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BoletiN No 36 de Julio 30 de 2009
Enviado el Thursday, 30 July a las 09:39:44 por webmaster

Resumen Informativo

  • A buscar mercados y sustituir ventas a Venezuela
  • Primer fogueo de reforma tributaria en el Congreso; tendrá que resistir posibles cambios
  • Dólar recuperó $31,80 y se ubicó en $2.014,23
  • Informantes anticontrabando
  • En el senado se realizó debate sobre la situación comercial en Colombia
  • Reforma tributaria no afectará clases menos favorecidas.......

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Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2010 asciende a $ 148,3 billones


El Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, explicó que 136,5 billones de pesos del monto total se financiarán con recursos de la Nación, mientras que 11,8 billones de pesos serán aportados por los establecimientos públicos. Los gastos más representativos son: el servicio de la deuda, el pago de pensiones y el Sistema General de Participaciones, rubros en los que se concentra el 60 por ciento de los recursos de la Nación.

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Para ser parte en un proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide el ente y se apruebe la cuenta final de su liquidación, que es el momento en el cual desaparece o muere la persona jurídica. Al extinguirse no tiene capacidad para instaurar una demanda


Considera la Sala, que al haber desaparecido la sociedad de la vida jurídica, el señor DIEGO ALBERTO LONDOÑO GÓMEZ, quien figura en el certificado de cámara de comercio nombrado como liquidador, no estaba legitimado para representarla, toda vez, se repite, que con el trámite de la disolución y liquidación se extinguió la persona jurídica y por sustracción de materia, carecía de facultad para obrar como representante legal de una entidad que había dejado de existir material y jurídicamente y por tanto, no podía constituir un mandatario que representara "sus intereses".

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La reglamentación expedida por el Gobierno debe regirse por los principios de equidad, obligatoriedad y protección social, haciendo que las condiciones para todos los trabajadores, dependientes o independientes, con la obligación de contribuir al sistema, sean equivalentes, brindando con ello protección a todas las personas de acuerdo a sus necesidades


Respecto del ingreso base de liquidación de que trata el artículo 3° acusado, que dispone "… sin que en ningún caso el ingreso base de cotización sea inferior a uno punto cinco (1.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes", se genera desigualdad y desprotección de éste grupo de trabajadores al que se le establecen requisitos más pesados, pues si se tiene en cuenta lo consagrado en la ley 100 de 1993, los trabajadores dependientes pagan sólo un tercio del valor de cotización, mientras que según la norma acusada, los trabajadores independientes afiliados a través de agremiaciones pagan la totalidad de la afiliación sobre 1.5 salarios mínimos.

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CIRCULAR 0024 DE 7 DE FEBRERO DE 2005 EXPEDIDA POR LA DIAN - No anulada


En esencia el contenido de esos actos no es el mismo, pues la circular conjunta INVIMA -DIAN No. 001 de 2002 pretendía establecer los alcances del registro sanitario que expide el INVIMA para los medicamentos, alimentos, insecticidas y plaguicidas de uso doméstico, en tanto que la circular No. 0024 de 2005, buscó darle alcance a la providencia del Consejo de Estado. Significa lo anterior que la circular demandada no mantiene las mismas disposiciones anuladas, que contenía la circular conjunta INVIMA-DIAN No. 001 de 2002 y, por lo tanto, no fue reproducido el acto ilegal.

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El impuesto de renta grava hechos económicos de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año, la Ley 488 de 1998, que eliminó los ajustes a los inventarios, no podía tener aplicación para la determinación del impuesto de renta de 1998, sino a partir de 1999, pues tal disposición afectaría los ingresos o gastos del período, que son conceptos indiscutibles de la base gravable del impuesto.


El artículo 330 del Estatuto Tributario señala que el sistema de ajustes por inflación produce efectos para determinar el impuesto de renta y complementarios y el patrimonio de los contribuyentes. Concordante con esta disposición, conforme al 350 ibídem, las partidas contabilizadas como crédito en la cuenta de corrección monetaria, menos los respectivos débitos, constituyen utilidad o pérdida por exposición a la inflación, para efectos del impuesto de renta. Es decir, el ajuste por inflación, mientras estuvo vigente, fue un sistema que participó en la determinación del impuesto de renta, por lo tanto, al igual que las demás normas que regulan este tributo, debía regir al iniciar el período gravable.

