrera 13 A No 97 - 54 PBX (57) (1) 621 00 20
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.13 Segundos