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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-06-26
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Ministerio de Salud y Protección Social

Requisitos para obtener la pensión de vejez.
Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar. (...)

Tal como se observa, en este régimen la pensión de vejez será reconocida cuando el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, reajustado anualmente.

según la variación del índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, sin importar qué edad tenga el afiliado.
  ( 2015-06-26) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
La asamblea General de Socios requiere anular un acta anterior y un acta de junta directiva, las cuales se encuentran demandadas ante la Justicia ordinaria por los socios disidentes y ausentes.
  • Pueden los socios que participaron de la asamblea, mediante otra asamblea extraordinaria aprobar la ANULACIÓN de las citadas actas?
Bajo ese presupuesto y comoquiera que la inquietud propuesta pone de manifiesto una posible confusión entre la posibilidad de modificar decisiones sociales, con el mecanismo para corregir el texto de las actas de los órganos sociales, es procedente hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

El Artículo 190 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: ‘ Las decisiones tomadas en una reunión … que se adopten sin el número de votos previsto en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas;’ norma de la que se infiere que la validez de las decisiones adoptadas por el máximo órgano social y/o por la junta directiva, podrían ser cuestionadas ante la justicia ordinaria y por esta vía ser objeto de declaratoria de nulidad, caso en el cual, la sociedad habrá de adoptar los correctivos a que haya lugar, los que se podrían concretar mediante una orden judicial dirigida al órgano social competente, en ratificar la decisión adoptada, con el quórum y las mayorías requeridas para el efecto, sin que esto altere los contenidos del libro de actas y en tal virtud, los textos de aquellas que resulten declaradas nulas, deben permanecer asentadas en el libro.
  ( 2015-06-26) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
  • Consulta si una sociedad de responsabilidad limitada puede adquirir las cuotas de un socio que las ha ofertado, toda vez que es interés de los demás socios que dichas cuotas queden dentro del activo de la sociedad y, advierte que en los estatutos sociales no se indica nada al respecto.
Sobre el particular, le manifiesto que sobre el tema objeto de su inquietud esta Entidad ha tenido oportunidad de pronunciarse, por lo cual basta traer a colación algunos apartes del oficio 220-28860, de 18 de junio de 2004:

“(…)
“En ese orden de ideas y sin perjuicio de la sujeción a las condiciones legales y estatutarias establecidas en cada caso para llevar a cabo la cesión de cuotas, en especial las relacionadas con el derecho de preferencia, la “readquisición” cualquiera sean las circunstancias que den lugar al negocio, exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
  ( 2015-06-26) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En el radicado de la referencia el consultante plantea una serie de inquietudes sobre la correspondencia entre el valor pagado a título de indemnización (por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales) y los valores reflejados en el certificado de ingresos y retenciones, así como la retención en la fuente aplicable.

Igualmente el consultante pregunta por la consecuencia que se deriva de los retiros que se hacen de aportes voluntarios a fondos de pensiones, sin que se cumpla el requisito de permanencia.

Al respecto, el Despacho hace las siguientes consideraciones:
Respecto al primer punto de la consulta, este despacho ha señalado que la demanda que se instaura con el fin de obtener la cancelación de unas obligaciones per se no genera ninguna obligación tributaria, pues esta surge en el momento en que se dé el hecho generador de cada tributo.
  ( 2015-06-26) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
A través del oficio de la referencia usted solicita reconsiderar la tesis expuesta en el punto 13.4 del oficio 052431 del 28 de agosto de 2014, sobre la posibilidad de deducir, en los términos del inciso segundo del artículo 115 del Estatuto Tributario, el 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros pagado, para aquellas personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que por destinar algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial pierden la calidad de no contribuyentes de los impuestos nacionales y en consecuencia están sujetas al régimen tributario especial.

Como argumento de su solicitud expone que el artículo 4º del Decreto 4400 de 2004, fundamento de la tesis expuesta en el punto 13.4 del oficio 052431, no se encuentra vigente en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 4º de la Ley 1111 de 2006 y el artículo 45 de la Ley 1430 de 2010.

Lo anterior debido a que estas normas, que permiten la deducción del 50% en el impuesto sobre la renta del Gravamen a los Movimientos Financieros efectivamente pagado por los contribuyentes en el año gravable, son posteriores a lo contenido en el artículo 4º del Decreto 4400 de 2004, razón por la cual lo dispuesto en esta norma no se encuentra vigente.
  ( 2015-06-26) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Comedidamente, atendiendo su inquietud y evaluando la propuesta presentada por su entidad, nos permitimos precisar lo siguiente:

En efecto, el parágrafo 2° del artículo 38 de la Ley 1607 de 2012, estableció que se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas (IVA) el combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada.

