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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2015-10-02
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Consulta:
En el radicado de la referencia se pregunta:
    - ¿Es acertado entender que el impuesto descontable del 35%, acumulado como saldo a favor, se puede aplicar al impuesto de ventas generado en operaciones futuras, o en ultimas solicitarse la devolución si se tiene la calidad de exportador?

    - ¿El descuento del 35% del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM continua con el mismo tratamiento de impuesto descontable de IVA, cuando los bienes objetos de este impuesto sean exportados?
Rincon del Mar


  ( 2015-10-02) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Consulta:
En el radicado de la referencia se pregunta:
    - ¿Las instituciones prestadoras de salud (IPS) se encuentran obligadas a pagar el impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados.
Rincon del Mar


  ( 2015-10-02) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Consulta:
En el radicado de la referencia se pregunta:
    - ¿El anticipo para futuras suscripción de acciones, se puede considerar como un pasivo fiscal?
Los anticipos para futura suscripción de acciones, no son un préstamo pues no se entregan a título de mutuo si no como parte del pago del futuro contrato, por tanto no generan intereses presuntos.
Rincon del Mar


  ( 2015-10-02) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Consulta:
En el escrito de la referencia presenta los siguientes interrogantes referentes a la condición de residente de las personas naturales extranjeras.
    - ¿Si una persona natural que ingresa al país el 1 de Abril de 2014 y permanece el tiempo restante del año en Colombia, o ingresa el primero de enero y sale el 31 de agosto de 2014 será considerada residente para efectos fiscales por el año gravable 2014 y deberá incluir la información sobre rentas mundiales por todo el año? o

    - ¿Solamente por los meses que estuvo en el país y que le dan estatus de residente?
Rincon del Mar


  ( 2015-10-02) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En el escrito de la referencia hace alusión al concepto No 039724 de mayo 29 de 2007, en el que a la pregunta de cuál es el procedimiento y termino para corregir los errores u omisiones de imputación o arrastre del saldo a favor del periodo anterior sin solicitud de devolución; se señalo que es el previsto en el artículo 43 de la ley 962 y la circular 0118 de 2005, el cual deberá adelantarse "en todo caso dentro del término de firmeza de la declaración objeto de corrección".

    Consulta:

    - ¿Cuándo con ocasión de la notificación de un requerimiento especial o emplazamiento para corregir el contribuyente corrige la declaración, y esta afecta declaraciones posteriores en la que se disminuiría el saldo a favor o aumentaría el valor a pagar, es posible las corrección de estas últimas aplicando para el efecto el artículo 43 de la ley 962 de 2005?

    - ¿Se requiere que este dentro del término de firmeza?,

    - ¿Debe acudirse al procedimiento del artículo 588 del Estatuto tributario?
Rincon del Mar


  ( 2015-10-02) Consultar

Superintendencia de Sociedades.

Consulta:
“¿Es una sociedad por acciones simplificadas, existe algún impedimento legal para que los accionistas sean simultáneamente miembros de la asamblea general de accionistas, de la junta directiva y ocupen empleo dentro de la estructura organizacional de la S.A.S.?. ¿El representante legal de una S.A.S. , puede ser accionista obligatoriamente?”.

En ese contexto, es dable afirmar que al no existir normal legal que lo prohíba, ni disposición alguna que lo establezca y, soportado todo en la autonomía de la voluntad de los constituyentes, es legalmente viable que los accionistas de una S.A.S., sean a su vez administradores de la misma compañía (representantes legales o miembros de la junta directiva) o que ocupen algún otro empleo dentro de ella.
  ( 2015-10-02) Consultar

Superintendencia de Sociedades.

Consulta:
Me refiero a su escrito radicado con el número 2015-01-340125, mediante el cual describe la situación que se presentada en una sociedad por acciones simplificada con ocasión de un proceso de negociación de acciones y, al respecto consulta a quién corresponden los dividendos que se decreten en el interregno, si se tiene en cuenta que no se ha pagado la totalidad del importe de la compra y no se ha realizado el correspondiente traspaso a los adquirentes, por estar supeditado al acaecimiento de una condición suspensiva que no ha ocurrido. Igualmente pregunta si en esas circunstancias es legalmente viable que el comprador intervenga como asociado en la sociedad.

Si después de revisar los estatutos, nada se ha dicho respecto de la persona a la que deberán corresponder los dividendos en las negociaciones de acciones, es pertinente dar aplicación a lo dispuesto por la aludida norma y, en tal virtud, estos le pertenecerán al comprador de las acciones desde la fecha de la carta del traspaso, si ya hubiere sido suscrita, a menos que en la negociación en cuestión, se hubiera pactado lo contrario.
  ( 2015-10-02) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


    FACULTAD FISCALIZADORA - Límites
    NULIDAD TRIBUTARIA - Procedencia con fundamento en el saneamiento fiscal
El propósito del saneamiento fiscal de la Ley 223 de 1995 era el que los contribuyentes quienes hubieran omitido activos representados en moneda extranjera o bienes poseídos en el exterior, los denunciarán fiscalmente sin las sanciones correspondientes con el objeto de que ahí en adelante tributaran sobre ellos también.

