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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-05-19
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

  • Problema jurídico
¿Pertenece al régimen tributario especial o al ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios la fundación que tiene por objeto social la enseñanza en la modalidad de educación no formal también llamada educación para el trabajo y el desarrollo humano?
  • Tesis jurídica
No pertenece al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios la fundación que tiene por objeto social la enseñanza en la modalidad de educación no formal también llamada educación para el trabajo y el desarrollo humano.
  ( 2015-05-19) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

  • Problema jurídico
¿En los contratos de compraventa de cartera o factoring, el comprador o factor debe practicar retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta sobre el valor de la cartera enajenada?
  • Tesis jurídica
En los contratos de compraventa de cartera o factoring, hay lugar a practicar retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, por concepto de otros ingresos tributarios, cuando la operación no corresponda a un reembolso de capital y/o cuando el factor no adquiera títulos valores.
  ( 2015-05-19) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

  • Problema jurídico
¿Las entidades sin ánimo de lucro, pueden acogerse a la exoneración de aportes parafiscales consagrada en la Ley 1607 de 2012?
  • Tesis jurídica
Únicamente pueden acogerse a la exoneración de aportes parafiscales al SENA y al ICBF, y cotizaciones al régimen contributivo de salud, las personas naturales y los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE.
  ( 2015-05-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


  • Síntesis del caso:
La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló el Acuerdo 025 del 30 de junio de 1995 y el artículo 43 del Acuerdo 43 de 1998, por los cuales el Concejo Municipal de Apartadó (Antioquia), en su orden, estableció el impuesto de industria y comercio para las empacadoras de banano y modificó la tarifa de dicho impuesto.

Para adoptar su decisión, la Sala consideró que la actividad de empacado de banano efectuada dentro del proceso de siembra, recolección y entrega de la fruta realizado por su productor, está exenta del ICA, conforme con la Ley 14 de 1983, que prohíbe gravar la producción primaria, entre ella la agrícola, de la que hace parte tal actividad.

La Sala precisó que dicha etapa es necesaria en la cadena productiva del banano y que no es de carácter industrial, sino primaria, dado que no varía ni altera las condiciones físicas y químicas de la fruta.
Rincon del Mar


  ( 2015-05-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


  • Síntesis del caso:
Frigorífico del Sinú S.A. Frigosinú S.A. pagó en el Departamento de Córdoba el impuesto de transporte de pieles previsto en el Estatuto de Rentas (art. 166 Ordenanza 21 de 2004 Asamblea Departamental), por los meses de diciembre de 2004, enero a diciembre de 2005 y enero a junio de 2006.

En junio de 2006 pidió la devolución de lo que pagó por el impuesto, con el argumento de que no realizó el hecho generador del mismo.

El Secretario de Hacienda departamental negó la solicitud al concluir que Frigosinú sí realizó el hecho generador del tributo, porque su objeto social comprendía, entre otros, la comercialización de la piel del ganado sacrificado, lo que conllevaba el transporte de la misma.

La Secretaría de Hacienda confirmó esa decisión al resolver el recurso de reconsideración que Frigosinú interpuso. Se estudió la legalidad de los actos que negaron la solicitud de devolución.
Rincon del Mar


  ( 2015-05-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


  • Síntesis del caso:
El Banco Cafetero S.A. - Bancafé suscribió un contrato de estabilidad tributaria con la DIAN, por 10 años contados desde el 21 de diciembre de 2000. En el 2005 cedió sus activos, pasivos y contratos a Granbanco S.A., quien fue autorizado por la DIAN para aplicar dicho régimen de estabilidad.

El 16 de febrero de 2007, el Banco Davivienda S.A. adquirió el 99.062% de las acciones de Granbanco S.A. - Bancafé. La DIAN autorizó a Davivienda S.A. para aplicar el régimen de estabilidad tributaria que amparaba a Granbanco S.A. - Bancafé, desde el día en que se formalizó el acuerdo de fusión y hasta el 31 de diciembre de 2009.

Dicho acuerdo se formalizó mediate escritura pública del 29 de agosto de 2007 de la Notaría 71 del Círculo de Bogotá. El 24 de mayo de 2007 Davivienda presentó la declaración del impuesto al patrimonio por el año gravable 2007, en la que liquidó un impuesto a pagar de $13.095.014.000, que pagó en dos cuotas iguales el 25 de mayo de 2007 y el 31 de enero de 2008.