Parágrafo reglamentado por el artículo 6° del Decreto 1794 de 2013, en donde se indicó de manera expresa los requisitos y procedimiento para hacer efectiva la devolución al distribuidor mayorista, del IVA correspondiente por las operaciones excluidas debidamente certificadas, condiciones de carácter legal que son de imperioso cumplimiento.

Ahora bien, la emisión de bonos públicos con fines específicos requiere autorización del Congreso de la República, situación que afecta de manera particular la política fiscal y de carácter tributario del Estado Colombiano.
  ( 2015-06-26) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En el escrito de la referencia, manifiesta usted que dos empresas, se unen bajo la modalidad de un contrato de colaboración empresarial, con el fin de aunar esfuerzos para prestar diferentes servicios, pero, cada una de ellas lo hará bajo su cuenta y asumirá los riesgos que a su labor concierne. Asimismo, menciona que una de las sociedades es la que facturará, cobrará y recaudará el IVA que se origine de acuerdo a las actividades que se desarrollen.

Por lo anterior pregunta:
  • ¿Qué parte de la relación anteriormente descrita debe pagarle el IVA facturado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales? La parte A que lo factura y recibe de los clientes?

  • ¿Cada parte proporcional al porcentaje de participación pactado en el contrato de colaboración empresarial? Lo que supondría que la Parte A le distribuya un porcentaje del IVA recaudado para posteriormente, sea pagado a la DIAN, vía declaración de IVA.
  ( 2015-06-26) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En el radicado en referencia se plantean dos interrogantes que se exponen a continuación:

1. ¿El beneficio tributario consagrado en el numeral 1 del artículo 206 del Estatuto Tributario, aplica tanto para las indemnizaciones como para las incapacidades reconocidas por accidentes laborales o enfermedades, independientemente que la entidad que reconoce el pago sea una EPS o ARL?

2. ¿Puede disminuirse la base de retención en la fuente por salarios con la renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 206 del Estatuto Tributario, cuando se trate de trabajadores declarantes de renta, cuya retención en la fuente deba determinarse por el IMAN, independientemente que quien reconozca el pago a ser considerado como renta exenta sea la EPS o una ARL?
  ( 2015-06-26) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En atención a su consulta relacionada con el impuesto sobre las ventas –IVA- y el Impuesto Nacional al Consumo en la venta e importación de cerveza, esta Subdirección en el respectivo orden de sus preguntas, da las siguientes respuestas:
  • 1.- El que las denominadas cervezas sin alcohol, de conformidad con el Decreto 1686 de 2012, sean consideradas como alimento, implica para efectos de los tributos nacionales un tratamiento diferente a aquellas cervezas consideradas como bebidas alcohólicas?.
R/= El Decreto 1686 de 2012, tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir las bebidas alcohólicas para consumo humano que se fabriquen, elaboren, hidraten, envasen, almacenen, distribuyan, transporten, comercialicen, expendan, exporten o importen en el territorio nacional, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y, prevenir las prácticas que puedan inducir a error o engaño al consumidor.
  ( 2015-06-26) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico

La expedición de los 21 decretos de unificación normativa por parte de diferentes sectores de la administración, el Gobierno ha realizado ocho modificaciones, dos de las cuales corresponden al Ministerio de Justicia (decretos 1227 y 1310). Además, se hicieron cambios a la normativa de los sectores de Hacienda, Agricultura, Interior, Vivienda, Presidencia y Educación.

Estos ajustes están relacionados con la inclusión de temas contemplados en la reciente reforma tributaria, trámites previstos en el Decreto 1260 de 1970, asuntos del pacto nacional por el agro y el mecanismo para el control sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía, entre otros.

Estas son las modificaciones realizadas, hasta ahora.
  • Sector Hacienda y Crédito Público
Mediante el Decreto 1302, el Gobierno incluyó en el Decreto 1068 la reglamentación de los artículos 55 y 56 de la Ley 1739 del 2014 (reciente reforma tributaria), para su aplicación ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Entonces, la Parte XII del Libro II del Decreto 1068 del 2015 tendrá un nuevo Título II, el cual regula la conciliación de procesos en discusión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y terminación de procesos administrativos por mutuo acuerdo ante la UGPP.
  ( 2015-06-26) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico

Los sistemas tributarios no responden a un diseño uniforme, sino que son el resultado de coyunturas generalmente orientadas por la necesidad de aumentar el recaudo y dentro de un entorno político, social y económico específico. Por eso, si bien no es corriente, algunos países han considerado conveniente hacer una revisión integral de sus sistemas tributarios, con el fin de disponer de un análisis comprensivo guiado por objetivos centrales, instrumentos idóneos, considerando su impacto y sus efectos sobre la eficiencia y la equidad, los dos grandes principios de todo sistema tributario.