Con tal finalidad la Ley 49 de 1990 al consagrar este saneamiento, expresamente estableció que el aumento patrimonial que se genere por su causa, no generaría renta por diferencia patrimonial, ni sanciones, como tampoco podría ser objeto de requerimiento especial, ni liquidación de revisión, por los períodos gravables de 1990 y anteriores, en lo que corresponda a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, en tanto se cumpla alguna de las condiciones señaladas.

Conforme a lo expuesto, es claro que la sociedad al acogerse el saneamiento de divisas, limitó la facultad fiscalizadora de la Administración por virtud de la ley, como quiera que tal entidad no podía entrar a cuestionar por el año 1990 y anteriores, lo correspondiente a los bienes saneados y a los ingresos que les dieron origen.

De suerte que a juicio de esta Corporación, la actuación administrativa esta viciada de nulidad por este aspecto máxime cuando la ley establece como causal de nulidad, el saneamiento fiscal, en relación con la actuación administrativa, donde se hubiere notificado el requerimiento especial con posterioridad a la vigencia de la citada ley, como en el sub lite.
  ( 2015-10-02) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta


    FACULTAD DE REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES - Liquidación de revisión.
La viabilidad de las solicitudes de corrección efectuadas a las declaraciones tributarias con fundamento en el procedimiento consagrado en el artículo 589 del Estatuto Tributario, está referida al cumplimiento de los requisitos formales previstos en el mismo, como:
    - presentar la solicitud dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar;

    - anexar proyecto de corrección;

    - liquidar y pagar una sanción equivalente al 5% del menor valor a pagar que resulte de la corrección y

    - acreditar el pago de la mencionada sanción.
En el caso objeto de análisis la Administración no cuestionó el cumplimiento de los requisitos que anteceden, sino que, como se dejó expuesto, el rechazo de la solicitud de corrección obedeció a un aspecto diferente, esto es, considerar sin ningún valor la declaración de renta presentada por el Consorcio por el año gravable de 1.992 objeto de la corrección, circunstancia que como lo ha reconocido la demandada implica un pronunciamiento de fondo, que para la Sala no es susceptible de ventilarse con motivo del trámite de las solicitudes de corrección efectuadas con fundamento en el citado artículo 589 del Estatuto Tributario.

Uno es el proceder relativo a la presentación de la declaración tributaria y otro diferente, el concerniente a las solicitudes de corrección, por lo que dentro del trámite de éstas no es procedente cuestionar la validez de la declaración inicial, lo cual, como ya lo tiene dicho la Sección, debe efectuarse dentro del procedimiento de revisión de las declaraciones tributarias que es el previsto en la ley para tal efecto, y al cual se remite el artículo 589 varias veces citado.
  ( 2015-10-02) Consultar

Consejo de Estado
Sección Quinta


Tratándose de afiliada a la Caja, que por accidente de trabajo se encuentra en situación de invalidez, dependiendo del tratamiento que se le dé para que se produzca su eventual recuperación, y a más de ello madre de tres menores que requieren su orientación y protección permanentes, no es aceptable que se la invite a viajar a esta capital para obtener el tratamiento requerido y muchos menos a que sufrague los costos de los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, etc., para luego cancelar el valor de ellos tan pronto se presenten y, claro, se encuentren satisfactorias las correspondientes facturas.

La acción ha sido propuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable dada la naturaleza de la lesión orgánica y fisiológica que sufre.

Conforme a la respuesta dada por la Caja de Previsión Social del Tolima, son indudables sus obligaciones para con la tutelante, quien tiene derecho a que se le atienda en el lugar de su residencia que es el mismo donde prestó sus servicios laborales. -

Ese derecho es tutelable precisamente porque en tanto la reclamante de los servicios asistenciales médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, etc. No logre superar la condición de invalidez en que se halla, no es dable que pueda desarrollar su vida en forma normal y ni siquiera desempeñarse física, sicológica y socialmente en condiciones que le permitan atender al mínimo de sus necesidades.
  ( 2015-10-02) Consultar

Consejo de Estado
Sección Segunda


Previo a declarar la vacancia del cargo el Contralor General de Norte de Santander no permitió al actor exponer sus razones, aportar las pruebas que considerara pertinentes y controvertir las aducidas en su contra, esto es, el informe del Subcontralor, impidiéndole ejercer su derecho de defensa y contradicción, vulnerándole así el debido proceso, el cual debe garantizarse en las actuaciones administrativas que afecten a particulares, según lo dispuesto por el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y aun cuando el demandante aportó el certificado de incapacidad médica y con ello justificó su inasistencia, desvirtuando así la configuración de la causal invocada para declarar la vacancia del cargo, el nominador mantuvo la decisión al resolver el recurso de reposición.

En el recurso de apelación la Contraloría General de Norte de Santander señala que las pruebas tenidas en cuenta y valoradas por el a quo en el fallo de primera instancia, no prueban la justa causa del actor para ausentarse de su lugar del trabajo por más de tres días, pues la llamada telefónica a la que se hace alusión no puede tenerse como una justificación de la ausencia del actor y los testimonios "sospechosos" rendidos no comportan la suficiente contundencia para que se pueda determinar que la ausencia fuera justificada.
  ( 2015-10-02) Consultar


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