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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-05-25
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Superintendencia de Sociedades.

Me refiero a su comunicación radicada con el número 2015-01-070050, mediante la cual formula la siguiente consulta:
  • a) El artículo 220 del código de comercio, establece un plazo de dieciocho (18) meses, sin embargo, me gustaría conocer para qué sirve dicho término, es decir, dentro de los dieciocho (18) meses se debe haber superado la causal de disolución o se debe establecer un plan de acción para superar la causal de disolución?

  • b) ¿Qué pasa si dentro de los dieciocho (18) meses no se enervó la causal de disolución, o no se logró superar la causal de disolución? ¿Ante estos escenarios, cuál es el procedimiento que se debe seguir?

  • c) ¿Quién adelanta el proceso de verificación de la causal? ¿Quién decreta el inicio del proceso de liquidación? ¿Quién tiene la obligación legal de informar la situación?
Así las cosas, son los administradores los llamados a verificar vencido el plazo de 18 meses que la ley confiere, si conforme a los planes adoptados, es o no factible subsanar la causal y en su defecto, convocar a los asociados, para que con la mayoría establecida en los estatutos o en la ley, declaren disuelta a la sociedad por ocurrencia de la causal correspondiente (artículo 24 de la Ley 1429 de 2010) y proceder a la liquidación del patrimonio social, de acuerdo con el procedimiento que consagran los artículos 225 y siguientes del Código de Comercio.
  ( 2015-05-25) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En atención a su consulta relacionada con el impuesto sobre las ventas –IVA- y el Impuesto Nacional al Consumo en la venta e importación de cerveza, esta Subdirección en el respectivo orden de sus preguntas, da las siguientes respuestas:
  • 1.- El que las denominadas cervezas sin alcohol, de conformidad con el Decreto 1686 de 2012, sean consideradas como alimento, implica para efectos de los tributos nacionales un tratamiento diferente a aquellas cervezas consideradas como bebidas alcohólicas?.
El Decreto 1686 de 2012, tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir las bebidas alcohólicas para consumo humano que se fabriquen, elaboren, hidraten, envasen, almacenen, distribuyan, transporten, comercialicen, expendan, exporten o importen en el territorio nacional, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y, prevenir las prácticas que puedan inducir a error o engaño al consumidor.

El artículo 3° del mismo decreto, define de manera genérica como cerveza: la bebida obtenida por fermentación alcohólica de un mosto elaborado con cebada germinada y otros cereales o azúcares, adicionado de lúpulo o su extracto natural, levadura y agua potable, a la cual se le podrán adicionar sabores naturales permitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta bebida está comprendida entre 2.5 y 12 grados alcoholimétricos.
  ( 2015-05-25) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Los actos administrativos quedarán en firme:
  • 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
  • 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
  • 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
  • 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
  • 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.
Todos los actos de la administración gozan de presunción de legalidad, de lo cual deviene que si se encuentran en firme, pueden ejecutarse. Cabe destacar que el hecho que las decisiones no sean favorables a los intereses del interesado, ello no significa que no se les haya dado el respectivo trámite.

En tal sentido, si persisten los motivos de inconformidad, la forma del ejercer control de legalidad es el ejercicio de los medios consagrados para revisión y control de actos administrativos regulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. De lo allí consagrado, se concluye que no es competencia de los funcionarios de la Administración declarar la nulidad de actos administrativos.
  ( 2015-05-25) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

· La obligación de tramitar el reconocimiento de incapacidades y licencias está distribuida entre el empleador y la EPS.

· El trabajador únicamente tiene la obligación de informar a su empleador a través de cualquier medio, escrito, telefónico o electrónico, que le fue expedida una incapacidad.

· El empleador tiene el deber de gestionar ante la EPS la incapacidad o licencia y/o la transcripción de la misma cuando esta haya sido concedida por un médico ajeno no adscrito a la EPS.

· La figura de la transcripción de incapacidades no está regulada legalmente.

· La incapacidad dada por un médico no perteneciente a la EPS debe ser transcrita por la EPS.

· Cuando la EPS se opone a la transcripción de una licencia o incapacidad expedida por médico particular, la situación debe ser puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud para que se lleve a cabo la investigación correspondiente conforme al Decreto 1018 de 2007, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones.
  ( 2015-05-25) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En el radicado en referencia se plantean dos interrogantes que se exponen a continuación:
  • 1. ¿El beneficio tributario consagrado en el numeral 1 del artículo 206 del Estatuto Tributario, aplica tanto para las indemnizaciones como para las incapacidades reconocidas por accidentes laborales o enfermedades, independientemente que la entidad que reconoce el pago sea una EPS o ARL?

  • 2. ¿Puede disminuirse la base de retención en la fuente por salarios con la renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 206 del Estatuto Tributario, cuando se trate de trabajadores declarantes de renta, cuya retención en la fuente deba determinarse por el IMAN, independientemente que quien reconozca el pago a ser considerado como renta exenta sea la EPS o una ARL?
Respecto del tratamiento tributario de los pagos hechos por incapacidad y licencia de maternidad, de acuerdo al artículo 206 del Estatuto Tributario son exentos en cabeza del beneficiario los pagos por indemnización que impliquen protección a la maternidad y por enfermedad general o por accidente de trabajo no sometidos a retención en la fuente.

