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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-08-25
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Fuente: Caracol

Destacó los alivios tributarios para el sector productivo, al decir que generarán empleo y bienestar. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reiteró que como medida de ayuda a los productores colombianos se eliminarán los aranceles para la importación de insumos.

Explicó que por esta vía “el fisco dejará de recibir 1.3 billones de pesos”. El Gobierno considera que “es un gasto necesario” para impulsar la productividad y el esfuerzo. El ministro considera que hay algunos sectores de la industria ya están mostrando algunos signos de recuperación.

Hizo un llamado a los empresarios a innovar para aprovechar oportunidades en el mercado internacional. Dijo además que también hay oportunidades con el acceso a crédito internacional y el dólar alto.
  ( 2015-08-25) Consultar

Fuente: El Empleo

    La legislación laboral determina algunas deducciones permitidas y otras prohibidas en la nómina mensual.
Los empleadores pueden realizar descuentos en el salario solo con una orden suscrita del trabajador o mandamiento judicial.

Es permitido descontar cuotas sindicales, de cooperativas y cajas de ahorro autorizadas; aportes al seguro social obligatorio y sanciones disciplinarias impuestas dentro del reglamento interno de trabajo, explica Juan Manuel Charria, gerente de la firma Charria y Asociados.

Según Héctor Ramírez, asesor legal de Grupo Albenture, las empresas también pueden acordar con el empleado, bajo autorización especial, deducciones por préstamos, anticipos, retenciones, daños ocasionados por el trabajador, descargos y aportes a medicina prepagada.

Por otro lado, el Código Sustantivo del Trabajo establece la prohición de descuentos por uso o arrendamiento de locales, herramientas y útiles de trabajo; deudas del trabajador con el empleador, sus socios, parientes o representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas, productos elaborados, pérdidas o averías de elementos de trabajo; y entrega de mercancías.
  ( 2015-08-25) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Consulta:
En el escrito de la referencia, pregunta si las empresas del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, así como las empresas de transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren metro, estén excluidas de la obligación de calcular la base mínima del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), prevista en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, considerando que se encuentran excluidas de calcular la renta presuntiva en el impuesto sobre la renta y complementario.

El artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, establece como sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), a las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y a las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, así como a quienes no hayan sido previstas en la ley de manera expresa como sujetos pasivos, la misma disposición consagra quienes no son contribuyentes señalando a las entidades sin ánimo de lucro y a algunas zonas francas que cumplan los requisitos allí señalados.
  ( 2015-08-25) Consultar

Superintendencia de Sociedades.
Consulta:
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2015-01-277046, mediante la cual consulta lo siguiente:
    “Teniendo en cuenta que el numeral 5° del Artículo 457 del Código de Comercio contempla como actividades permanentes para que una empresa extranjera deba establecer una sucursal en el país el obtener del estado Colombiano una concesión o que ésta le hubiere sido cedida, a cualquier título, o que en alguna forma participe en la explotación de la misma”.
Solicitamos que por favor se aclare si también es obligatorio establecer la sucursal de una sociedad extranjera en Colombia y porqué, en el caso de una sociedad extranjera a la que le es adjudicada una concesión, junto con las empresas colombianas, pero que se encuentra condicionada a que la firma del contrato de concesión y ejecución del proyecto se deba realizar forzosamente mediante una sociedad de objeto único (SPV), en la cual la sociedad extranjera deba ser accionista.
  ( 2015-08-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


    CARGA PROBATORIA - La tiene el contribuyente.
Se advierte, por el contrario, que en los tres actos siempre se analizó la glosa con fundamento en los artículos 107 y 488 del E.T. y, por lo tanto, como lo reconoció el Tribunal en la sentencia de primera instancia, existe la debida correspondencia entre el requerimiento y la liquidación, como lo dispone el artículo 711 del E.T.

Considera la Sala que no se violó el derecho de defensa de la demandante porque es deber del contribuyente, después de presentada la declaración, aportar todas las aclaraciones concernientes al cumplimiento de los requisitos consagrados en las normas en las que sustenta su derecho a las deducciones, descuentos o exenciones que solicita.

Lo anterior, porque está obligado a demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, tal como lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo relacionado con la carga de la prueba.

Por su parte, las autoridades tributarias están facultadas para adelantar labores de de fiscalización e investigación con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, y así verificar el cumplimiento de los presupuestos que la ley consagra para acceder a los derechos señalados, pero ello no significa que la carga probatoria que corresponde a los contribuyentes pueda ser sustituida por la que puedan tener las autoridades tributarias.

