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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-05-22
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Fuente: portafolio.co

La Presidencia de la República, conjuntamente con los distintos ministerios y departamentos administrativos, ha propuesto la expedición de un decreto reglamentario único para cada entidad, que compile las normas que regulan los temas que son de su competencia y que hoy están dispersas en diferentes decretos. Con ello se busca la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal, y para afianzar la seguridad jurídica.

Los decretos se limitan a las normas de carácter reglamentario que, conforme al ordinal 11 del Artículo 189 de la Constitución Política, dictan que el Ejecutivo puede ejercer esta facultad compilatoria. Los proyectos de decreto han sido publicados en las páginas web de cada entidad con el fin de recibir comentarios de los interesados.

No queda duda de que este esfuerzo de simplificación normativa es interesante, pero, dada la complejidad del mismo, no está exento de dificultades y sus ventajas son relativas.

En primer lugar, los proyectos de decreto reglamentario únicos, teniendo en cuenta la cantidad de temas que maneja cada entidad, resultan muy extensos y de difícil consulta, no logrando el propósito que se buscaba con su expedición, que era su racionalización y simplificación. No hay que olvidar que lo que se está haciendo es básicamente poner los decretos dispersos de cada entidad en un solo texto.

En segundo lugar, en el sistema actual, para buscar una norma en un decreto reglamentario basta identificar el número del artículo, el número de decreto y el año. Ahora, la búsqueda será más compleja. Los proyectos de decretos únicos tienen una enumeración que consta de diferentes partes, las cuales se dividen en: libro, parte, título, capítulo, sección y artículo.
  ( 2015-05-22) Consultar

Fuente: Gerencie

El artículo 118-1 del E.T. (adicionado por el artículo 109 de la ley 1607 de 2012) ordena que “sin prejuicio de los demás requisitos y condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia de la deducción de los gastos por concepto de intereses, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sólo podrán deducir los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por tres (3) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.

En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible la proporción de los gastos por concepto de intereses que exceda el límite a que se refiere este artículo (…)”.

A propósito de esa restricción legal a la deducción de interés, y no siendo la intención de revisar en detalle el aludido referente normativo (ni su reglamentación a través del decreto 3027 de diciembre 2013, modificado por el decreto 627 de marzo de 2014), si conviene hacer mención al siguiente cuestionamiento formulado a la Administración Tributaria:
  • “¿La limitante impuesta por el artículo 118-1 del Estatuto Tributario es aplicable a los intereses sobre deudas adquiridas por personas naturales, como la correspondiente a un préstamo para adquisición de vivienda del artículo 119 ibídem?”. Concepto 45542 de julio de 2014
  ( 2015-05-22) Consultar

Fuente: Gerencie

Esta articulo está basado “exclusivamente” en la dinámica que presenta el decreto 3032 de 2013. Para iniciar debe comprender que Empleado para efectos tributarios es una persona natural que cumpla con la totalidad de alguno de los conjunto que señala el artículo 2 del decreto 3032 de 2013. El artículo dice:

“Artículo 2°. Empleado. Una persona natural residente en el país se considera empleado para efectos tributarios si en el respectivo año gravable cumple con uno de los tres conjuntos de condiciones siguientes:

Conjunto 1:
Sus ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de una vinculación laboral o legal y reglamentaria, independientemente de su denominación.

Conjunto 2:
a). Sus ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica, mediante una vinculación de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación, y

b). No presta el respectivo servicio, o no realiza la actividad económica, por su cuenta y riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior.
  ( 2015-05-22) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, es función de ésta Dirección absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la Entidad, ámbito dentro del cual será atendida su solicitud.

1. Determinación de las deudas asociadas para determinar el Patrimonio Líquido por parte de las sociedades extranjeras y personas naturales sin residencia en Colombia.

Con el fin de delimitar los supuestos que se pueden dar en el análisis de este apartado, resulta necesario abordar el mismo de conformidad con los elementos relativos a la sujeción pasiva del Impuesto a la riqueza desarrollados en el artículo 1° de la Ley 1739 de 2014:
  • Primer supuesto:
Personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, y sociedades extranjeras respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de establecimientos permanentes.