Tampoco lo estarán los reintegros de sobrantes que realicen, las EPS a las cuentas de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía, por cuanto el principio general para que se cause la retención en la fuente es que exista un ingreso gravado susceptible de producir un incremento neto en el patrimonio.
  ( 2015-05-25) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Mediante el escrito de la referencia, solicita la reconsideración de la doctrina contenida en un aparte del Oficio número 24531 del 14 de abril de 2014, en el cual al hacer la interpretación del artículo 771-5 del Estatuto Tributario, se consideró que para efectos del reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los cheques girados al primer beneficiario, deben contener la cláusula que indique que este debe ser pagado al primer beneficiario.

Luego de referirse a las facultades de interpretación de esta Oficina, así como a la obligatoriedad de los conceptos para los funcionarios de la DIAN, manifiesta que según el tenor literal, así como la intención del artículo 771-5 se busca con esta, la bancarización de las diferentes transacciones y que en cuanto a los cheques, esta se cumple en tanto el beneficiario del cheque va a ser conocido por la entidad bancaria que efectuará el pago, por eso el legislador no profundizó en este medio de pago.

Señala que con la doctrina expuesta, se introdujo un nuevo requisito no previsto en la ley al limitar la negociabilidad de estos títulos, la cual según el artículo 715 del Código de Comercio puede o no limitarse, a voluntad del librador y, que por ello, no puede exigirse para efectos fiscales, porque esta restricción a la negociabilidad de los cheques, busca comercialmente proteger los intereses del beneficiario, pero tal protección no es obligatoria pues el beneficiario puede solicitar que la misma se levante.

Se refiere posteriormente a la diferencia de criterios prevista tanto en el artículo 588 como en el 647 del Estatuto Tributario para concluir que no se puede obligar a los contribuyentes a cumplir un requisito adicional no previsto en la ley.
  ( 2015-05-25) Consultar

Fuente: Finanzas Personales.

  • En abril, Google lanzó una nueva aplicación que te permite encontrar tu celular perdido tan sólo tecleando "encuentra mi teléfono" en el buscador.
Lo único que necesitas es un navegador conectado a una cuenta Google vinculada al dispositivo. Además de ubicar tu celular en un mapa, puedes pedirle a Google que suba tu volumen de llamada, para poder encontrarlo rápidamente si se te cayó detrás del sofá.

También puedes ir a la página de administrador de dispositivos de Google para bloquearlo o borrar los datos, en caso de que el celular caiga en las manos equivocadas.

Si se trata de un dispositivo Apple, puedes rastrealo fácilmente a través de iCloud (iCloud.com). Con la función "Find mi iPhone" (encuentra mi iPhone) podrás comprobar todos los aparatos vinculados a tu cuenta.

Sin embargo, la aplicación de Apple sólo funcionará si ya te registrarste en iCloud a tavés de tu celular. Todas estas soluciones requieren que tu teléfono esté encendido y conectado a Internet.
  ( 2015-05-25) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
El empleador no está incluido dentro de aquellas personas expresamente autorizadas por la ley para acceder a la historia clínica, como tampoco lo está el personal administrativo de las EPS o las IPS que tramitan incapacidades, en los términos del numeral 4º del artículo 14 de la Resolución 1995 de 1999.

Por lo tanto, estas últimas no pueden exigir al empleador y este a los trabajadores copia de la historia clínica para tramitar incapacidades y, en caso de hacerlo, la situación debe informarse a la Superintendencia Nacional de Salud, para que esta entidad efectúe la investigación correspondiente y aplique las sanciones a que haya lugar.

El Ministerio de Salud indicó que no es viable expedir más normativa (leyes 23 de 1981 y 1751 del 2015), ya que esta y los pronunciamientos de la Corte Constitucional tienen la suficiente fuerza vinculante para obligar a todos los actores del sistema a respetar la reserva de la cual goza la historia clínica.

También, recordó que, de acuerdo con la Sentencia T-182 del 2009, el carácter reservado de la historia clínica se funda en la necesidad de proteger el derecho a la intimidad del individuo sobre una información que, en principio, únicamente le concierne a él y debe ser excluida del conocimiento público.
  ( 2015-05-25) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico
El recientemente aprobado proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo contiene normas y, más que normas, políticas sectoriales muy significativas que impulsarán el desarrollo en áreas vitales de la política pública. El procedimiento ha sido cuestionado, pero, sin duda, constituye un mecanismo que potencia el poder normativo del Congreso.

Una de ellas, el artículo 9º, establece el registro de las facturas electrónicas, que estará a cargo del Ministerio de Comercio. La norma es de gran relevancia, pues admite que las facturas tengan un valor jurídico que permita su negociabilidad, y por esta razón se ha restringido tan solo a las facturas que tengan el carácter de título valor; además, tal registro tiene un carácter voluntario, razón por la cual se asigna el costo privado del mismo.

En consecuencia, queda a discreción del usuario utilizar la factura como un instrumento negociable, con todas las ventajas comerciales, como la movilización de la cartera a través del factoring y las garantías que hoy se materializan a través de las facturas cambiarias.

Sin embargo, este registro, hacia el futuro, debe tener un uso más amplio en la transparencia y el control de las operaciones, como quiera que las facturas constituyen la pieza clave en el rastro de las operaciones que revelan simultáneamente ingresos y costos, que encarnan la llave de los hechos generadores de obligaciones tributarias.

Por esto, dentro de la política gubernamental, no debe olvidarse que fue la legislación tributaria vigente la que le dio un carácter jurídico, al punto que es el Estatuto Tributario el que, desde hace dos décadas, definió los requisitos de las facturas, y es la administración tributaria quien tiene la competencia para autorizar a quienes imprimen facturas o las generan por medios electrónicos, así como la autorización de la numeración de los usuarios para fines de control tributario.
  ( 2015-05-25) Consultar


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