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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-08-12
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales son diferentes a las que le compete a Dancoop, pues le ha correspondido y le corresponde la administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, según el artículo 2° del Decreto Ley 1693 de 1997, y en ejercicio de la función de administración de impuestos efectúa la recaudación, fiscalización, discusión, cobro, devolución y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarías.

En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que las cooperativas son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios conforme al régimen tributario especial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 19 del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales tiene competencia para ejercer sobre ellas un control fiscal, que comprende la facultad de inspeccionar la contabilidad de las mismas, toda vez que es la fuente principal en la determinación o verificación de los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de las obligaciones impositivas, por lo tanto y de conformidad con el artículo 691 del Estatuto Tributario, la División de Liquidación de la Administración de Impuestos de 1 bagué, sí tenía competencia para imponer la sanción a la actora por las irregularidades en la contabilidad.
  ( 2015-08-12) Consultar

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Sección Cuarta


    LIBROS DE CONTABILIDAD EN COOPERATIVAS - Obligatoriedad
    INVENTARIOS EN COOPERATIVAS - Contabilización
De la forma como está redactada la norma especial de Dancoop (Resoluciones 1091 de 1983 y 1027 de 1998) en relación con los libros de contabilidad, no se exige expresamente el diligenciamiento del libro de Inventarios y Balances, sin embargo y de acuerdo a la actividad realizada por la respectiva empresa cooperativa, haría necesario el registro contable de sus operaciones, en aras a atender los requerimientos de carácter legal vigentes.

Para la actora se evidencia la necesidad de registrar contablemente toda su actividad económica, dentro de lo cual se encuentra el movimiento en la comercialización de los activos movibles pues sólo de esta forma se puede realizar un control efectivo de las utilidades generadas en su enajenación, registro que puede efectuarse bien sea a través de un libro principal o a través de un auxiliar.

En este orden de ideas correspondía a la Cooperativa demandante justificar el hecho de haber suspendido el diligenciamiento del libro de Inventarios y Balances en diciembre de 1991, mediante la comprobación de que los registros contables relativos a la función de los inventarios se había continuado llevando de acuerdo con lo dispuesto tanto por Dancoop en las resoluciones citadas como por lo ordenado en el Decreto 2649 de 1993, artículo 129.

La irregularidad encontrada por la Administración en la contabilidad de la actora se encuentra tipificada en el literal f) del artículo 654 del Estatuto Tributario.
  ( 2015-08-12) Consultar

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De conformidad con el artículo 23 de la Ley 45 de 1923 y el Decreto 056 de 1951 aplicables a los actos demandados proferidos antes de la expedición y vigencia de la Constitución Nacional de 1991, la Superintendencia Bancaria tenía la facultad para establecer las contribuciones que deben hacer las entidades sometidas a su vigilancia y control, cuyo monto debería guardar proporción con los activos de las mismas y tenía que ser aprobado por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público; los fondos así originados ingresan al Presupuesto Nacional y en el presupuesto de rentas e ingresos se debe incluir, como entrada una cantidad igual al monto de las contribuciones impuestas durante el año inmediatamente anterior y, en el presupuesto de gastos se debe apropiar una partida igual para el sostenimiento de la Superintendencia Bancaria, durante el respectivo período.

De lo anterior se observa que algunas hacen referencia a la decisión misma de fijar el monto de las contribuciones. Ellas son la exigencia de que las contribuciones en cuestión deben ser proporcionales a los activos de cada una de las entidades vigiladas y la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, y otras establecen requisitos externos a la fijación del monto de la contribución; entre estos últimos están los relativos a que en el Presupuesto de rentas e ingresos se incluya una cantidad igual al monto de las contribuciones impuestas y en el de Gastos se apropie una partida equivalente, para la Superintendencia Bancaria, en el período respectivo.
  ( 2015-08-12) Consultar

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De conformidad con el artículo 23 de la Ley 45 de 1923 y el Decreto 056 de 1951 aplicables a los actos demandados proferidos antes de la expedición y vigencia de la Constitución Nacional de 1991, la Superintendencia Bancaria tenía la facultad para establecer las contribuciones que deben hacer las entidades sometidas a su vigilancia y control, cuyo monto debería guardar proporción con los activos de las mismas y tenía que ser aprobado por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público; los fondos así originados ingresan al Presupuesto Nacional y en el presupuesto de rentas e ingresos se debe incluir, como entrada una cantidad igual al monto de las contribuciones impuestas durante el año inmediatamente anterior y, en el presupuesto de gastos se debe apropiar una partida igual para el sostenimiento de la Superintendencia Bancaria, durante el respectivo período.