El 10 de junio de 2008 Davivienda solicitó la devolución de la segunda cuota del impuesto con el argumento de que se trataba de un pago de lo no debido, toda vez que no estaba obligada a declarar y pagar ese tributo porque durante el 2007 estaba cobijado por el régimen de estabilidad.

El 23 de julio de 2008, la DIAN ordenó la devolución de $2.242.297.000 y negó la devolución de $4.305.210.000, decisión que confirmó al resolver el recurso de reconsideración que Davivienda interpuso contra esa decisión.

La Sala estudió la legalidad de los actos que negaron parcialmente la devolución del pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio del año 2007, solicitada por el Banco Davivienda S.A.
Rincon del Mar


  ( 2015-05-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


  • Síntesis del caso:
Entre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y el municipio de El Dovio se celebró el convenio interadministrativo 11-0655-0-2000-, cuyo objeto era el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red terciaria a nivel nacional, a través de la generación de empleo temporal mediante el programa “Alianza”, dicho convenio tenía como propósito apoyar a las comunidades y hacer que éstas participaran en las obras, mediante la mano de obra no calificada y para tal cometido el municipio del El Dovio se comprometió a vincular al programa “Alianza” a las Juntas de Acción Comunal y/o a los comités viales, los cuales estaban integrados por miembros de la comunidad.

El alcalde del municipio contrató verbalmente a varias personas, entre las cuales se encontraba el señor José Gregorio Rodríguez Gallego, para que realizaran las labores descritas en el convenio; el 26 de marzo de 2001, en instantes en que el señor Rodríguez Gallego extraía una piedra de un barranco que estaba a un costado la carretera, un alud de tierra se le vino encima, como consecuencia del accidente le fue amputada parte de la pierna derecha y debido a la fractura conminuta que padeció en el fémur de su pierna izquierda, durante varios meses tuvo que utilizar material de osteosíntesis, lo cual, según la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, le causó una pérdida de su capacidad laboral del 53,03%.

En este orden, dado que en el marco de la actividad riesgosa a la que se hizo mención resultó lesionado el señor José Gregorio Rodríguez Gallego, es posible concluir la responsabilidad del municipio demandado, el cual tenía a su cargo la demostración de la existencia de una causa extraña, para eximirse de responsabilidad (fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero).
Rincon del Mar


  ( 2015-05-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


  • Síntesis del caso:
Al proveer sobre la legalidad de los artículos 426 a 434 del Acuerdo 192 de 31 de diciembre de 1999 y 18 y 19 del Acuerdo 9 de 14 de febrero de 2000, por los cuales, en su orden, el Concejo Municipal de San José de Cúcuta estableció el impuesto sobre teléfonos urbanos y modificó los sujetos pasivos y la base gravable del tributo, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que dispuso estarse a lo resuelto en las sentencias de 24 de agosto de 2000 (Exp. 5400123310002000004400) y de 12 de diciembre de 2000 (Exp. 54001233100020000080800), mediante las cuales ese Tribunal, a instancia de la Gobernadora del departamento, declaró la validez de tales artículos.

Para adoptar su decisión la Sala concluyó que las referidas sentencias, dictadas en ejercicio del control de validez previsto en el art. 305 num. 10 de la Constitución Política, surten efectos de cosa juzgada frente a la acción de nulidad que se formuló contra las mismas normas, por cuanto se trata de igual causa petendi.
Rincon del Mar


  ( 2015-05-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


  • Síntesis del caso:
Al proveer sobre la legalidad de los artículos 426 a 434 del Acuerdo 192 de 31 de diciembre de 1999 y 18 y 19 del Acuerdo 9 de 14 de febrero de 2000, por los cuales, en su orden, el Concejo Municipal de San José de Cúcuta estableció el impuesto sobre teléfonos urbanos y modificó los sujetos pasivos y la base gravable del tributo, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que dispuso estarse a lo resuelto en las sentencias de 24 de agosto de 2000 (Exp. 5400123310002000004400) y de 12 de diciembre de 2000 (Exp. 54001233100020000080800), mediante las cuales ese Tribunal, a instancia de la Gobernadora del departamento, declaró la validez de tales artículos.

Para adoptar su decisión la Sala concluyó que las referidas sentencias, dictadas en ejercicio del control de validez previsto en el art. 305 num. 10 de la Constitución Política, surten efectos de cosa juzgada frente a la acción de nulidad que se formuló contra las mismas normas, por cuanto se trata de igual causa petendi.
Rincon del Mar


  ( 2015-05-19) Consultar


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