A lo largo del proceso administrativo existe una dinámica probatoria y de permanente contradicción que se ve reflejada en cada uno de los actos administrativos que se profieren, sin que el debate sobre los argumentos presentados con ocasión de la respuesta al requerimiento especial o del recurso de reconsideración, signifique un cambio en la motivación de las modificaciones planteadas o efectuadas, siempre que el asunto cuestionado permanezca inmodificado.
Rincon del Mar


  ( 2015-08-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


    ACTO ADMINISTRATIVO - Debe ser motivado.
La necesidad de motivación de los actos se encuentra circunscrita a evitar la arbitrariedad de la administración en sus decisiones; consiste en una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho y, el que sea breve, o lo más concisa posible, no implica que no haya de ser suficiente; como mínimo, la legislación colombiana requiere de la motivación en forma sumaria, es decir, breve o somera.

Sobre la falsa motivación, en la Sentencia 15298 del 8 de febrero de 2007, con ponencia de la Dra. María Inés Ortiz Barbosa, se dijo: "….. es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad.

La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad.

" El motivo específico de interpretación errónea, consiste en darle a la norma un sentido distinto del que legalmente tiene, o una interpretación equivocada, desatendiendo su tenor literal (cuando su sentido es claro) y los demás elementos de interpretación, tergiversando los efectos jurídicos de la misma; se configura cuando el juzgador aplica la norma legal correcta al caso concreto, pero lo hace dando a la norma un sentido distinto del que lógicamente tiene o una interpretación equivocada.
Rincon del Mar


  ( 2015-08-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


    IMPUESTOS DESCONTABLES - Sólo serán aquellos que originados en operaciones que constituyan costo o gasto.
Por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto como causa, con la actividad productora de renta, como efecto. La necesidad del gasto está relacionada con que éste debe hacerse de manera forzosa, ineludible, y la proporcionalidad es la relación que existe entre el gasto y el ingreso.

La necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y por ello el artículo 107 del E. T. dispone que la expensa debe ser una de las normalmente acostumbradas en cada actividad y que la ley no la limite como deducible.

Que se trate de una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad debe ser probado frente a las expensas que realicen empresas que desarrollen la misma actividad y, por lo tanto, el contribuyente deberá acreditar que es una costumbre normal hacer la erogación, pero, además, de manera forzosa, para demostrar el derecho a la deducción.

El artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, lo que significa que el impuesto pagado por esos bienes o servicios constituye un costo o gasto en la actividad productora de renta de la empresa porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de esa actividad productiva de la empresa.

Cuando el impuesto se pueda imputar directamente al bien o servicio, tal circunstancia se debe probar; por el contrario, cuando el costo o gasto no sea directamente imputable al bien o servicio, debe darse aplicación al artículo 490 del E.T. que dispone que cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas, o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del período fiscal correspondiente.
Rincon del Mar


  ( 2015-08-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


    DECLARACION CON PERDIDA FISCAL - Su término de firmeza es el del artículo 147 del E.T. y no el del art. 689-1 ibidem, aunque cumpla los requisitos que el segundo establece para tener derecho al beneficio de auditoría.
[…] la Sala observa que el mencionado artículo 689-1 del Estatuto Tributario trajo una previsión especial para las declaraciones que arrojen una pérdida fiscal, según la cual, la autoridad fiscal "…podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma (…)", aunque haya transcurrido el término señalado en la norma para que ocurra la firmeza de la declaración objeto del beneficio.

La anterior previsión se debe armonizar con el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 24 de la Ley 788 de 2002, que dispuso: "…El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación".

Según lo antes expuesto, de la interpretación sistemática de los artículos 689-1 y 147 del Estatuto Tributario, el término general de firmeza de las declaraciones que arrojen pérdidas es de cinco años, pues dicho término, por ministerio de la ley, está dado en función de la pérdida registrada y no del beneficio a que esté sujeta la declaración.

El término de firmeza así dispuesto, se aplica aunque dichas declaraciones hayan acreditado los supuestos exigidos por el artículo 689-1 ibídem, pues no puede quedar al arbitrio del contribuyente establecer, mediante el cumplimiento de tales requisitos, un término de firmeza diferente al señalado expresa y específicamente, en el artículo 147, para las declaraciones que arrojen pérdidas […]

Sobre este punto, la Sala, en fallo que ahora se reitera, precisó que el término de firmeza para las declaraciones que reportan pérdidas fiscales es el consagrado en el artículo 147 del Estatuto Tributario y no el del artículo 689-1 de dicho ordenamiento […]
Rincon del Mar


  ( 2015-08-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las disposiciones antes mencionadas se remiten a las facultades de fiscalización previstas en los artículos 684 y 688 del E.T. […] En tal sentido, el artículo 688 ibídem estableció que las aludidas facultades las ejerce el jefe de la Unidad de Fiscalización, para lo cual podrá proferir los requerimientos especiales y demás actos de trámite en los procesos de determinación de los impuestos.