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El juez contencioso administrativo es la autoridad con la facultad “de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado, o aun puede ser pronunciada de oficio”.


Consulta:
De conformidad con las normas mencionadas, la Administración Distrital cuenta con el término de un (1) ano para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma, plazo que puede ser suspendido cuando se practica inspección tributaria, por el término de su duración, si ésta se lleva a cabo a solicitud del contribuyente y hasta por tres meses, cuando es oficiosa. En este entendido, es claro que el parágrafo del artículo 104 del Decreto 807 ib, al establecer que puede suspenderse por 90 días, el término para resolver el recurso de reconsideración, cuando se decreten otras pruebas, adiciona un supuesto no contenido en la norma nacional, según el cual el plazo para resolver los recursos se suspende mientras dure la inspección y hasta por tres meses cuando se decreta de oficio.

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NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE
Se aplica cuando la notificación por los otros medios sea irregular o no llegue al conocimiento del afectado


La Administración no cumplió con la orden legal impartida por el artículo 826 del Estatuto Tributario de notificar el mandamiento de pago proferido a la demandada, ya que nunca remitió a la dirección que correspondía ni la citación, ni la copia del mismo para que se enterara de su contenido, de donde no es procedente aducir conducta concluyente respecto de su conocimiento.

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SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION
Se calcula sobre la base de la información inoportuna por cada día de recaudo. Para el conteo de los días de extemporaneidad se toman como parámetros, la fecha fijada oficialmente para la entrega de la información, de acuerdo con la del día de recaudo y la fecha en la cual se completó la información de un determinado día.


La Sala mediante sentencia del 24 de febrero de 2003, expediente 12972, modificó la interpretación que hasta esa fecha había dado al artículo 676 del Estatuto Tributario, en la que precisó que de conformidad con el artículo 676 del Estatuto Tributario, las entidades autorizadas para el recaudo de tributos, pueden ser sancionadas por el retraso en la entrega, ya sea de los documentos recibidos o de la información en medios magnéticos y agregó que para el cálculo de la sanción es determinante el número de días que transcurran a partir del siguiente a la fecha límite de entrega y hasta el día en que se complete la entrega de la información recaudada en un determinado día.

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ACUERDO 005 DE 30 DE JUNIO DE 2007 POR EL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS - No se suspende


Conforme con los artículos 155 y 213 del C. C. A., el auto que resuelve sobre la solicitud de suspensión provisional en procesos de primera instancia, a diferencia de otros autos, es apelable en el efecto diferido y se resuelve de plano por el superior. Por tanto, frente a esta singular providencia interlocutoria no existe el procedimiento que se surte para las demás providencias que sean objeto de apelación dentro del proceso contencioso administrativo, como lo es el traslado para sustentar cuando el recurso no se sustenta en el momento de su interposición.

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Impuesto de industria y comercio. Retención en la fuente a empresas de servicios públicos domiciliarios.


En cuanto empresas de servicios públicos domiciliarios, la ley 142 de 1994 dispuso que “los departamentos y los municipios podrán gravar a las empresas de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o comerciales” y para tal efecto, el artículo 51 de la ley 383 de 1997 estableció algunas reglas. En este orden de ideas, el impuesto de industria y comercio en la prestación de servicios públicos domiciliarios se causa en el municipio en donde se preste el servicio al usuario final sobre el valor promedio mensual facturado, en los términos de la ley 383 de 1997.

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Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005, modificado por el artículo 5° del Decreto 1957 de 2007.


Artículo 2°. Desagregación de los Gastos de Personal y de los Gastos Generales. Al representante legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, o a quien este delegue, le corresponde desagregar las apropiaciones que contienen las cuentas de Gastos de Personal y de Gastos Generales como mínimo al siguiente nivel de los rubros del detalle del anexo de gastos del Decreto de Liquidación, de acuerdo con el siguiente plan de cuentas:

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