Para efectos de la determinación de la base gravable de los sujetos pasivos del Impuesto a la riqueza aquí analizados, el parágrafo 6 del artículo 4 de la Ley 1739 de 2014 señala que:
  • "PARÁGRAFO 6o. En el caso de las personas naturales sin residencia en el país y las sociedades y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en Colombia, la base gravable corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento o sucursal de conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del Estatuto Tributario.
  ( 2015-05-22) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
De acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, el término prescriptivo para que los trabajadores oficiales reclamen acreencias laborales inicia transcurridos los 90 días que tiene la administración para poner a órdenes del trabajador los salarios, las prestaciones y las indemnizaciones que se le adeuden.

Según esa norma, los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores solo se consideran suspendidos hasta por el término de 90 días, a partir de la fecha en que se haga efectivo el despido o el retiro.

Con estos argumentos, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó una sentencia de segunda instancia según el cual, en estos casos, la prescripción comienza a contarse desde la fecha en que se extingue la relación laboral.

De manera lógica, precisó el alto tribunal, los términos prescriptivos empiezan a correr desde que las obligaciones se hacen exigibles, es decir, desde que, estando sometidas a plazo o condición, termina aquél o se cumple esta. Así las cosas, el “hito temporal” que debe tenerse en cuenta para que se inicie el conteo de la prescripción solo se presenta a partir del día 91, no antes, concluyó.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL-9641 (43457), jul. 23/14, M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve)
  ( 2015-05-22) Consultar

Fuente: Gerencie

Por considerar este tema de sumo interés, abordaré la consulta hecha por una consejera que tiene dudas respecto a la legalidad de la decisión tomada en su reciente asamblea general.

  • Planteamiento:
“… tengo mucha preocupación sobre este tema, pues yo fui elegida en la Asamblea General de Copropietarios, celebrada el 25 de Marzo/15, como miembro del Consejo de Administración en representación de la Etapa III de nuestro conjunto.

La Administradora actual que inició labores el 1 de Abril/14, desde que la entrevistamos presentó la idea de administración por CENTRO DE COSTOS, lo cual nosotros desconocíamos hasta ese momento. Fue contratada, y como ya se estaba ejecutando el presupuesto general, como siempre se ha manejado el conjunto desde que nos acogimos a la Ley 675/2001, conEscritura Pública No. xxx del xx de xx/2003, continuó la ejecución de esa forma, pero para la Asamblea que realizamos el 25 de Marzo/15, preparó el presupuesto por Centro de Costos, aplicando los siguientes coeficientes por etapas, así:
  ( 2015-05-22) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
El empleador no está incluido dentro de aquellas personas expresamente autorizadas por la ley para acceder a la historia clínica, como tampoco lo está el personal administrativo de las EPS o las IPS que tramitan incapacidades, en los términos del numeral 4º del artículo 14 de la Resolución 1995 de 1999.

Por lo tanto, estas últimas no pueden exigir al empleador y este a los trabajadores copia de la historia clínica para tramitar incapacidades y, en caso de hacerlo, la situación debe informarse a la Superintendencia Nacional de Salud, para que esta entidad efectúe la investigación correspondiente y aplique las sanciones a que haya lugar.

El Ministerio de Salud indicó que no es viable expedir más normativa (leyes 23 de 1981 y 1751 del 2015), ya que esta y los pronunciamientos de la Corte Constitucional tienen la suficiente fuerza vinculante para obligar a todos los actores del sistema a respetar la reserva de la cual goza la historia clínica.

También, recordó que, de acuerdo con la Sentencia T-182 del 2009, el carácter reservado de la historia clínica se funda en la necesidad de proteger el derecho a la intimidad del individuo sobre una información que, en principio, únicamente le concierne a él y debe ser excluida del conocimiento público.

“La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley”, recordó.
  ( 2015-05-22) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, ha concluido la preparación de un nuevo proyecto de ley para modernizar el régimen societario colombiano. La extensión de algunas reglas de las sociedades por acciones simplificadas (SAS) a los demás tipos societarios, los cambios en materia de responsabilidad de administradores y el endurecimiento de sanciones son algunos de los aspectos previstos en la iniciativa.

ÁMBITO JURÍDICO habló con Reyes Villamizar acerca de los pormenores de esta propuesta, que espera llevar a discusión del Congreso antes de terminar este periodo de sesiones.
  • ÁMBITO JURÍDICO: ¿De dónde nace la idea de implementar una nueva reforma al régimen societario colombiano?
Francisco Reyes Villamizar: El Presidente de la República ha señalado expresamente que desearía que en esta materia Colombia se pudiera comparar con los países más avanzados del mundo. Y eso es, precisamente, lo que se ha hecho en el ámbito del Derecho Societario durante las últimas dos décadas. Primero se expidió la Ley 222 de 1995, con la que se iniciaron los análisis del derecho comparado.

