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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-07-23
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


  • DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - No son egresos deducibles porque tienen un tratamiento tributario diferente
Si bien la depreciación como estimación contable que es, no implica el flujo de dinero saliente propio de los egresos, lo cierto es que al ser una previsión a la pérdida de valor del activo fijo que ha beneficiado a su dueño, no puede equipararse a la amortización, exclusiva de los activos intangibles que sólo reportan beneficios cuando se redime su valor, máxime al considerar que las amortizaciones constitutivas de egresos procedentes son las del artículo 142 del Estatuto Tributario, en las cuales no se incluye la depreciación de activos fijos, entre otras cosas, porque tiene un tratamiento tributario diferente (artículos 127 a 141 del Estatuto Tributario).
  ( 2015-07-23) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


  • CERTIFICADO DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL - Para que sirvan de prueba debe estar conforme con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad
Es de anotar que el artículo 777 del E. T. sujetó el valor probatorio de las certificaciones de contadores y revisores fiscales a su conformidad con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, sin perjuicio de las comprobaciones pertinentes sobre las mismas.

Conforme al artículo 4 del Decreto 124 de 1997, los egresos procedentes son aquéllos de cualquier naturaleza y realizados en el respectivo período gravable, que constituyen costo o gasto y tienen relación de causalidad con los ingresos, o que no teniéndola, se destinan directamente a las actividades y programas beneficiados por el régimen tributario especial.

Los egresos realizados con ocasión de actividades comerciales deben, además, ser necesarios y proporcionales con esas actividades y, en defecto de tales condiciones, cumplir con la destinación anteriormente señalada.

Los egresos incluyen las inversiones amortizables del artículo 142 del Estatuto Tributario y la adquisición de activos fijos que se hagan en cumplimiento de las actividades y programas del régimen tributario especial. Así como los egresos destinados indirectamente a tales actividades y programas mediante donaciones efectuadas a otras instituciones sin ánimo de lucro que los desarrollen, caso en el cual se requiere que la entidad donataria efectivamente los haya realizado, según certificación de su revisor fiscal.
  ( 2015-07-23) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


Síntesis del caso:
Los socios de Librería y Papelería Corsi Ltda. acordaron disolver la sociedad e iniciar el proceso de liquidación de la misma a partir del 3 de junio de 1997, fecha en la que se designó como liquidador a Hernando Córdoba Ojeda.

El 22 de julio de 1997, este informó a la DIAN - Tunja sobre la disolución y liquidación de la sociedad. Con escritura pública del 20 de septiembre de 1997 se protocolizó el acta final de liquidación de la sociedad y la matrícula mercantil de la librería se canceló el 26 del mismo mes y año.

El 30 de mayo de 2002 la DIAN libró mandamiento de pago contra el liquidador, como deudor solidario de las obligaciones fiscales de la librería, al omitir reservar los recursos necesarios para cubrirlas. El liquidador formuló excepciones contra el mandamiento que la DIAN rechazó.

Se estudió la legalidad de los actos que rechazaron dichas excepciones, concretamente para establecer si el demandante era solidariamente responsable de las deudas tributarias de la Librería, por incumplir el deber legal previsto en el art. 847 del E.T., de incluir tales deudas dentro de la prelación de créditos.
Rincon del Mar


  ( 2015-07-23) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


Síntesis del caso:
Laminados Andinos S.A. (En liquidación) - LASA promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos por los que la DIAN resolvió la solicitud de actualización de su cuenta corriente y le informó que no procedía la condición especial de pago del art. 1º de la Ley 1175 de 2007, que aplicó al reintegro de las sumas originadas en el menor saldo a favor que liquidó al corregir la declaración de renta del 2005.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda porque concluyó que el asunto era conciliable y que, por ende, se debió agotar la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción, según lo prevé la Ley 1285 de 2009.

La Sala decidió el recurso de apelación que LASA interpuso contra esa decisión en orden a determinar si la actualización de la cuenta corriente de un contribuyente y la procedencia de la condición especial de pago del art. 1 de la Ley 1175 de 2007 son asuntos de carácter tributario o no y, por ende, si son o no conciliables.
Rincon del Mar


  ( 2015-07-23) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre las ventas que General Médica de Colombia Gemedco S.A. presentó por el 6° bimestre de 2006, en el sentido de disminuir los ingresos por operaciones no gravadas y aumentar los correspondientes a las gravadas.

Ello, como resultado de desconocer las sumas que Gemedco registró por concepto de “comisiones por venta de equipos” y “garantía servicio técnico” y que recibió con ocasión del contrato de representación internacional de ventas y servicios que suscribió con GE Healthcare.

Entre otros aspectos, la Sala analizó si los servicios de representación que Gemedco le prestó a GE Healthcare se utilizaron o no en el exterior, en orden a determinar si tenía o no derecho a la exención del IVA por exportación de servicios, prevista en el literal e) del art. 481 del E.T., que aplicó en la referida declaración.
Rincon del Mar


  ( 2015-07-23) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del inciso 2 del artículo 3 del Acuerdo 08 de 2008, por el que el Concejo de Chía dispuso que, para el cobro de la participación en plusvalía en el municipio, se tendría en cuenta, además de la Ley 388 de 1997 y las normas concordantes, el Acuerdo 17 de 2000, que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía.

Concretamente, la Sala analizó si el hecho de que para efectos del hecho generador de la plusvalía el acto acusado remita al POT del municipio, expedido con anterioridad, viola o no el principio de irretroactividad en materia tributaria, así como los derechos adquiridos al amparo de ese POT por los propietarios de los inmuebles afectados con el gravamen.
Rincon del Mar


  ( 2015-07-23) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Neiva modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que Marcel Elías Solano Quimbaya presentó por el año gravable 2007, en el sentido de aumentar los ingresos declarados y disminuir los costos y deducciones.