Así las cosas, las facultades de fiscalización de la Administración a que se refiere el inciso 3º del artículo 689-1 del Estatuto Tributario, tienen como fin asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, mediante la verificación de la exactitud de las declaraciones tributarias que sean objeto del beneficio de auditoría y el desarrollo de las diligencias necesarias para determinar correctamente los impuestos, para lo cual podrá expedir los requerimientos y demás actos a que haya lugar.

De lo anterior se concluye que las facultades de fiscalización van más allá de una simple verificación, ya que las mismas, al pretender asegurar la correcta determinación de los impuestos, facultan a la Administración para expedir los actos que garanticen el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, dentro de los que se encuentran los requerimientos especiales.
Rincon del Mar


  ( 2015-08-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


    Síntesis del caso:
En el artículo 53 literal c) del Acuerdo 29 de 2004, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 27 de 2009, el Concejo Municipal de Facatativá estableció una exención del impuesto predial para los inmuebles de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado, dedicados exclusivamente al culto.

Con base en dichas normas, la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová pidió a la Secretaría de Hacienda de Facatativá la exención del impuesto predial, por los años 2011 a 2019, respecto de un inmueble de su propiedad con área de 261.174,00 M2. El municipio accedió parcialmente a esa solicitud, en el sentido de decretar la exención en un 31.35% sobre el valor a pagar en la fecha del pago, porcentaje correspondiente al área construida del bien (79.964,47 M2)), según la inspección que efectuó sobre el mismo.

La iglesia recurrió en reconsideración la anterior decisión y el municipio la confirmó al resolver el recurso. La Sala estudió la legalidad de los actos que concedieron a la actora la exención parcial del impuesto predial respecto de los edificios dedicados al culto, concretamente para determinar el alcance de la exención, así como la existencia o no de trato discriminatorio a la demandante frente a los bienes de la iglesia católica.
Rincon del Mar


  ( 2015-08-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


    Síntesis del caso:
Inversiones Los Ángeles S.A. declaró el impuesto predial unificado por los años 1996 a 2002. Posteriormente, pidió que se le devolviera la suma que pagó con ocasión de esas declaraciones, petición que la Administración Distrital de Impuestos de Bogotá le negó.

Luego, la sociedad ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que le negaron la devolución, los cuales fueron anulados por el Consejo de Estado en sentencia del 23 de septiembre de 2010 en la que, además, ordenó devolver la suma solicitada como pago de lo no debido, junto con los intereses corrientes y moratorios a que hubiere lugar.

Con resolución del 28 de febrero de 2011, la Administración ordenó devolver la suma fijada en la sentencia y, respecto de los intereses, con resolución del 31 de marzo del mismo año ordenó pagar $465.278.000, decisión que confirmó al resolver el recurso de reposición que la interesada interpuso.

Inversiones Los Ángeles promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos liquidatorios de los intereses. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad, porque concluyó que el cálculo de los intereses se ajustó a la ley. Al proveer sobre el recurso de apelación que la demandante interpuso contra esa decisión, la Sala analizó si los referidos actos son o no demandables ante la Jurisdicción.
Rincon del Mar


  ( 2015-08-25) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


    Síntesis del caso:
Juan Sebastián Rubio Barragán demandó la nulidad y solicitó la suspensión provisional de los literales h) y l) del artículo 6; de las expresiones “inmuebles” del inciso primero del artículo 7 y “solicitud de” contenida en el inciso 3 del artículo 14; de los incisos 4, 5 y 7 del artículo 15 y del artículo 16 del Decreto 650 de 1996, por el que el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 223 de 1995.

El Ponente negó la suspensión de los literales h) y l) del artículo 6 y de las expresiones acusadas de los artículos 7 y 14 y decretó la suspensión de los efectos de los incisos 4, 5 y 7 del art. 15, en tanto fijan plazos diferentes a los previstos en la ley para solicitar y efectuar la devolución de lo pagado por concepto de impuesto de registro cuando el documento no se registra por no ser registrable o cuando se desista de la solicitud de registro.

Además, suspendió provisionalmente los efectos del artículo 16, por contrariar los artículos 577 y 802 del Estatuto Tributario, conforme con los cuales, en materia de tributos, procede acercar los valores a unidades o múltiplos de mil y no de cien, como lo previó dicho artículo.
Rincon del Mar


  ( 2015-08-25) Consultar


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