En Colombia, la presión tributaria, si bien ha aumentado gradualmente (14,1 % del PIB), es insuficiente para financiar las funciones que debe cumplir, los servicios que debe prestar y los derechos que debe proteger, conforme a los acuerdos esenciales de la Constitución de 1991. Comparada con países similares, la carga es baja (América Latina 21%), y con graves problemas en su diseño, complejidad en su administración y, por ende, con un bajo cumplimiento.

Tenemos muchos impuestos, pero los que proveen los recursos más importantes -renta e IVA (85 % del recaudo)- tienen bases estrechas, que originan que se concentre el recaudo en los contribuyentes que desarrollan sus actividades en el sector formal, lo cual desalienta la inversión, fomenta la informalidad y la evasión. El impuesto sobre la renta grava excesivamente a las empresas que son vehículos de inversión, cuando es sobre las personas frente a quienes, finalmente, se debe medir la capacidad contributiva.
  ( 2015-06-26) Consultar

Fuente: Contrapartida

  • Una discusión recurrente respecto de la aplicación de las NIIF tiene que ver con los gastos pagados por anticipado.
A pesar de que muchos consideran que deben ser reconocidos como activos de acuerdo con los requerimientos de las NIIF, aún los hay quienes opinan que en algunos casos estos no representan activos y que por tanto deben reconocerse como gastos.

En mi opinión, existen suficientes documentos de estudio que pueden analizarse para resolver la cuestión.

El párrafo 70 de la NIC 38, sostiene:
“(…) el párrafo 68 no impide que ésta reconozca el pago anticipado como un activo, cuando dicho pago por servicios se haya realizado antes de que la entidad reciba esos servicios.”

Además, como parte de las mejoras a la NIC 38 (2008), el Consejo concluyó (el subrayado es mío):

“FC 46C (…) Por ello, el Consejo concluyó que una entidad no debería reconocer como un activo bienes o servicios que ha recibido en relación con su futura publicidad o actividades de promoción.
  ( 2015-06-26) Consultar

Fuente: La Republica

  • El Ministerio de Trabajo publicó este martes el proyecto para reglamentar los estándares mínimos que deberán cumplir las empresas en materia de salud y seguridad con sus trabajadores.
De ser firmada esta resolución por el ministro Luis Eduardo Garzón, las empresas deberán cumplir con un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios.

También deberá practicar a los trabajadores los exámenes médicos laborales, así como reportar e investigar las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo.

De otro lado, la resolución obliga a los empleadores a tener un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Los estándares mínimos servirán como herramienta para que los empleadores puedan revisar el estado de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST, antes conocido como Salud Ocupacional, debe ser implementado por todas las empresas. Además, todos los trabajadores y/o contratistas deben participar.

Según lo explicó la directora de Riesgos Laborales, Andrea Torres Matiz, “el objetivo es prevenir los accidentes y enfermedades de los trabajadores, causadas por la condiciones en el trabajo que conlleva a mantener su bienestar físico, mental y social”.
  ( 2015-06-26) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico

Las entidades administradoras de los fondos de inversión colectiva deben practicar retención en la fuente sobre las utilidades efectivamente pagadas a los partícipes o suscriptores, atendiendo las disposiciones generales y legales vigentes, es decir, entre otros aspectos, el concepto del pago y las condiciones tributarias que tendrían si el participe o suscriptor las hubiese percibido directamente.

En este sentido, para efectos de retefuente a título de renta, son aplicables las cuantías mínimas no sujetas a retención en la fuente, en desarrollo de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 365 del Estatuto Tributario.

Por lo tanto, la tarifa de retención en la fuente a título de renta debe aplicarse al exceso de las utilidades efectivamente pagadas sobre las cuantías mínimas no sujetas de acuerdo con cada concepto. Así lo señaló la DIAN. (DIAN, Cpto. 434 (9246))
  ( 2015-06-26) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico

En la actualidad, no existe una norma que obligue a los trabajadores independientes a afiliarse a una caja de compensación familiar, por lo que su afiliación es voluntaria, indicó el Ministerio del Trabajo.

Los aportes parafiscales están a cargo del empleador y se liquidan sobre el valor de la nómina mensual de salarios, es decir, sobre la totalidad de los pagos realizados por los diferentes elementos que constituyen salario, en los términos de la legislación laboral, recordó la entidad.

Para ello, el empleador cancela, conjuntamente con los aportes al sistema de seguridad social, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), un 9 % adicional sobre el valor de la nómina (salarios de sus trabajadores), el cual se distribuye en un 2 % al Sena, 3 % al ICBF y 4 % a las cajas de compensación familiar. (Mintrabajo, Concepto 36268)
  ( 2015-06-26) Consultar


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