Para el efecto, la DIAN tuvo en cuenta la contabilidad y los estados financieros que el contribuyente remitió en respuesta los requerimientos ordinarios que se le hicieron con ocasión de la práctica de la diligencia de inspección tributaria que esa entidad decretó de oficio.

Entre otros aspectos, se estableció si la inspección tributaria suspendió o no el término para notificar el requerimiento especial y el valor de la prueba contable aportada por el actor en la vía gubernativa, pese a que se trataba de un contribuyente no obligado a llevar contabilidad.
Rincon del Mar


  ( 2015-07-23) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


Extracto:
“El artículo 714 del Estatuto Tributario prevé que las declaraciones quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar; dentro de los dos siguientes a la presentación de la declaración cuando ésta es extemporánea, o dos años después de la solicitud de devolución o compensación respectiva, cuando la declaración refleje un saldo a favor del contribuyente o responsable, siempre que en ninguno de tales eventos se haya notificado requerimiento especial.

A su vez, el artículo 705, ibídem, señala que el requerimiento especial debe notificarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a cada uno de los supuestos anteriormente señalados. Y el artículo 706 ejusdem, modificado por la Ley 223 de 1995 [251], norma vigente al momento de la presentación de la declaración inicial, previó la suspensión de dicho término, entre otros eventos, “cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete” […]

La Sala ha precisado que, dada la claridad del artículo 706 del Estatuto Tributario, el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de notificación del auto que decreta de oficio la inspección, por un lapso fijo de tres meses, no prorrogable, pero tampoco sujeto a disminución.
Rincon del Mar


  ( 2015-07-23) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Si los términos concedidos por la Ley para presentar los respectivos motivos de inconformidad se vencieron y el afectado por los mismos no hizo uso de ellos, se entiende agotada la vía gubernativa (hoy procedimiento administrativo), que origina la ocurrencia de la firmeza y ejecutoriedad de los actos administrativos.

Todos los actos de la administración gozan de presunción de legalidad, de lo cual deviene que si se encuentran en firme, pueden ejecutarse. Cabe destacar que el hecho que las decisiones no sean favorables a los intereses del interesado, ello no significa que no se les haya dado el respectivo trámite.

En tal sentido, si persisten los motivos de inconformidad, la forma del ejercer control de legalidad es el ejercicio de los medios consagrados para revisión y control de actos administrativos regulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. De lo allí consagrado, se concluye que no es competencia de los funcionarios de la Administración declarar la nulidad de actos administrativos.
  ( 2015-07-23) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Consulta:
En atención a su consulta relacionada con el impuesto sobre las ventas –IVA- y el Impuesto Nacional al Consumo en la venta e importación de cerveza, esta Subdirección en el respectivo orden de sus preguntas, da las siguientes respuestas:
  • 1.- El que las denominadas cervezas sin alcohol, de conformidad con el Decreto 1686 de 2012, sean consideradas como alimento, implica para efectos de los tributos nacionales un tratamiento diferente a aquellas cervezas consideradas como bebidas alcohólicas?.

  • 2.- Las cervezas sin alcohol de producción nacional se encuentran gravadas con el impuesto sobre las ventas?, ¿Cuál es la base gravable? ¿Puede afectarse con impuestos descontables?.

  • 3.- ¿Las cervezas sin alcohol de procedencia extranjera introducidas al territorio nacional aduanero, se encuentran gravados con el IVA?, ¿Cuál es la base gravable?, Puede afectarse con impuestos descontables?.

  • 4.- Las cervezas sin alcohol de producción nacional se encuentran gravadas con el Impuesto Nacional al Consumo?.

  • 5.- Las cervezas sin alcohol de procedencia extranjera introducidas al territorio aduanero nacional, se encuentran gravadas con el Impuesto Nacional al Consumo?.
R/= El Decreto 1686 de 2012, tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir las bebidas alcohólicas para consumo humano que se fabriquen, elaboren, hidraten, envasen, almacenen, distribuyan, transporten, comercialicen, expendan, exporten o importen en el territorio nacional, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y, prevenir las prácticas que puedan inducir a error o engaño al consumidor.
  ( 2015-07-23) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
Consulta:
  • a) El artículo 220 del código de comercio, establece un plazo de dieciocho (18) meses, sin embargo, me gustaría conocer para qué sirve dicho término, es decir, dentro de los dieciocho (18) meses se debe haber superado la causal de disolución o se debe establecer un plan de acción para superar la causal de disolución?

  • b) ¿Qué pasa si dentro de los dieciocho (18) meses no se enervó la causal de disolución, o no se logró superar la causal de disolución? ¿Ante estos escenarios, cuál es el procedimiento que se debe seguir?

  • c) ¿Quién adelanta el proceso de verificación de la causal? ¿Quién decreta el inicio del proceso de liquidación? ¿Quién tiene la obligación legal de informar la situación?
Son los administradores los llamados a verificar vencido el plazo de 18 meses que la ley confiere, si conforme a los planes adoptados, es o no factible subsanar la causal y en su defecto, convocar a los asociados, para que con la mayoría establecida en los estatutos o en la ley, declaren disuelta a la sociedad por ocurrencia de la causal correspondiente (artículo 24 de la Ley 1429 de 2010) y proceder a la liquidación del patrimonio social, de acuerdo con el procedimiento que consagran los artículos 225 y siguientes del Código de Comercio.
  ( 2015-07-23) Consultar


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