Posteriormente, se expidió la Ley 1258 del 2008, que introdujo la SAS e incorporó las principales postulaciones del régimen contemporáneo y luego, con la Ley 1429 del 2010, se actualizó el régimen de la liquidación de sociedades. En el nuevo proyecto de ley se proponen cambios sustanciales, para incorporar las últimas tendencias que existen sobre la materia, con importante influencia del derecho norteamericano y europeo.
  ( 2015-05-22) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico

El recientemente aprobado proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo contiene normas y, más que normas, políticas sectoriales muy significativas que impulsarán el desarrollo en áreas vitales de la política pública. El procedimiento ha sido cuestionado, pero, sin duda, constituye un mecanismo que potencia el poder normativo del Congreso. Una de ellas, el artículo 9º, establece el registro de las facturas electrónicas, que estará a cargo del Ministerio de Comercio.

La norma es de gran relevancia, pues admite que las facturas tengan un valor jurídico que permita su negociabilidad, y por esta razón se ha restringido tan solo a las facturas que tengan el carácter de título valor; además, tal registro tiene un carácter voluntario, razón por la cual se asigna el costo privado del mismo. En consecuencia, queda a discreción del usuario utilizar la factura como un instrumento negociable, con todas las ventajas comerciales, como la movilización de la cartera a través del factoring y las garantías que hoy se materializan a través de las facturas cambiarias.

Sin embargo, este registro, hacia el futuro, debe tener un uso más amplio en la transparencia y el control de las operaciones, como quiera que las facturas constituyen la pieza clave en el rastro de las operaciones que revelan simultáneamente ingresos y costos, que encarnan la llave de los hechos generadores de obligaciones tributarias.

Por esto, dentro de la política gubernamental, no debe olvidarse que fue la legislación tributaria vigente la que le dio un carácter jurídico, al punto que es el Estatuto Tributario el que, desde hace dos décadas, definió los requisitos de las facturas, y es la administración tributaria quien tiene la competencia para autorizar a quienes imprimen facturas o las generan por medios electrónicos, así como la autorización de la numeración de los usuarios para fines de control tributario.
  ( 2015-05-22) Consultar

Fuente: Gerencie

En cuanto a este particular ente jurídico, conviene recordar que el artículo 1 de la ley 675 de 2001 dispone que “la presente ley regula la forma especial de dominio, denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad”.

A su turno el artículo 33 de esa misma ley contempla que “la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Su denominación corresponderá a la del edificio o conjunto y su domicilio será el municipio o distrito donde este se localiza y tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social (…)”.

En ese orden, el artículo 186 de la ley 1607 de 2012 “las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, perderán la calidad de no contribuyentes de los impuestos nacionales otorgados mediante el artículo 33 de la Ley 675 de 2001.
  ( 2015-05-22) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico

Las sociedades extranjeras y entidades extranjeras y las personas naturales, nacionales o extranjeras no residentes en el país, cuya base gravable del impuesto a la riqueza sea cero como consecuencia de las exclusiones de que tratan los numerales 1º al 9º del artículo 295-2 del Estatuto Tributario o las exclusiones al impuesto a la riqueza contenidas en los convenios para evitar la doble imposición que ha suscrito Colombia al momento de la causación del impuesto podrán solicitar su inscripción ante el registro único tributario (RUT).

Según la Resolución 044 de la Dian, para el trámite deberán aportar los documentos previstos en el literal e) del artículo 10 del Decreto 2460 del 2013, en copia simple y en el idioma original, sin necesidad de apostilla ni traducción oficial, a través de un apoderado. Igualmente, advierte que de no presentar los documentos requeridos, dentro del plazo definido, se procederá la cancelación de oficio del RUT.

Entonces, la actuación del agente oficioso deberá ser ratificada por el representado dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de inscripción. Este procedimiento excepcional solo podrá adelantarse hasta el 26 de mayo de este año, en todo caso, el trámite de inscripción en el registro se realizará sin prejuicio de los plazos establecidos en el Decreto 0427 del 2015 y por lo tanto deberán tener en cuenta que la asignación del NIT es aleatoria.
  ( 2015-05-22) Consultar


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