De lo anterior se observa que algunas hacen referencia a la decisión misma de fijar el monto de las contribuciones. Ellas son la exigencia de que las contribuciones en cuestión deben ser proporcionales a los activos de cada una de las entidades vigiladas y la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, y otras establecen requisitos externos a la fijación del monto de la contribución; entre estos últimos están los relativos a que en el Presupuesto de rentas e ingresos se incluya una cantidad igual al monto de las contribuciones impuestas y en el de Gastos se apropie una partida equivalente, para la Superintendencia Bancaria, en el período respectivo.
  ( 2015-08-12) Consultar

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Conforme al artículo 8o. de la Ley 84 de 1988 (antes de ser modificado por la Ley 6a. de 1992), para corregir las declaraciones tributarias que no varíen el valor a pagar o que lo disminuyan o aumenten el saldo a favor, debe presentarse solicitud previa a la Administración, acompañada del respectivo proyecto de corrección con el fin de que se oficialice la mencionada corrección, que si es aceptada tácita o expresamente por la Administración, entra a reemplazar la liquidación presentada inicialmente y que goza en consecuencia de la presunción de veracidad que cobijaba a la primera.

En esas condiciones la facultad otorgada por el artículo 589 del E.T., debe interpretarse en concordancia con las demás normas de la legislación tributaria, particularmente las relativas al proceso de determinación oficial del tributo, tal como lo dispone el artículo 589 del E.T.
  ( 2015-08-12) Consultar

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Si bien la administración goza de amplias facultades de fiscalización de la declaración, que ejerce entre otras a través de las liquidaciones de corrección aritmética y de revisión, sólo la notificación del pliego de cargos o del requerimiento especial tienen la capacidad de limitar y precluir la facultad de los contribuyentes de corregir sus declaraciones tributarias, ya sea por errores mecanográficos o de transcripción, o aún en aspectos de fondo tales como la modificación de las bases gravables, su depuración, aplicación de tarifas y en general, la corrección de todos aquellos factores sobre los cuales no ha iniciado actuación la Administración Tributaria, sin perjuicio de las correcciones provocadas (por el requerimiento y la liquidación de revisión) en los términos de los artículos 709 y 713, máxime cuando nadie está obligado a permanecer en el error.
  ( 2015-08-12) Consultar

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De haberse practicado la liquidación oficial de corrección aritmética en la forma autorizada por la ley, ésta constituye un elemento más a tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de revisión, por cuanto la norma es clara en determinar que la correspondencia se predica entre la liquidación privada y el requerimiento, en atención a que la facultad de corrección se ejerce sin perjuicio de la facultad de revisión, toda vez que esta última pretende modificar el monto del tributo determinado en la liquidación privada y en atención a que la primera, ésto es, la liquidación oficial de corrección aritmética, no está referida a la determinación oficial del impuesto, sino exclusivamente a enmendar errores de orden numérico por lo que el contribuyente puede válidamente modificar su declaración privada a través del procedimiento de corrección, que sustituye la presentada inicialmente.
  ( 2015-08-12) Consultar

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    DIAN - Su competencia en relación con el IVA es la fiscalización, determinación, discusión y cobro administrativo
La Sala que la facultad de la Superintendencia Nacional de Salud en el caso del impuesto sobre las ventas al consumo de licores, como uno de los recursos fiscales que tiene como destino financiar la prestación de los servicios de salud, es una facultad de simple vigilancia y control, en ejercicio del cual puede proceder, ante la evidencia de incumplimiento de las normas legales, la imposición de multas según el procedimiento establecido para el efecto.

Porque esto es así, es que se explica la Sala que la Ley 10 de 1990, por la que se reorganizó el Sistema Nacional de Salud y se dictaron otras disposiciones, entre ellas algunas que sirven de fundamento al presente asunto, haya establecido en su artículo 46 que corresponde a la Dirección de Impuestos "la fiscalización, determinación, discusión y cobro administrativo coactivo, para lo cual aplicará el mismo procedimiento tributario, sanciones e intereses de mora del impuesto sobre las ventas" y que a la Superintendencia Nacional de Salud, a su turno, le compete verificar "la liquidación y el pago o giro del impuesto" e informar "las irregularidades a la administración de impuestos nacionales del domicilio del responsable".
  ( 2015-08-12) Consultar

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    CALCULO DE DIAS EN SANCION A ENTIDADES RECAUDADORAS - Corre separadamente para paquetes y cintas magnéticas y si la entrega es parcial continúa su conteo.
Por lo anterior la Sección modificó su criterio como puede advertirse, a manera de ejemplo, en las sentencias de 24 de febrero y 6 de marzo de 2003, expedientes 12972 y 12616, respectivamente, en las cuales considera que la sanción pecuniaria diaria por extemporaneidad que debe aplicarse a las entidades recaudadoras, corre a partir del día siguiente al del vencimiento del término para la entrega y hasta aquel en que se complete toda la información correspondiente a un mismo día de recaudo.

Se precisa que el cálculo de días corre separadamente para paquetes y para cintas magnéticas y si la entrega es parcial continúa el conteo respecto de la información aún no presentada. Reitera la Sala que la aplicación de la sanción por extemporaneidad en la entrega de documentos por parte de las entidades recaudadoras, conforme al artículo 676 del Estatuto Tributario, debe calcularse sobre la base de la información inoportuna según cada día de recaudo y no estimarse por cada paquete o cinta de la misma fecha pues lo sancionable en tal caso es el retraso, para lo cual es menester tener como parámetro de conteo la fecha fijada oficialmente para la entrega de la información -con base en la de cada día de recaudo-, hasta cuando se complete la totalidad.

Bajo estos parámetros la Sala encuentra que la actuación de la Administración desconoce el anterior criterio pues tomó como sancionables varios paquetes y cintas de una misma fecha de recaudo según los cuadros de resumen que obran a folios 1 a 121 del cuaderno de antecedentes y en tales condiciones la base de días sobre la cual se aplicaría la sanción resulta aumentada con lo cual a su vez se incrementa ésta.
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Respecto de la prescripción por los días correspondientes a fechas anteriores al período en discusión, la Sala precisa que conforme a lo previsto en el artículo 638 del Estatuto Tributario -modificado por el artículo 64 de la Ley 6ª de 1992, precepto aplicable en el sub lite por cuanto se trata de información relativa al año de 1996-, el término para que la administración pueda ejercer su facultad sancionatoria es de dos años, que para el subexámine, deben contarse a partir de cuando cesó la irregularidad por cuanto es una infracción continuada.

Dentro de este lapso la Administración, por tratarse de la imposición de una sanción en resolución independiente, deberá formular previamente un pliego de cargos, acto cuya notificación interrumpe el fenómeno prescriptivo, si se lleva a cabo dentro del plazo que fija la ley.

En este caso se observa en los antecedentes administrativos que las fechas anteriores al período en cuestión fueron incluidas por cuanto la información se presentó dentro de él, vale decir que solo entonces cesó la irregularidad, tal circunstancia determina el momento a partir del cual la entidad oficial puede ejercer su facultad sancionatoria y ésta prescribe si dentro de los dos años siguientes no se notifica el respectivo pliego de cargos, que en el subexámine ocurrió el 24 de junio de 1998, lo que significa, conforme al criterio expuesto, que sobre todas las fechas de presentación de la información anteriores al 24 de junio de 1996, se aceptará la prescripción alegada.
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